Hacia un nuevo campo colombiano: saltando el obstáculo institucional

Andrés Octavio Dávila

ao.davila10@uniandes.edu.co

Concluido el proceso de paz, tras la refrendación del nuevo acuerdo y a puertas del posconflicto, el Estado colombiano tiene la obligación de propiciar las condiciones necesarias para que la paz sea perdurable. En este sentido, de lo acordado entre el Gobierno Nacional y las FARC, surge la reforma rural integral, cuyo objetivo es sentar las bases para la transformación estructural del campo, crear condiciones de bienestar y contribuir a la construcción de una paz estable y duradera. Fundamentalmente, los puntos en materia de desarrollo social, salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza deben ser la prioridad para generar las condiciones que demanda el sector rural y así posibilitar la aplicación de las políticas públicas propuestas. No obstante, la reforma deja de lado la incapacidad del arreglo institucional para aplicar los distintos programas. Para mostrar esto, se analizarán los principios fundamentales de la reforma respecto a la situación actual del campo, posteriormente se expondrá la necesidad de priorizar el desarrollo social y finalmente se argumentará por qué es prioritario solucionar el conflicto institucional del sector.

En primer lugar, para la reforma se acordaron catorce principios que establecen pautas para afrontar la precariedad del campo, de los cuales se resaltan cuatro primordiales. Primero, el principio de bienestar y buen vivir, en referencia a la erradicación de la pobreza y el alcance de un nivel de calidad de vida en pleno ejercicio de los derechos. Segundo, la integralidad, donde el acceso a bienes públicos debe comprenderse como el punto más importante de la reforma. Tercero, la participación, que establece la acción conjunta con las comunidades, lo que hará más viable la aplicación y alcance de los objetivos de las políticas. Por último, la presencia estatal, como garantía de cumplimiento de los demás principios en el posconflicto. Estos cuatro principios requieren de especial atención, puesto que garantizar un mínimo de condiciones que fomenten el alcance de una vida digna, sin separarse de los valores de los directamente afectados, es el punto de referencia sobre el que debe fundamentarse la acción pública.

Ahora bien, la situación actual del campo refleja la relevancia de los principios expuestos. Por ejemplo, el índice de pobreza rural multidimensional se encuentra en el 45.7% (DANE, 2016). Asimismo, existe bajo acceso a bienes públicos como agua potable, calidad en infraestructura, sistema de riego y demás (Ibañez, 2016). Congruentemente, el Estado lleva medio siglo intentando establecer programas que impulsen la economía campesina sin éxito alguno (Tovar, 2013). Por esto, las instituciones deben trabajar en conjunto para tener presencia en el sector y poder impulsar mejoras. Por lo tanto, es evidente como la misma situación del campo determina la necesidad de seguir los principios anteriormente enunciados.

En segundo lugar, la reforma se compone por el aumento de la productividad agrícola y la formalización de la propiedad rural, la creación de programas de desarrollo con enfoque territorial y la aplicación de planes nacionales. El primer componente se enfoca en la adecuación del sector como impulso del desarrollo y el empleo. Para alcanzar esto, la reforma pretende garantizar el acceso a la tierra, los derechos de propiedad e incentivar el uso eficiente de los recursos productivos. El segundo componente establece pautas para conseguir una transformación estructural del campo. En este sentido, los mecanismos propuestos buscan mantener una propiedad regional y territorial para promover el bienestar sin transgredir los principios de las comunidades. El tercer componente establece las condiciones necesarias para generar un panorama atractivo en el sector rural. De esta manera, se busca propiciar el empleo y la calidad de vida mediante la óptima asignación de recursos.

En específico, el punto de planes nacionales, pilar fundamental de la reforma para garantizar la sostenibilidad de la paz en el campo, propone programas relacionados con bienes públicos que fomenten el desarrollo social en términos de salud, vivienda, educación y erradicación de la pobreza. Por el lado de la salud, la garantía de un sistema íntegro y de acceso completo es necesario para poder discutir de calidad de vida. La educación, por su parte, guiada hacia la movilidad social es un punto imprescindible para promover el desarrollo del sector. Igualmente, la vivienda es necesaria para cumplir lo requerido por la reforma. Finalmente, la erradicación de la pobreza, donde la desigualdad también toma un papel importante, es una condición que se debe cumplir si se quiere mantener un estado de paz. Por lo anterior, estos cuatro ámbitos se consideran como el punto de partida para poder llevar a cabo, en un escenario amigable con las políticas públicas, todos los demás programas de la reforma.

Finalmente, lo anteriormente enunciado puede alcanzarse únicamente solventando los problemas del arreglo institucional. La falta de solidez institucional que enseña el Estado colombiano trunca la capacidad que tiene el gobierno de cumplir con la reforma, por lo cual llevar a cabo todos los puntos planteados dentro de un tiempo prudente es una realidad inalcanzable. Por esto, para poder implementar de manera adecuada las políticas públicas planeadas, es necesario eliminar las lógicas clientelistas y la injerencia política de la que Colombia ha sido víctima. En este sentido, se considera adecuado adicionar a lo establecido por el acuerdo un plan de desarrollo institucional que propicie la adecuación de las instituciones pertinentes al panorama del posconflicto y la aplicación de políticas públicas que aporten a la estabilidad de la paz. Asimismo, la creación de una entidad encargada de guiar y monitorear de cerca el proceso de implementación de la reforma rural es conveniente. Solo garantizando esto, se podrían llevar a cabo todos los puntos de la reforma, priorizando los expuestos, dentro del menor tiempo posible.

En conclusión, la precariedad del sector rural demanda la aplicación de la reforma bajo todas sus condiciones. En particular, esta toca puntos indispensables para poder fomentar un sector rural viable en el posconflicto. En este orden de ideas, mejorar el bienestar en el campo debe considerarse necesario para alcanzar los demás puntos, por lo que aplicar prioritariamente los programas de desarrollo social dentro de los planes nacionales es imprescindible. Garantizar salud, educación, vivienda y el fin de la pobreza es el punto de partida que debe tener la reforma. Finalmente, para poder asegurar una paz sostenible, el arreglo institucional debe adecuarse para el posconflicto, cuestión que el acuerdo deja sin el trato que el problema se merece. Por ende, es necesario alcanzar ciertas condiciones dentro de la realidad política y económica de Colombia para poder garantizar el éxito de la reforma agraria integral y el posterior desarrollo del sector rural.

 

 

REFERENCIAS:

 

DANE (2016). Censo Nacional Agropecuario: Cuarta entrega de resultados 2014. Bogotá: DANE. Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/entrega-definitiva/Boletin-4-Pobreza-y-educacion/4-Boletin.pdf

 

Editorial Semana (2015). Una dura radiografía del campo colombiano. Bogotá: Semana. Recuperado de: http://www.semana.com/economia/articulo/campo-colombiano-en-la-pobreza/438618-3

 

Gobierno Nacional & FARC-EP (2016). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Bogotá: Mesa de Conversaciones de la Habana. Recuperado de https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24-1480106030.11-1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf

 

Hernando, C. (2012). La crisis de la institucionalidad en Colombia. Bogotá: Semana. Recuperado de: http://www.semana.com/opinion/expertos/articulo/la-crisis-de-la-institucionalidad-colombiana/324556

 

Ibáñez, A. (2016). Después de la fiesta: a trabajar por el campo. Bogotá: Portafolio. Recuperado de: http://www.portafolio.co/opinion/ana-maria-ibanez-londono/analisis-despues-de-la-fiesta-a-trabajar-por-el-campo-498331

 

Tovar, É. (2013). Crisis del agro: mucho diagnóstico y poca acción. Bogotá: Portafolio. Recuperado de: http://www.portafolio.co/negocios/crisis-del-agro-colombia