Política económica en Colombia: recomendaciones para el próximo gobierno

Andrés Dávila
Director Editorial
Asistente de Investigación CEDE
Estudiante de Economía y Gobierno
ao.davila10@uniandes.edu.co
Universidad de los Andes

Helena Suarez
Directora Administrativa
Analista Econometría Consultores
Estudiante de la maestría en Economía PEG
ao.davila10@uniandes.edu.co
Universidad de los Andes

Colombia es un país bastante distinto al que era hacia finales del siglo XX. Superar los problemas de violencia e inseguridad que azotaban la sociedad posibilitó flexibilizar las prioridades del Estado, lo que otorgó espacio para dedicar esfuerzos a otros rubros del desarrollo. Lo anterior permitió que las políticas impulsadas por los gobiernos durante los últimos años se enfocaran en asuntos igual de importantes para el progreso que la seguridad: la lucha contra la pobreza, la formación de capital humano, el acceso a bienes públicos y -en general- la garantía de un mínimo de condiciones para el bienestar. Aquí es dónde la administración pública juega su papel fundamental, pues la dirección de los proyectos públicos que guían el futuro del país recae sobre los planes de gobierno del mandatario electo y de la capacidad de ejecución de las instituciones del Estado.

Garantizar estabilidad económica, promover el buen desempeño de largo plazo y continuar explotando la senda de mejora en la que se montó el país en los últimos años, son condiciones necesarias para que el próximo presidente de Colombia aporte al desarrollo de la nación. Para alcanzar tal panorama en la coyuntura actual, se requieren reformas estructurales que dinamicen la economía, por lo que la política económica debe estar encaminada a atacar problemas profundos con políticas que, a pesar de estar a la luz de la coyuntura y sugerir efectos benévolos, no han tenido la atención que se merecen en el país. En este sentido, el propósito del presente texto es discutir acerca de la prudencia de distintas propuestas de política económica, propuestas que podrían guiar los programas públicos del próximo gobierno. Para cumplir esto, se expondrán problemas y políticas en materia de mercado laboral, política fiscal y pobreza, a fin de entregar recomendaciones de política pública que den luces de la sensatez de las reformas presentadas. Por supuesto, somos conscientes de que no es posible abarcar de forma integral todos los temas propuestos, por lo que nos centraremos en los tópicos que consideramos más relevantes para el debate informado de cara a las elecciones presidenciales del 2018.

Los temas sensibles del mercado laboral

El mercado laboral es el origen del sustento necesario para garantizar bienestar en una sociedad. Como tal, según las habilidades y capacidades de los individuos, los productores de bienes y servicios demandan trabajo como factor de producción y contratan horas laborales a costo de cierta tasa de salario. De dicho salario se forma parte del ingreso de un trabajador, presupuesto que permite acceder a bienes de consumo que devengan utilidad. Así, el mercado laboral es el centro que posibilita el funcionamiento adecuado de las transacciones mutuamente beneficiosas, pues permite alcanzar un equilibrio donde los productores demandan horas de trabajo para ofrecer bienes de consumo y los consumidores tienen ingresos para demandar dicha oferta.

Ahora bien, las variables típicamente analizadas en el mercado laboral enseñan la dinámica de la oferta y demanda del factor trabajo en la economía. Por un lado está la oferta, capturada por la Tasa General de Participación (TGP), que refleja decisiones endógenas según la racionalidad de ofertar horas de trabajo por cierto salario a costo de la desutilidad del esfuerzo y el sacrificio del ocio. Por otro lado, esta la demanda de trabajo, cuyas fuerzas se reflejan en la Tasa de Ocupación (TO), que enseña cuanta de la participación ofrecida en el mercado es realmente contratada.

No obstante, la oferta y demanda laboral no necesariamente se encuentran en presencia de restricciones como el salario mínimo o dificultades de emparejamiento. De aquí surgen problemas como el desempleo, que indica la proporción de la población que ofrece trabajo y no es contratada, y la informalidad, que refleja la movilidad del trabajo entre un sector con exceso de oferta -el sector formal- y uno con desventajas y menos garantías -el informal-. Estas últimas se capturan por la Tasa de Desempleo (TD) y la proporción de los ocupados con la mayor probabilidad de no cotizar a seguridad social, medidas por el DANE según el tamaño de la nómina en las firmas.

En general, el mercado laboral en Colombia muestra mejoras relevantes en las variables típicamente consideradas a la hora de valorar su desempeño. En la gráfica 1 se ve la evolución de las estadísticas de empleo y desempleo en los últimos años. Como tal, tanto la oferta laboral como la ocupación han venido creciendo, mientras que el desempleo y la informalidad son cada vez más bajos. En particular, el desempleo promedio del 2017 fue de 9.37% y por primera vez desde que se calculan las estadísticas menos de la mitad de la fuerza de trabajo, el 47% de los ocupados, se encontraba en informalidad  laboral. No obstante, desde el 2016, la oferta laboral y la ocupación se han venido desacelerando, el desempleo en las 13 principales áreas metropolitanas aumentó -ampliando la brecha con respecto al desempleo en toda la nación- y la informalidad laboral se mantiene en niveles bastante altos. Por tanto, el mensaje que entregan las estadísticas es claro: se ha avanzado en términos de empleo para los colombianos, pero aún hay bastante espacio de mejora.

Gráfica 1: Tasa general de participación, desempleo, ocupación e informalidad laboral.

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De lo anterior surge una preocupación. Dada la restricción presupuestal bajo la que opera el gobierno ¿cuales son los problemas esenciales que deberían atacarse en el mercado laboral colombiano para garantizar condiciones de empleo justas, estables y formales? Esta pregunta es crucial para priorizar la inversión de recursos hacia los puntos más sensibles del mercado de trabajo, dónde el gasto público tenga mayor impacto. Por lo anterior, analizaremos algunas propuestas interesantes para mitigar las problemáticas de desempleo e informalidad.

Por el lado del desempleo, este problema se puede descomponer en dos factores: incidencia y duración, donde la primera se refiere a la proporción desempleada y la segunda al tiempo de desempleo entre una ocupación y otra (Arango & Ríos, 2015). Ambos problemas son complicados y profundizan de igual manera el desempleo, por lo que vale la pena pensar en qué proyectos públicos podrían afectar una u otra variable.

La incidencia, la proporción de desempleados, no es más que un exceso de oferta en el mercado, exceso que puede deberse a un desajuste entre las habilidades ofertadas y las demandadas por las firmas. Para esto, programas de capacitación técnica y formación profesional podrían mejorar el desajuste, por lo que cabe incentivar la inversión en instituciones como el SENA y en financiación para la educación superior. Por su parte, la duración, el tiempo que dura un trabajador sin recibir ingresos laborales, se alarga por los problemas de emparejamiento que surgen en el mercado laboral. A pesar de que exista un trabajador ideal para una vacante disponible en el mercado, que el trabajador y la vacante se encuentren necesita de tiempo y esfuerzo de contratación. Una forma de atacar este problema es a través de entidades como El Servicio Público de Empleo (SPE), que busca solucionar los problemas de emparejamiento en la demanda y oferta de trabajo. Como tal, el SPE presta servicios de orientación, capacitación y acompañamiento en el proceso de enganche laboral (SPE, 2017), lo que aportaría a disminuir el desempleo friccional. No obstante, cabe preguntarse por el impacto causal de la labor de esta entidad.

Por otra parte, el problema de la informalidad laboral no es del todo claro y no parece haber coincidencia en sus posibles soluciones. Como tal, la informalidad laboral tiene un conjunto de implicaciones que van desde bajos ingresos, empleabilidad inestable y malas oportunidades laborales hasta efectos perversos sobre el crecimiento económico, la desigualdad y el bienestar (Arango & Florez, 2017). Todavía más, la informalidad laboral contempla a aquellos trabajadores que no contribuyen a seguridad social (Arango & Florez, 2017), lo que implica restricciones para acceder al sistema de salud e incertidumbre acerca del flujo de ingresos al momento de alcanzar la edad de jubilación.

En presencia de un problema tan complicado y con tantas consecuencias ¿cómo debería proceder la acción pública? Recientemente entró al debate público la propuesta impulsada por Luis Arango y Luz Florez de introducir un salario mínimo diferencial, que permita desacelerar el trayecto del sector formal para que más trabajadores puedan vincularse y alcanzar mejores condiciones laborales (2017). Al igual, desde la academia se ha propuesto implementar un salario mínimo diferenciado que refleje el costo de vida de cada región a fin de mejorar el ajuste de los salarios al ciclo económico (Bernal et al., 2009). A pesar de que se sabe de las consecuencias adversas del salario mínimo sobre la dinámica del empleo, la distribución completa de los salarios y la cohesión del mercado formal (Bernal et al., 2009), las políticas propuestas que buscan minimizar sus consecuencias adversas no han tenido mucha atención en la administración pública.

Como tal, el salario mínimo afecta la prevalencia de la informalidad laboral en Colombia, efecto que varía a lo largo y ancho del país, pues está desconectado de la productividad laboral y es superior al salario de equilibrio que se alcanzaría en un mercado sin rigideces (Arango & Florez, 2017). La gráfica 2 muestra la correlación entre el crecimiento del salario mínimo y la informalidad laboral, donde se ve que medida que el salario mínimo aumenta la informalidad laboral en las 13 principales áreas del país tiende al alza. Esto reflejaría que, en el agregado, el salario mínimo sostiene el tamaño de la informalidad laboral en la población ocupada del país.

Gráfica 2: Correlación entre informalidad laboral y aumentos en el salario mínimo

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Dada la desconexión entre la productividad por trabajador y el salario que por ley deben pagar las firmas, se forma un exceso de oferta en el sector formal que pasa a suplir un sector que puede pagar una tasa de salario menor, pero con menos garantías, más riesgo y condiciones desfavorables: el sector informal. Una recomendación típica para combatir el problema es la entrega de beneficios tributarios para las firmas, de manera que los costos no laborales caigan y se incentive la demanda por mano de obra. No obstante, como se verá más adelante, la actualidad tributaria del país no parece tener mucho espacio para disminuir el recaudo. Por tanto, propuestas como la imposición de un salario mínimo diferencial que se ajuste según la productividad laboral de las regiones y la desaceleración del crecimiento del salario mínimo (Arango & Florez, 2017), parecen tomar ventaja en al discusión de cómo atenuar la informalidad y sus consecuencias. Al igual, posibilitar mayor flexibilidad en la cobertura por seguridad social, impulsando la cobertura parcial en el sector formal, podría motivar la migración hacia el mercado formal (Bernal et al., 2009).

Sin embargo, vale la pena discutir acerca de la implementación de políticas que generen diferencias entre regiones, pues se pueden ampliar brechas entre las zonas geográficas que impulsen la desigualdad. Como tal, a pesar de que tiene sentido facilitar la movilidad entre mercados e incentivar el empleo formal, salarios diferenciados por región implican también ingresos diferenciados, por lo que las zonas con alta productividad podrían dejar muy rezagadas a las zonas en desventaja. Asimismo, cabe el debate sobre la labor de la productividad total de factores, que indicaría que, en vez de fijar salarios diferenciados, que el salario crezca menos que la productividad es suficientemente benevolo para la estabilidad del mercado laboral (Meager et al., 2011). Finalmente, anclar propuestas de este estilo con políticas sociales que mejoren el ingreso no salarial e impulsen el salario de reserva de los agentes, prendiendo incentivos que apelan a la racionalidad de los individuos en la disyuntiva sobre a que tipo de empleo entrar, pueden ser suficientes para desinflar el mercado informal.

Por supuesto, los problemas del mercado laboral no se acaban con el desempleo y la informalidad. En Colombia hay fuertes problemas de discriminación laboral, brechas salariales por género y raza, falta de oportunidades al progreso laboral, subempleo por habilidades e ingresos y -muy vinculado a la discusión de informalidad- la necesidad de impulsar una reforma pensional que garantice que los años invertidos en trabajo se vean reflejados en un seguro para la vejez1.. Las políticas públicas en el mercado laboral deben guiarse en recomendaciones innovadoras que permitan atacar estos problemas y que, con intervenciones prudentes, muestren ventajas sobre los proyectos tradicionales.

Perspectivas de política fiscal

La política fiscal es la herramienta directa que tienen los gobiernos para afectar la trayectoria de la economía. Según el diseño de la estructura tributaria y el tipo de impuestos que se cobran, el recaudo y el gasto público afectan no solo el rumbo de las variables macroeconómicas, sino también las decisiones óptimas de los hogares y firmas. Como tal, los objetivos de la política fiscal se pueden resumir en la provisión de bienes públicos, la financiación de políticas y proyectos estatales y la ejecución de política contracíclica en épocas de estrechez económica. Bajo esta guía, las instituciones de hacienda  y finanzas de un país deben direccionar el control de los impuestos, la deuda y el gasto fiscal para promover políticas acordes a la coyuntura económica y las necesidades de la sociedad.

Para lograr dichos objetivos, es fundamental la planeación adecuada del rumbo que deben tomar las decisiones de política y -en particular- reconocer las restricciones necesarias para la ejecución estatal. Por esto, el Estado enfrenta un reto fundamental a la hora de asignar recursos vía política fiscal, pues el presupuesto es limitado y sujeto a numerosas rigideces que generar la necesidad indispensable de priorizar. Para poder realizar adecuadamente los planes -el Marco Fiscal de Mediano Plazo- y priorizar de forma certera la asignación presupuestal, el gobierno se centra en el estado de las finanzas gubernamentales, capturado por la profundidad y permanencia del déficit fiscal, y en el espacio de acción que tiene en un contexto de recursos escasos, para lo que se han implementado mecanismos como la regla fiscal. Por esto, se propone estudiar la evolución y actualidad de las finanzas públicas, los rubros a los que se destina el presupuesto nacionál y la importancia de la institución que constituye la regla fiscal.

La gráfica 3 muestra la evolución de los gastos e ingresos fiscales del país en lo corrido del siglo. En general, la tendencia de ambas variables es creciente, el gasto se mantiene siempre por encima de los impuestos y ambas series enseñan una volatilidad importante. Por el lado del gasto, las desviaciones de la tendencia están desviadas al alza y los picos de gasto son generalmente más altos que los alcanzados por los impuestos. Todavía más, entre el 2010 y el 2013 se nota un alza importante en el gasto público, posiblemente por las expectativas positivas formadas por el mercado petrolero. No obstante, los picos empezaron a ser cada vez más volátiles, volatilidad que se exacerbó tras el 2014, dónde inició la desaceleración del optimismo fiscal, motivado también por el estado del mercado internacional de hidrocarburos. Tras este golpe, los picos de gasto fiscal fueron bastante más chicos y estables, mientras que los impuestos cobraron dinámica a la baja, ampliando hasta el 2016 la brecha presupuestal del gobierno. Así, Colombia cerró el 2017 con un déficit promedio de aproximadamente 2,953 miles de millones de pesos, déficit consistente con un nivel promedio de hueco fiscal sobre la media del recaudo de 24%.

Gráfica 3: Evolución gastos e ingresos por tributación del Gobierno Nacional Central.

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Ahora bien, la política fiscal en Colombia durante los últimos años se ha enfrentado a choques exógenos que dificultan su accionar público. La fuerte caída del precio internacional del petróleo durante el 2014 comprometió los ingresos fiscales de Colombia, pues los dividendos por la explotación de hidrocarburos constituían parte importante del recaudo (CEPAL, 2015). No obstante, los choques no han sido solo de tipo exógeno, pues las decisiones laxas en materia de gasto fiscal durante los años de bonanza, sin un ajuste acorde sobre la tributación, impulsó el déficit fiscal a niveles considerables. La gráfica 4 muestra esta evolución alcista del déficit fiscal, que por las alarmas que prendieron sobre el juicio fiscal los sucesos del 2014, ha venido disminuyendo lentamente en contraste a como ascendió. Al igual, en la gráfica 4 se ve la dinámica de la segunda alternativa de financiación del Estado: la deuda. Como tal, parte importante del gasto público se financiaba con deuda, porcentaje que ha venido cayendo en los últimos años. Por lo anterior, en un  panorama de bajos ingresos tributarios y menor acceso a la deuda, las autoridades fiscales se han visto en la necesidad de impulsar medidas y estrategias de austeridad para confrontar el desbalance fiscal.

Gráfica 4: Déficit fiscal y deuda del Gobierno Nacional.

Ahora bien, el próximo gobierno se verá enfrentado a varios retos económicos. Entre ellos: generar aumentos en productividad que compensen el agotamiento del bono demográfico, mejorar las condiciones del mercado laboral en el marco de la inmigración masiva desde Venezuela, recuperar la confianza de los consumidores e inversionistas y materializar los beneficios económicos de la paz. Sin embargo, es en materia fiscal en donde se van a presentar las reformas más difíciles en términos técnicos.

En este sentido, el ajuste fiscal es necesario, no solo para cumplir las metas puntuales de la regla fiscal, sino también para garantizar la sostenibilidad económica del país. Por el lado del ingreso, aunque sea impopular políticamente, una nueva reforma tributaria que incorpore los argumentos técnicos ya presentados por la comisión de expertos tributarios es necesaria. Por el lado del gasto, las reformas en pensiones, salud y educación son  urgentes y la discusión sobre como abordarlas sigue vigente. En este orden de ideas, con el ánimo de presentar un breve diagnostico del panorama presupuestal al que se enfrentará la próxima administración, se abordarán de forma general  los principales problemas y desafíos de estos tres rubros del gasto público.

Educación

Gráfica 5: Gasto público en educación.

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A partir de 2015 la educación pasó a ocupar el primer lugar dentro de los sectores de gasto del gobierno, lo que se explica por los avances que con el proceso de paz permitieron reducir el gasto militar (Cárdenas, 2018). Cómo se ve en la gráfica 5, el presupuesto dedicado a educación constituye para el 2018 el 20% del gasto público y el rubro más importante. Como tal, este año se destinarán 37.5 billones de pesos al sector de educación, lo que sin duda constituye una mejora importante para el sector.

No obstante, si bien en los últimos ocho años se han dado avances en términos de cobertura, el reto para el próximo gobierno es garantizar la calidad de la educación. De acuerdo al último informe del Banco Mundial sobre los retos en materia de aprendizaje, la calidad educativa no solo tiene que ver con la tecnología empleada, sino también con la capacidad técnica de los docentes y rectores de los colegios (Banco Mundial, 2018). En este orden de ideas, la focalización de los recursos debe ir más allá de la construcción y dotación de centros educativos. De hecho, el presupuesto destinado a programas o estrategias para certificar, actualizar y capacitar a los docentes difícilmente alcanza el 1% del 20% presupuestado para educación (MHCP, 2017).  Es más, los obstáculos a la hora de asignar los recursos físicos y de capital humano radican en los problemas de la inflexibilidad de la nomina relacionados con el Sistema General de Participaciones (SGP), lo que dificulta alcanzar los objetivos de calidad a la hora de implementar políticas públicas o programas educativos.

Salud

De acuerdo a datos del Banco Mundial, en 2014 el gasto en salud como porcentaje del PIB fue del orden de 7.2%, el más alto desde 1999 (2018). Sin embargo, la sostenibilidad financiera del sistema está en riesgo. Por un lado, los esfuerzos en prevención han sido insuficientes, lo que significa que los costos de tratamiento son más altos de lo necesario (Comisión del Gasto, 2018). Asimismo, en términos de eficiencia se presentan varios problemas que han contribuido al deterioro de las finanzas del sistema de salud.

Por ejemplo, la ausencia de un sistema de información nacional unificado y la estructura de integración vertical de las EPS e IPS, no solo en términos administrativos sino también en la prestación del servicio, han sido obstáculos que van más allá de la normativa y que impiden que se presente un balance favorable entre ingresos y gastos del sector. Así pues, el reto para la próxima administración es realizar cambios estructurales -algunos especificados en las recomendaciones de la Comisión del Gasto- que permitan reconciliar la calidad en la prestación del servicio y la cobertura en zonas aisladas del territorio con los costos endógenos de funcionamiento del sistema. 

Pensiones

Los problemas del sistema pensional son principalmente de cobertura y de sostenibilidad. Por un lado, la cobertura del sistema pensional para la población mayor a 60 años en Colombia es apenas del 23% (DNP, 2017). Sin embargo, el gasto en pensiones como porcentaje del PIB en 2017 fue del 3.4%: tres puntos porcentuales por encima del promedio de América Latina (DNP, 2017). Ahora, este problema esta directamente ligado a la informalidad, que aunque en los últimos años ha mostrado una tendencia decreciente, los informales representan cerca de la mitad de los ocupados en el país (DANE, 2018).

Por otra parte, el sistema pensional es altamente regresivo, lo que representa un riesgo en términos fiscales para el país, pues se abrió un hueco pensional en donde en algunos casos -como Colpensiones- el recaudo no es suficiente para cubrir los gastos de jubilación de los afiliados. Es más, de acuerdo a cálculos del DNP (2017), en 2015 aproximadamente 9 billones de pesos -50.6% del presupuesto destinado a subsidios pensionales- se destinaron al 20% de los pensionados con mayores ingresos, mientras que solamente el 3.4% de este presupuesto se dirigió a cubrir las pensiones del 20% de los pensionados con menores ingresos. En este sentido, las modificaciones sugeridas por la Comisión del Gasto (2018), Anif (2017) o Fedesarrollo (2018), aunque puedan llegar a resultar impopulares y costosas en términos políticos, son necesarias en materia económica2..

Por último, cabe reflexionar sobre el contexto institucional sobre el que operan las entidades fiscales en Colombia. Como tal, la inflexibilidad del gasto público es resultado de la reforma constitucional de 1991 en la cual, por consideraciones institucionales y administrativas, se estableció una estructura presupuestal en la que el margen de maniobra es extremadamente limitado. En este orden de ideas, uno de los principales retos para el próximo gobierno es garantizar la eficiencia y eficacia en la ejecución del presupuesto nacional pues está en juego la sostenibilidad fiscal del país.

El gobierno ha venido implentando una política de austeridad inteligente, política marcada en incentivar el ahorro público. Ante esto, la regla fiscal ha impuesto trabas importantes sobre la capacidad de derroche y motivado la consistencia entre ingresos y gastos del gobierno. Un mecanismo de restricción cómo lo es la regla fisca permite solucionar problemas de inconsistencia dinámica, que en el caso de las finanzas públicas puede ser importante para motivar el recuado.

No obstante, prevalecen problemas de tipo estructural como la evasión de impuestos, la baja tasa efectiva de tributación, las ya mencionadas rigideces del gasto y la urgencia por impulsar una reforma estructural. Esta reforma debe, además de aliviar el presupuesto público, atacar las fallas estructurales de la DIAN, mejorar los mecanismos de tributación, propiciar un sistema más progresivo y -sobretodo- permitir la generación de ingresos para el cumplimiento de las labores de la política fiscal.

Pobreza

La pobreza es sin duda el más grande de todos los males contra los que debe batallar un país. Este profundo problema social no solo limita las condiciones de bienestar en términos de ingreso, sino que también afecta desde las oportunidades para mejorar en el presente hasta las aspiraciones de progresar en el futuro. Al igual, la pobreza da un sentido más profundo al concepto de desigualdad, pues la desigualdad en acceder a un sistema de salud, en la posibilidad de educarse y mejorar las habilidades propias y en el acceso a oportunidades para alcanzar un empleo digno y justo, toman especial importancia para la población que busca generar movilidad social y alcanzar un estado de bienestar adecuado.´

La gráfica 6 muestra la evolución en la incidencia de la pobreza por ingresos en el país. Como se vé, desde principios del siglo la pobreza ha caido considerablemente. Pasamos de tener cerca de la mitad de la población en situación de pobreza a niveles infereriores al 30%. No obstante, todavía hay mucho camino por recorrer. En particular, es evidente la gran brecha que existe entre las mejoras del sector urbano respecto a las del sector rural, pues el campo no ha tenido mejoras tan importantes como el resto del país y la dinámica no ha sido 100% decreciente. Para esto, mantener el impulso a las políticas de transferencias condicionadas y complementar el progreso con las propuestas de desarrollo rural3. parecen ser condiciones necesarias para mejorar en la pobreza y la distribución entre sectores.

Gráfica 6: Incidencia de la pobreza.

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Cabe preguntarse ¿cuál es la importancia de impulsar tantas reformas políticas y económicas? ¿Por qué no mejor quedarse con el Status Quo? En últimas, no generar cambios también es una alternativa de política pública. Ciertamente, garantizar condiciones de oportunidades y estabilidad de trabajo para los colombianos, garantizar espacio fiscal para el impulso de políticas en pro del desarrollo y no perder de vista la evolución de la pobreza son propuestas que cobran sentido a la hora de aportar al progreso del país. La importancia estas reformas radica en su contribución a la construcción de la prosperidad social y de una vida digna de ser vivida. Es por esto que el próximo presidente no se puede dejar sesgar por las dificultades políticas y la corrupción que azota todas las instituciones del país. No tomar las decisiones correctas afecta principalmente a los individuos en la cola inferior de la distribución de la riqueza, pues son los más propensos a estancarse en en un espiral sin movilidad social contemporanea o incluso intergeneracional.

Promover programas públicos estructurales enfocados en trabajo, salud, educación y pobreza es parte de los principales retos que enfrentará el mandatario que escogan los colombianos este año. Todavía más, garantizar la sostenibilidad fiscal y la disponibilidad de recursos para impulsar estas políticas es la responsabilidad más importante que debe asumir el próximo presidente de la República. El costo político de invertir en las políticas públicas y programas sociales cruciales para el desarrollo es muy alto, pues los rendimientos llegan muy tarde. Por esto es importante que el próximo presidente se aleje del ciclo político y se enfoque en aplicar las reformas esenciales para el progreso del país. Pensar en políticas no tradicionales -que requieren de atención- para que la economía del país alcance un nivel de progreso alto y sostenido es el principal reto del próximo gobierno.

[#] Este ensayo es una versión resumida del artículo de investigación Política económica y políticas públicas para el desarrollo: intentos, fallos, éxitos y recomendaciones preparado para la inauguración de la sección de investigaciones económicas de la Revista Supuestos. El artículo completo y otras investigaciones estarán disponibles próximamente.

1. Para una discusión más completa de las pensiones en Colombia, recomendamos ver el artículo Por una reforma pensional en Colombia: diagnóstico de una lenta enfermedad presente en esta edición impresa.

2. Se reitera la invitación a leer el artículo Por una reforma pensional en Colombia: diagnóstico de una lenta enfermedad.

3. Para una discusión más completa en materia de desarrollo rural, se recomienda ver el artículo Panorama rural en la coyuntura del posconflicto presente en esta edición impresa.

Bibliografía

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Mejía, L., 2017. Esquema del Sistema Pensional Colombiano. DNP. Disponible en http://www.anif.co/sites/default/files/memorias/luis_fernando_mejia_-_dnp_nov_9.pdf