Panorama Rural en la Coyuntura del Posconflicto

Camilo Pedraza  

Miembro de Relaciones Públicas 

Estudiante de Economía y Ciencia Política  

c.pedraza@uniandes.edu.co 

Universidad de los Andes  

 

María Fernanda Rodríguez 

Subdirectora de Entrevistas y Reportajes 

Estudiante de Economía y Gobierno y Asuntos Públicos 

mf.rodriguez14@uniandes.edu.co 

Universidad de los Andes 

 

 

Tal como lo Propone Ana María Bejarano en Democracias Precarias: Trayectorias políticas divergentes en Colombia y Venezuela (2011), uno de los motivos del surgimiento de las guerrillas colombianas fue la problemática institucional. Las guerrillas decidieron tomar el poder en territorios vulnerables, ya que la debilidad del Estado no podía garantizar la adecuada provisión de bienestar en temas como educación y salud, sobre todo en zonas periféricas de Colombia. Ahora bien, mediante los acuerdos de paz con las FARC, se planteó como primer punto, un aspecto esencial para el desarrollo de dichos sectores rurales marginados: la política de desarrollo agrario integral.  El Alto Comisionado para la Paz (2016), propuso que este punto del acuerdo contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. Por tal motivo, mediante este artículo, se busca dar un breve diagnóstico de la situación rural en el escenario del posconflicto, discutir experiencias de antiguas reformas agrarias en América Latina y proveer sugerencias factibles que sirvan como mecanismo para el adecuado desarrollo económico en el campo. 

 

Diagnóstico de la situación rural  

 

La Reforma Rural Integral propone sentar bases para la transformación estructural del campo, creando condiciones de bienestar para la población rural con el fin de reversar los efectos del conflicto armado en Colombia y cambiar el contexto que ha facilitado la persistencia del mismo. Mediante esta reforma se busca lograr una convergencia en calidad de vida de las zonas rurales y urbanas, a través de un adecuado acceso a la tierra y el desarrollo de la economía campesina, a fin de que exista desarrollo rural integral que garantice la provisión de bienes y servicios públicos. A continuación, se expone el porcentaje de acceso a servicios públicos, asistencia escolar y salud para el sector urbano y rural en el 2016. 

 

Gráfica 1: Acceso a servicios públicos, total nacional en el 2016.

  Fuente:  DANE, 2017. Elaboración propia.

Fuente: DANE, 2017. Elaboración propia.

Gráfica 2: Asistencia escolar por grupos de edad: total nacional (2016). 

  Fuente:  DANE, 2017. Elaboración propia.

Fuente: DANE, 2017. Elaboración propia.

Gráfica 3: Afiliación Sistema general de seguridad social en salud por régimen: total nacional (2016). 

  Fuente:  DANE, 2017. Elaboración propia.

Fuente: DANE, 2017. Elaboración propia.

La información evidencia la divergencia actual en la calidad de vida de las cabeceras y periferias del país. Es urgente disminuir esta brecha, pues el bajo porcentaje de cobertura de bienes y servicios públicos en la zona rural -además de ser alarmante- propicia las causas históricas del conflicto según las FARC-EP: exclusión del campesinado y atraso de las comunidades rurales (Alto Comisionado para la Paz, 2016).

 

Mediante los gráficos anteriores, se pueden evidenciar varios datos comparativos entre el campo y la ciudad. En primer lugar, la diferencia en acceso a gas natural conectado a red pública, acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y teléfono fijo, muestra las condiciones de desventaja del campo colombiano.

 

Esta desventaja aumenta cuando se analiza la asistencia escolar por edad. En las periferias, el porcentaje de jóvenes entre 17 y 24 años que asisten a un centro de educación es aproximadamente la mitad del porcentaje de las cabeceras. Esto implica un obstáculo en términos de capital humano.

 

Por último, es importante resaltar la convergencia del total de afiliados hacia sistema de salud. Sin embargo, el hecho  que aproximadamente el 80% de la población rural esté en el régimen subsidiado no es una buena señal, pues este está destinado a la población más pobre, sin capacidad de pago y con más necesidades insatisfechas. En general, los datos muestran la existencia de una divergencia entre ambos grupos de la población. 

 

Desarrollo rural integral: hacia un nuevo campo colombiano

 

A través de lo acordado en La Habana (2016), la Reforma Rural Integral (RRI) busca generar una transformación estructural del campo y alcanzar condiciones que generen bienestar para la población rural. De esta manera, se adoptarían medidas que promuevan un adecuado uso de las tierras, además de su distribución equitativa. Por lo tanto, se busca otorgar garantías para el adecuado acceso a la propiedad rural, a favor de quienes habitan en el campo. Lo anterior llevaría a una desconcentración de la tierra a nivel nacional que favorecería el adecuado funcionamiento democrático de la sociedad. Cabe destacar que la RRI está enfocada hacia un desarrollo rural integral con énfasis en alcanzar un balance en las formas producción, a fin de lograr competitividad y fomentar la inversión en el campo. Al igual, el proyecto persigue alcanzar un entorno de globalización, basado también en la intervención del Estado, para favorecer la producción agropecuaria nacional.

 

Para lograr una adecuada RRI, el Alto Comisionado propuso la creación del Fondo Tierras, el cual serviría como mecanismo para proveer terrenos suficientes a las víctimas del conflicto en el sector rural. Así, el Gobierno tendría posesión de cerca de 3 millones de hectáreas de tierra que estarían dispuestas para los campesinos más afectados. Dichos terrenos provendrían de donaciones hechas por el Gobierno, tierras expropiadas para interés social y tierras inexplotadas entre otras fuentes.

 

Por otra parte, también se proveerían subsidios y se apelaría por la restitución de tierras para los habitantes afectados. Todavía más, se estableció en los acuerdos invertir en infraestructura para trabajar adecuadamente en el sector agrícola y destinar recursos al desarrollo social, en particular en el sector de la salud, la educación y la vivienda, todos con miras a erradicar la pobreza. Sin embargo, según lo menciona Junguito (2016), la inversión total en dicha misión rural del Gobierno podría salir costosa, ya que el Ministerio de Hacienda tendría que destinar recursos por encima del 1.6% del PIB anual nacional. Aunque el costo de dicho proyecto pueda ser elevado, el fin de éste sería reducir el alto coeficiente de GINI de tierras en Colombia, que según el IGAC (2009) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) era de 0.86 para 2009 y que iba en ascenso en el 2011.

 

Para el debido desarrollo de la RRI, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial incidirían en la implementación de lo acordado a través de un Plan Nacional encargado de garantizar condiciones de vida digna en el campo. Este Plan Nacional buscaría intensificar la producción agropecuaria mediante el fomento de la economía solidaria y cooperativa que contará con acompañamiento, apoyo tecnológico y financiero en la creación de asociaciones. En éste habrá asistencia técnica con el propósito de fortalecer las capacidades productivas y la innovación. Adicionalmente se contará con subsidios, generación de ingresos y crédito para superar las barreras de acceso al apoyo financiero. Asimismo, otro punto importante es el desarrollo de herramientas de mercadeo para garantizar condiciones adecuadas de comercialización. Finalmente, lograr la formalización laboral rural y garantizar la protección social serviría como método para dignificar a los trabajadores (Alto Comisionado para la Paz, 2016).

 

Con los elementos del Plan Nacional mencionados anteriormente, se garantizaría la producción competitiva a escala, a través de la asociación entre todo tipo de productores, procesadores, comercializadores y exportadores, para mejorar así las condiciones de vida de los pequeños productores. De esta manera, se busca generar un escenario adecuado de competitividad en la economía rural, a través de la cooperación y el desarrollo en capital humano. Mediante estas características, se esperaría reducir la brecha existente entre el campo y la ciudad, para garantizar  equidad y el adecuado desarrollo individual de cada uno de los miembros de la sociedad colombiana, no sólo en la zona urbana sino también en la rural.

 

Herramientas para un debido desarrollo económico en el sector rural del posconflicto 

 

En Colombia y países de América Latina como México, Chile y Brasil, han existido políticas de desarrollo rural en momentos coyunturales excepcionales, pero éstas normalmente no han logrado sus principales objetivos. El fin de esta sección es relatar experiencias de reformas para la mejora del sector rural y así dar paso a las recomendaciones para el desarrollo económico en las zonas periféricas después del posconflicto.

 

Para comenzar, se ha demostrado que políticas agrarias inadecuadas derivan baja productividad de la tierra. Ampliar el acceso a la tierra para los campesinos mejora la equidad -en algunos casos- a costa de la productividad agrícola (Gáfaro et al., 2012). Debido al progreso tecnológico, se han reducido las ventajas comparativas de los pequeños productores. Por lo tanto, la redistribución de la tierra en el corto plazo puede ocasionar una caída en la producción (De Janvry, 1981; Kay, 1998). Aunque es complicado hacer una evaluación de impacto de las reformas agrícolas, los incrementos de la producción agropecuaria se han percibido en contadas ocasiones: Chile, México y Bolivia. Estos resultados pudieron ser consecuencia de deficiencias en el diseño, pues se mejora el acceso a las tierras, pero no su productividad (Gáfaro et al., 2012). 

 

Adicional a lo anteriormente mencionado, la relación entre el tamaño de la tierra y la productividad agrícola depende de las características específicas de las regiones y de los tipos de cultivos, pues esto determina las ventajas de los grandes y pequeños productores. Puntualmente en Colombia existen pocas evaluaciones sobre esta relación, sin embargo, existen estudios que encuentran que, para predios mayores a cinco hectáreas, el rendimiento por hectárea decrece con el tamaño de la tierra, mientras el producto por trabajador aumenta (Berry, 1972). Análogamente, se encuentra que la productividad aumenta con el tamaño de los predios y la asistencia técnica y que el acceso a crédito tiene un efecto positivo en la producción agrícola (Leibovich, 2010).  

 

En Equidad y eficiencia rural en Colombia: una discusión de políticas para el acceso a la tierra se analizó la relación entre eficiencia y equidad en la producción agrícola a través de la Encuesta Nacional Agropecuaria, y se concluyó que la relación inversa entre ambas variables en una política de distribución de tierras no es clara (Gafaro et al., 2012). Por un lado, la relación entre tamaño de la tierra y productividad no es lineal: para predios pequeños un aumento en el tamaño reduce la productividad y para predios grandes un incremento en el tamaño se asocia con mayor productividad (Gafaro et al., 2012). Por otro lado, los predios grandes tienen altos porcentajes del predio sin explotar, y la distribución inequitativa tiene efectos sobre el desarrollo económico que van más allá de la productividad agropecuaria (Gafaro et al., 2012). Teniendo en cuenta los resultados de las reformas agrarias en Colombia y América Latina y esta evidencia, se recomienda que la RRI contemple los siguientes elementos: asignar predios únicamente en regiones de buena calidad, fortalecer la asignación directa de tierras -no por mecanismos del mercado-, y escoger adecuadamente a los beneficiarios, preferiblemente que cuenten con habilidades agrícolas.

 

Para lograr los objetivos de la RRI mencionados anteriormente de manera efectiva, es pertinente que el Gobierno desarrolle planes de sustitución de cultivos, pasando de la producción de plantas ilícitas a alternativas que generen para los campesinos un ingreso estable, empleo y que sirvan como fomento para la valorización del patrimonio rural (Santamaría, 2015). Planes como éste se han tenido en cuenta desde el año 2003 con el Plan de Familias de Guardabosques, tratando de sustituir cultivos ilícitos, sin recurrir a la fumigación y la aspersión aérea, que generan externalidades negativas en la producción de otros cultivos agropecuarios. 

 

Adicionalmente, para mejorar la productividad marginal del trabajo rural, es más que necesario fomentar el adecuado desarrollo del capital humano campesino. Esto se debe a que en la actualidad, la cobertura rural en educación superior tan sólo llega al 1% del total nacional (Semana, 2017). Incluso, los estudiantes que entran a alguna institución universitaria y que provienen del campo, no tienen grandes incentivos para estudiar alguna carrera relacionada con la producción agropecuaria, por lo que prefieren entrar a carreras como medicina, derecho o administración de empresas (Semana, 2017). 

 

Ahora bien, programas como el mencionado anteriormente sobre sustitución de cultivos no se han logrado implementar de la mejor manera en esta época de posconflicto. Por un lado, no se han generado incentivos suficientes para que la producción de cultivos de uso ilícito sea menos rentable que la de otro tipo de productos: gran cantidad de las zonas priorizadas para la sustitución ni siquiera eran productoras de coca y no se ha logrado coordinar de manera efectiva los programas de sustitución con los de erradicación de cultivos ilícitos (Castro, 2018). Por otro lado, “el Gobierno no está cumpliendo a cabalidad su responsabilidad constitucional de proteger la vida de todos los ciudadanos" (Perry, 2018), ya que, según un reporte de Indepaz (2017), desde la implementación de los acuerdos hasta finales del año pasado, más de 200 líderes sociales fueron asesinados. Adicionalmente, la Fiscalía reporta que entre el año pasado y lo que va corrido de éste, más de 100 líderes han muerto a manos de bandas criminales y grupos anexos al narcotráfico.

 

Tras más de 50 años de conflicto armado con las FARC, el Gobierno actual logró firmar un acuerdo con este grupo guerrillero, en el cual están incluidos puntos importantes en pro del desarrollo de la zona rural, fuertemente afectada por el conflicto. Aunque el presidente Santos cumplió con su tarea de firmar estos acuerdos, pudo no haber previsto con suficiente anticipación algunas consecuencias de corto plazo que han afectado a la población civil (Perry, 2018). Esto se puede ver en los datos anteriormente mencionados, en donde el Estado no ha logrado garantizar totalmente la seguridad de líderes sociales de zonas rurales. Por tal motivo y de cara a las futuras elecciones, es necesario que el candidato que resulte elegido para tomar las riendas de la nación cuente con un equipo de trabajo que posea las herramientas suficientes para proteger a las poblaciones vulnerables.

 

En conclusión,  el próximo gobierno estaría encargado no sólo de buscar cumplir de manera correcta lo acordado en la Habana, sino también de implementar de la misma manera la Justicia Especial para la Paz, para juzgar a los implicados en el conflicto a fin de garantizar condiciones de seguridad en el sector rural. Así, se podría lograr la protección necesaria para la población civil, permitiendo además el desarrollo del campo hacia una convergencia con la ciudad. Aprender del pasado es fundamental para promover las líneas de desarrollo que necesita el campo para progresar. El futuro presidente necesita observar las buenas acciones de lo corrido del siglo y en particular aprender de las lecciones que han dejado los anteriores programas e intentos de impulso al sector rural.

 

 

Referencias: 

 

Alto Comisionado para la Paz (2016) Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral. En Alto Comisionado para la Paz (2016) Acuerdo final. Recuperado de: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf  

Arias & Camacho (2014) Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿cómo construir un posconflicto sostenible? Ediciones Uniandes. Bogotá DC: Colombia.   

Bejarano, A (2011) Democracias precarias: trayectorias políticas dirigentes en Colombia y Venezuela. Ediciones Uniandes.  

Berry, A. (1972). Farm Size Distribution, Income Distribution, and the Efficiency of Agricultural Production: Colombia. The American Economic Review, 62 (1/2), 403-408.  

Castro, J. (2018). ¿Fracasó la sustitución voluntaria? Periódico EL TIEMPO. Ed. 37684.  

De Janvry, A., & Sadoulet, E. (2002). Land Reforms in Latin America: Ten Lessons toward a Contemporary Agenda: Prepared for the World Bank’s Latin American Land Policy Workshop, Pachuca, Mexico, June 14th 2002  

Díaz, C (2016). La economía del posconflicto. Recuperado de http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/la-economia-del-posconflicto-por-camilo-diaz/224345

Gafaro, Margarita & Ibanez, Ana Maria & Zarruk, David, 2012. "Equidad y eficiencia rural en Colombia: una discusión de políticas para el acceso a la tierra," Documentos CEDE Series 146477, Universidad de Los Andes, Economics Department.  

Indepaz & EL TIEMPO (2017). El mapa de los líderes sociales asesinados en Colombia. Recuperado de http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408     

Leibovich, J., Perfetti, J. J., Botello, S., & Vásquez, H. (2010). El proceso de transformación agrícola en Colombia: un análisis microeconómico.   

Ortiz-Riomalo y Rettberg. (2018). Minería de oro, conflicto y criminalidad en los albores del siglo XXI en Colombia: Perspectivas para el posconflicto colombiano. Colombia Internacional (93): 17-63. Recuperado de https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint93.2018.02   

Perry, G. (2018). La nueva violencia. Periódico EL TIEMPO. Ed. 37684.  

Portafolio (2016). Entrevista a Ana María Ibáñez: "Sin inversión, los dividendos de paz no se materializarán". Recuperado de: http://www.portafolio.co/economia/sin-inversion-los-dividendos-de-la-paz-no-se-materializaran-500100   

Raquel Bernal & Ximena Cadena & Adriana Camacho & Juan Camilo Cárdenas & Leopoldo Fergusson & Ana María Ibáñez, 2012. "Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes- ELCA 2013,"DOCUMENTOS CEDE 012340, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES-CEDE.