Una pobreza que ignoramos

Por: José Miguel Bejarano

La pobreza conocida, la que los medios nos recuerdan día a día: bajos ingresos, barrios marginales, extrema desigualdad, población viviendo con sus necesidades básicas insatisfechas o viviendo inclusive en condiciones infrahumanas. Esta pobreza que, a nosotros como economistas, nos enseñan a luchar generando nuevas formas de productividad para crear empleo formal y ser cada vez una sociedad más equitativa y eficiente, no es la única pobreza que nos afecta y que daña nuestro entorno como sociedad. La pobreza de criterio a la hora de escoger nuestros dirigentes puede llegar a ser igual de dañina.

La posibilidad de un desarrollo social y económico deseable para el país, además de la lucha contra la pobreza que durante años nos ha agobiado está en manos de las personas, que nosotros como ciudadanos, escogemos para que ejecuten los proyectos, manejen los recursos, mantengan la justicia e innoven su estructura para el buen funcionamiento del Estado. Nuestros gobernantes y líderes, en cualquiera de las ramas en las que se divide el poder público, son las personas que a nuestro parecer como ciudadanos son “propicios” para sus cargos, que con su conocimiento y carisma atraerán el mayor beneficio para todos. Puede que esto último suene un poco utópico o idealista, pero al final éste debería ser el objetivo que los administradores del poder público deberían mantener. A pesar de esto, la realidad de la política nacional nos ha enseñado que este objetivo muchas veces es el último en perseguirse, solo basta con mirar los principales escándalos de los últimos años para comprobarlo.

Los magistrados de las altas cortes, jefes de la rama judicial, honorables juristas guardianes de la ley colombiana, encargados de administrar y ejecutar la justicia del país además de velar por la convivencia y la paz(Navas, 2011), fueron los protagonistas hace varios meses del llamado escándalo del “carrusel de las pensiones”. Este carrusel consistió en que 13 magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura nombraron de forma irregular a personas que estaban prontas a pensionarse como magistrados auxiliares con el objetivo de aumentar el valor de sus pensiones vitalicias, gracias al monto que recibieron durante su corto ejercicio. Este pequeño favor que le hicieron los magistrados a este grupo de personas le va pasar una factura al Estado de $3.421 millones de pesos, valor que al fin de cuentas, terminamos pagando todos nosotros a través de los impuestos(Caracol Radio, 2012). En sentido estricto, estos recursos deberían ser invertidos, por citar algunos ejemplos, en obras de infraestructura, capital productivo o en jardines sociales, los cuales tienen la capacidad de brindar cuidado integral a una gran cantidad de niños (Olarte, 2008). Por el contrario, el Estado tendrá que gastar estos recursos en las pensiones de personas que encontraron el mejor atajo en el funcionamiento de la rama judicial para recibir un dinero que no les corresponde.

Lo anterior, solo puede dejar claro un cuestionamiento: ¿Qué podríamos esperar del resto del sistema si las personas que se “supone” deberían hacer cumplir la justicia en todos los estamentos de la sociedad no lo hacen? La verdad es que este cuestionamiento no es infundado, porque comparar los guardianes de la justicia con los personajes que ahora ocupan el lugar de los padres de nuestra patria, o más bien, nuestros Honorables Senadores y Representantes a la Cámara, dirigentes del Congreso de la República y jefes de la rama legislativa solo podría ser más desalentador. La institución más importante del poder público, pilar de todo sistema democrático, en donde se supone está representado el país en toda su dimensión, es ahora la institución más desacreditada e impopular en el espectro público (Smela, 2011). En los últimos años, y más precisamente en el último periodo legislativo, nuestros congresistas dejaron al país anonadado con la capacidad de corrupción y egoísmo de sus actos.

El presidente Santos postuló frente al Congreso de la República el proyecto dereforma constitucional a la justicia, una de sus principales estrategias políticas en pro de aumentar la eficiencia de la rama judicial. Era clara la necesidad de esta reforma, pero también era claro que modificar el sistema judicial tenía que hacerse con la mayor cautela posible, puesto que tenía que permanecer el objeto fundamental del proyecto frente al beneficio personal o grupal de cualquier sector político. Después de dos años de debate a tal reforma, solofaltaba la conciliación entre las dos cámaras para ser aprobada. El proceso en que se ejecutó la última etapa tuvo varias irregularidades, pero en el momento que el exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, fue expulsado de la sala de conciliación cuando se generaba el documento final solo pudo vaticinar uno de los desastres políticos más notorios desde que la Constitución del 91 fue concebida(SEMANA, 2012).

En el momento que el Presidente de la República decidió no sancionar la reforma que su mismo gobierno había propuesto, se creó un acontecimiento político nunca antes visto en el país. A esta reforma se le habían añadido los famosos “micos” en donde se creaba un blindaje y una protección a los congresistas que traspasaba toda idea de justicia, y peor aún, beneficiaba a los excongresistas que ya estaban bajo investigación creándoles nuevas instancias y dejando en el limbo muchos de sus procesos penales(SEMANA, 2012). El desarrollo de este escándalo ya es bastante conocido, sin embargo cabe resaltar un hecho que creo habla por sí solo. El presidente de la Cámara de Representantes en ese entonces, Simón Gaviria, le dijo a varios medios de comunicación, entre ellos la W radio, que: “había leído por encima el proyecto”. Sin duda, creo que esta declaración es el mayor ejemplo de negligencia y descaro que puede tener un servidor público. ¿Cómo es posible que el Estado se gaste miles de millones en la protección, el salario y los beneficios que recibe una persona como Simón Gaviria para que él diga que leyó por encima algo tan fundamental e importante como una de las mayores reformas al sistema judicial del país? Por lo visto es bastante posible, y más posible aún fue que a la hora de la verdad ningún congresista terminó pagando por su culpabilidad en este escándalo. El exministro de justicia Esguerra, renuncio a su cargo siendo el único que de verdad tomó responsabilidad en esta atrocidad. Las culpas se hicieron evidentes en el espectro público, pero entristece saber que por lo menos el exministro Esguerra tomó parte de su culpa y lo pagó con su cargo y que ninguno de los congresistas en esa sala de conciliación, ni los presidentes de Senado y Cámara hayan tenido el valor, o más bien la honradez de abandonar sus curules y su envestidura como congresista, frente a tremendo hecho de traición a la Nación.

La rama ejecutiva, encargada de la administración del Estado, ejecutar y desarrollar todos los proyectos a ni nivel regional y nacional, manejar la mayor cantidad de los recursos públicos y velar que estos sean usados en el beneficio de las diferentes comunidades (Smela, 2011), por decir lo poco,  tampoco ha sido el más claro ejemplo de buena gestión. Basta mencionar nada menos que el escándalo del carrusel de las contrataciones por el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, en donde el apellido Nule se volvió uno de los más famosos en el país por gestionar el desfalco más grande que se le ha hecho a la nación. El 85% del presupuesto del distrito se vio afectado por los retrasos y sobrecostos en las obras que Miguel, Manuel y Guido Nule tenían que haber entregado, esto sin contar con el caos en materia de movilidad que generaron para la ciudad(DINERO, 2010).  La rama ejecutiva es la que más control social, político y mediático mantiene, su función es tan pragmática que en la mayoría de los casos cualquier error en gestión es tema nacional, a pesar de esto, los problemas de corrupción siguen siendo evidentes en Bogotá y en la mayoría de las regiones del país.

La pobreza que ignoramos, a lo cual se refiere el título, es esa pobreza que nos agobia como sociedad, de no tener la capacidad de escoger a verdaderos mandatarios, personas que por vocación y capacidades deberían regir las riendas del país. Uno de los mayores males de nuestro sistema estatal es la corrupción, esta le pasa una factura a nuestro Estado de alrededor 9 billones de pesos, es decir, 1,6 del PIB al año(Concejo Privado de Competitividad, 2012). Esto no se disminuirá hasta que nosotros luchemos y erradiquemos esta pobreza de pensamiento, criterio y honestidad para escoger nuestros líderes. No podemos afirmar que los buenos políticos no existen en la actualidad, si existen, y muchas veces sus buenas acciones quedan opacadas por el escándalo de los desastres de otros.

Existen líderes como el exalcalde de Medellín y ahora gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quien ganó el premio de mejor alcalde de Colombia, gracias a que, en palabras del propio Fajardo: “Medellín pasó del miedo a la esperanza”, debido a su política de inclusión social mediante la educación y la infraestructura(Centro Virtual de Noticias de la educación, 2007). Además, recordemos que Medellín pasó de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo en la década de los 90, a recibir el Sustainable Transport Award 2012 por su desarrollo en métodos de transportes alternativos(Alcaldía de Medellín , 2012). Puede que Sergio Fajardo, al igual que muchos otros políticos, no tengan un recorrido perfecto por la gestión pública, pero al menos son más reconocidos por sus grandes logros que por sus desaciertos.

Desde que nosotros como ciudadanos no nos movilicemos, nos eduquemos y entendamos que sufrimos de la epidemia de pobreza de criterio, toda la corrupción, clientelismo, inequidad e ineficiencia estatal que vivimos cada día y que reprochamos cada día no va acabar. Al fin y al cabo, un país indignado, habituado a los juicios desaforados el cual es incapaz de valorar la vida pública, es un país que tiene lo que se merece: unos dirigentes hechos a imagen y semejanza de las críticas más fuertes (Uribenomics y otras paradojas, Gaviria, 2010).

Aunque el Gobierno ha venido presentando reformas y programas sociales con el fin de mejorar las condiciones de la población, es importante recalcar la responsabilidad que tienen todos los sectores productivos del país en la generación de estrategias que conduzcan a la reducción sistemática de esos fenómenos que se convierten en generadores.

Bibliografía

Alcaldía de Medellín . (25 de Enero de 2012). Medellín: portal de la ciudad. Obtenido de http://www.medellin.gov.co/transito/boletines_prensa/2012/enero/enero_25_medellin_gano_premio_sustainable_transport_award_2012.html

Caracol Radio. (Noviembre de 2012). Caracol Radio. Obtenido de http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/imputan-cargos-a-13-magistrados-por-carrusel-de-pensiones/20121120/nota/1798182.aspx

Centro Virtual de Noticias de la educación. (16 de Noviembre de 2007). Ministerio de Educación Nacional. Obtenido de http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-138579.html

Concejo Privado de Competitividad. (2012). Informe Nacional de Competitividad 2011 – 2012. Bogotá: Nomos S.A.

DINERO. (24 de Noviembre de 2010). Dinero.com. Obtenido de http://www.dinero.com/actualidad/pais/articulo/video-cartel-lleva-85-plata-bogota/106093

Gaviria, Alejandro. 2008. URIBENOMICS Y OTRAS PARADOJAS. Universidad de Los Andes. Editorial Norma. Bogotá, Colombia.

Navas, G. Q. (2011). ESTRUCTURA DE LA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚPLICO. En H. L. Sterup, Manual de Constitución y Democracia Del Estado y la protección de los derechos (págs. 87-105). Bogotá: Ediciones Uniandes.

Olarte, O. M. (02 de Noviembre de 2008). Vanguardia. Obtenido de http://www.vanguardia.com/historico/11891-aprobados-disenos-para-construccion-de-colegio-en-la-ciudadela-nuevo-giron

SEMANA. (23 de Junio de 2012). SEMANA. Obtenido de http://www.semana.com/nacion/articulo/reforma-justicia-todos-quedaron-mal/259994-3

Smela, D. D. (2011). FUNCIONES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: ¿INSUSTITUIBLES Y ESENCIALES A PESAR DE TODO? En H. L. Sterup, Manual de Constitución y Democracia Del Estado y la protección de los derechos (págs. 65-85). Bogotá : Ediciones Uniandes.

Smela, D. D. (2011). RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO COLOMBIANO: ¿OMNIPOTENTE Y OMNIPRESENTE? En H. L. Sterup, Manual de Constitución y Democracia Del Estado y la protección de los derechos (págs. 47-63). Bogotá: Ediciones Uniandes.