CONFLICTO Y MIGRACIÓN FORZOSA EN COLOMBIA

Conflicto y Migración Forzosa en Colombia.

 

Valentina Martínez Coral

Subdirectora de Relaciones Públicas

Estudiante de Economía y Música

v.martinez11@uniandes.edu.co

Universidad de los Andes

 

Mateo Rodríguez Ramírez

Miembro de la Subdirección de Edición y Revisión

Estudiante de Economía

ma.rodriguezr1@uniandes.edu.co

Universidad de los Andes

 

En Colombia, la violencia ha estado presente en diversas formas, siendo un país marcado por la confrontación entre diferentes actores a lo largo de su historia por distintos motivos. Inicialmente, la violencia que se vivió durante un tiempo se dio en el marco de guerra civil y confrontación entre diferentes grupos sociales, políticos y hasta económicos, los cuales lucharon entre sí por poseer el control político de una nación que apenas se estaba consolidando después de su independencia de la corona española. Con el paso tiempo, estos grupos se conglomeraron alrededor de dos partidos que representaban sus intereses, costumbres, creencias y que poseían una serie de banderas que los identificaban con una visión de país. Estas diferencias, en conjunto con un ambiente político álgido desembocaron en el estallido de la guerra civil, la cual tuvo costos bastante altos en términos de vidas perdidas, destrucción de capital social y unas enormes complicaciones en materia económica como inflaciones de hasta 398,9%, las cuales se generaron por la necesidad de financiar un déficit fiscal que soportara los costos de la guerra (Banco de la República, 2010). Finalizado el conflicto, la repartición y concentración del poder político se suma con las aspiraciones independentistas de algunas regiones de la nación y el ahora nuevo régimen se ve obligado a mantener su soberanía sobre el territorio y hacer uso de la fuerza con todo su potencial bélico. Esto genera, entre otras cosas, lo que hoy se conoce como el conflicto interno más largo del mundo, pues con la creación de grupos como las FARC, el ELN, EPL, paramilitares, autodefensas y BACRIM se ha alimentado una guerra que hoy suma más de 50 años y múltiples consecuencias desastrosas para los habitantes del territorio.

En este contexto de conflicto, es posible decir que casi todos los colombianos han sido afectados de manera directa o indirecta; siendo los afectados directamente quienes han pagado los costos más altos de una guerra que aún no termina. Entre estos costos, la migración forzada es posiblemente uno de los más preocupantes y uno de los más altos, pues ha derivado en distintas pérdidas para las familias que la han tenido que afrontar. La magnitud de estos costos se puede ver inicialmente en la cantidad de personas que afecta; por ejemplo, según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en el mundo actualmente hay 68,5 millones de desplazados y, además, en el 2017, las estadísticas muestran que en promedio una persona fue desplazada cada dos segundos. Asimismo, la organización mostró que, para el 2016, Colombia fue el país con mayor número de desplazados internos acumulados desde 1951, alcanzando un total de 6,9 millones de personas desplazadas.

 Por lo anterior, podemos enfocarnos en la lucha por la tierra como una de las principales causas y consecuencias del conflicto armado en Colombia. Inicialmente, es posible observar que una de las razones por las cuales los grupos al margen de la ley y el Estado entran en conflicto por la tierra es debido a su carácter estratégico. Por ejemplo, determinados territorios sirven como rutas de narcotráfico; algunos otros sirven también para cultivar productos para la venta; el apoderamiento de las tierras se usa como medio para llevar a cabo lavado de dinero por parte de los grupos al margen de la ley (Ibáñez, 2018); y, de manera general, el control territorial denota poder y opulencia, además de permitirle a estos grupos por medio de la fuerza financiar sus actividades cobrando “vacunas”. Por otro lado, hay evidencia que indica que en Colombia hay una alta dependencia a la tierra por parte de los habitantes del campo, especialmente aquellos que viven en zonas donde hay alta presencia de conflicto (Ibáñez, 2004). Esto se da, ya que en su gran mayoría estas personas derivan su ingreso de actividades como la agricultura y la ganadería, siendo la tierra medio de subsistencia. Finalmente, es posible que la tierra sea usada como un instrumento político con el cual los diferentes actores del conflicto justifican su participación y accionar en pro de mantener la organización (sea delincuencial o no) bajo la cual están operando.

En consecuencia, es posible que en la posesión de tierras en Colombia -y en gran parte de los países que se encuentran en conflicto interno- está gran parte de la explicación a los problemas y dificultades que han evitado que la violencia culmine. La evidencia empírica demuestra una correlación entre la pugna por el territorio y la violencia en países como Colombia, Brasil y Ruanda (Ibáñez, 2008). Por esta razón, como se observa en la gráfica 1, miles de personas son desplazadas de sus territorios anualmente, lo que conlleva no sólo altos costos para el país, sino también para cada uno de los hogares que sufre esta realidad. En primer lugar, los hogares enfrentan costos que no necesariamente son monetizables. Según la Encuesta Nacional de Hogares Desplazados (ENHD, 2004), las razones que llevan a que una familia abandone su territorio son múltiples y están directamente ligadas a crímenes de lesa humanidad, tal como lo exhibe la tabla 1, o debido a que enfrentan una aversión y percepción del riesgo que no les permite continuar viviendo en esa zona. Según el Centro de Memoria Histórica, entre los años 1958 y 2012, el conflicto armado ha causado la muerte de 218.094 personas, cifra que indica el alto costo social que enfrentamos todos los colombianos en conjunto y las familias víctimas del conflicto de manera individual.

Gráfica 1. Personas desplazadas por periodos presidenciales (1978-2014)

Fuente: RUV-UARIV

Fuente: RUV-UARIV

Tabla 1. Motivos de expulsión

Fuente: ENHD

Fuente: ENHD

Por otro lado, los costos económicos derivados del desplazamiento son múltiples, puesto que el bienestar económico de sus víctimas cae y se les imposibilita afrontar posibles crisis futuras (Ibáñez, 2008). Por ejemplo, la dificultad de iniciar nuevas actividades productivas en el lugar de origen al que llegan las víctimas de los desplazamientos contrae sus ingresos a corto plazo, lo que conduce a que estas personas terminen viviendo bajo condiciones precarias que afectan negativamente a todos los miembros del núcleo familiar. Además, estas familias pueden sufrir cambios en la estructura del hogar debido a asesinatos o reclutamientos forzosos, lo cual produce de igual manera a una disminución de los ingresos si la persona ahora ausente era el jefe del hogar o, en su defecto, si el miembro faltante aportaba a los ingresos familiares. Por estas razones, los hogares se ven enfrentados a la disyuntiva del desplazamiento, ya que es incierto el destino que tendrán en el lugar al que migrarán. Así, al momento de decidir si se desplazan o no, algunos hogares tienen en cuenta el costo de oportunidad de quedarse en su territorio que se traduce en la posibilidad de ser víctimas directas de cualquier forma de terror por parte de los grupos armados y los ponderan contra el costo de oportunidad de migrar hacia un lugar que probablemente habrá condiciones precarias para los miembros de la familia.

El conflicto en Colombia no tiene una motivación única y clara, sin embargo, una posible explicación es la disputa por el dominio territorial que se ha llevado a cabo a través de los años en el marco de la historia del país. Una posible explicación a esto es la disputa por el dominio territorial. Esta disputa viene desde años atrás y va ligada a la creencia y ejercicio de la mentalidad de que la tenencia de tierras es sinónimo de poder. Por esta razón, se podría concluir que la base del problema es la disputa por el poder entre el Gobierno Nacional y los grupos armados, ya que cada uno intenta dominar los territorios por la expansión o protección territorial, por el control de negocios ilícitos y por el impacto que se tiene sobre la población civil, al poder extraer recursos de estos o tener como deber constitucional protegerlos.

Puntualmente, la dominancia territorial trae consigo beneficios económicos derivados de actividades agrícolas en tierras productivas o de compra y venta de terrenos usurpados. Así, existen razones políticas y económicas por las cuales los grupos armados quisieran dominar un territorio a expensas del bienestar de la población civil a la cual rodean. Sin embargo, estas acciones traen costos importantes para el país, para las víctimas y para los mismos grupos ilegales, que los asumen ya que son menores a los beneficios que obtienen o simplemente no los internalizan. Además de esto, estos costos no siempre son monetizables y se ven reflejados en la pérdida de millones de personas inocentes mediante secuestros, masacres, reclutamientos o asesinatos. Tristemente, quienes logran sobrevivir y escapar de las zonas de peligro, se ven enfrentados a una realidad compleja puesto que llegan a vivir a lugares desconocidos, sin trabajo, con modificaciones en su estructura familiar y sin acceso a servicios básicos que hunden a estas familias en trampas de pobreza de las cuales es muy difícil librarse. La pérdida entonces no sólo es para las víctimas, sino para todo el país en conjunto ya que se pierden territorios con riquezas naturales y culturales, vidas inocentes, mano de obra en zonas rurales, productividad y recursos en una guerra que ha estado drenando al país en muchos aspectos desde hace más de 50 años, lo que se traduce en un grave problema para la economía nacional.

Referencias

Banco Mundial. (2004). Colombia: una política de tierras en transición.

Ibáñez, A. M. (2008). El desplazamiento forzoso en Colombia: un camino sin retorno hacia la pobreza. Ediciones Uniandes.

Ibáñez, A. M., & Querubín, P. (2004). Acceso a tierras y desplazamientos forzado en Colombia.

Ibáñez, A. M., & Varela, J. (2018). Tierras, poder político y violencia en Cereté, Chinú, Ciénaga de Oro y Sahagún: un breve recuento histórico y condiciones actuales.

Rubio, M. (1997). Los costos de la violencia en Colombia.

Banrep. (2010).Hiperinflación como un agravante para la vida. Recuperado de  http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/cnbebc_1035_2010.pdf