"Mini reforma tributaria": en búsqueda de sostenibilidad, transparencia y modernización

Por: Carlos Echeverry

La llamada “Mini Reforma Tributaria” fue concebida como un plan de acción para lograr de manera sencilla pero certera unos niveles eficientes de sostenibilidad, transparencia y modernización del sistema tributario por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En sus inicios se planteó como una reforma concisa orientada a atender las necesidades económicas del país a través del recaudo de 6 billones de pesos anuales[1]. Sin embargo, el proyecto de ley aprobado el 15 de diciembre de 2010, contempla una serie de artículos nuevos que se enfocan en la consecución de recursos para atender a los damnificados por la ola invernal y agrega una serie de controles a los costos financieros, desviando el objetivo inicial.

Desde su gestación a mediados del 2010, en la reforma se propusieron medidas encaminadas a generar cambios que permitieran un mayor recaudo de manera más eficiente, y los más importante, sin subir tarifas. Todas las propuestas mostraban un álgido deseo por recuperar la transparencia en la forma como se recauda el dinero por parte del Gobierno, sin afectar a los estratos más bajos, por el contrario, cobrando más a los estratos 5 y 6. Por su parte, la modernización del sistema de recaudo también fueuna meta que se planteó el Gobierno, implementando formas de recaudo más sencillas, con un mayor grado de eficiencia, que permitan reducir costos de transacción.

Pero en realidad, el corazón de la reforma es lograr una sostenibilidad fiscal que funcione en paralelo con la recuperación económica, que es el principal reto para la economía. Esto implica por supuesto la reducción del déficit fiscal, el cual se espera que sea menor al 4,5% del PIB alcanzado en el 2010.

Todo lo anterior se encuentra pactado minuciosamente dentro de la reforma, pero como ante cualquier reforma surge la pregunta, ¿Es posible cumplir todas las metas propuestas? ¿Por lo menos en el mediano plazo?

El proyecto de ley

El proyecto de ley número 124 de 2010 de la Cámara y 174 de 2010 del Senado, por medio del cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad, es el documento que presenta todos los artículos aprobados de la reforma. Tal y como su nombre lo indica, ésta aspira a tener efectos de control, al intentar modernizar y optimizar la forma en que se lleva a cabo el recaudo de tributos, al tiempo que se pretenden establecer mecanismos de control que permitan una completa claridad en temas de evasión de impuestos al volver más eficaces los procesos de auditoría por parte de la DIAN. Como lo establece el proyecto de ley: “La DIAN continuará su proceso de modernización tecnológica con el fin de simplificar y disminuir los procedimientos requeridos para cumplir las obligaciones tributarias formales y sustantivas.”[2]

Por su parte, el objetivo de lograr mejorar en términos de competitividad también se evidencia claramente en el proyecto de ley. Con el fin de que las empresas nacionales no pierdan su capacidad de competir en el mercado frente a las firmas extranjeras y con el afán de que la situación de desempleo mejore en el país, la reforma se plantea reducir los costos de las empresas. Un ejemplo claro es la eliminación de la sobretasa por el uso de energía por parte de las industrias, como lo establece el proyecto de ley: “Los usuarios industriales tendrán derecho a descontar del impuesto de renta a cargo por el año gravable 2011, el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la sobretasa. A partir del año 2012 dichos usuarios no serán sujetos del cobro de esta sobretasa”[3]. Además, la pretensión de reducir el déficit fiscal podría eventualmente lograr la recuperación del grado de inversión de la deuda, y en consecuencia mejorar la competitividad. Según el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry (2010), “Colombia exige mucho a la inversión extranjera, lo cual lastima la competitividad. Se tienen que aumentar las empresas que hacen negocios aquí”, afirma.

La reforma alcanzó un total de 67 artículos en los cuales se estipulan acciones a favor de los empresarios y de los estratos más bajos. Según el ministro de Hacienda, el balance es positivo ya que se aprobó la esencia de la reforma. De esa manera, la aprobación de más recursos para enfrentar los daños generados por la ola invernal, la reducción de los costos para los empresarios, y la garantía de los recursos para los estratos 1, 2 y 3, cuyos subsidios no fueron alterados, son el pilar de una reforma que el Gobierno califica como exitosa y que generará un recaudo cercano al 0,8% del PIB.

Adiciones de última hora: recursos para la ola invernal y propuestas alternas

A pesar de que la reforma nació como un plan de acción para sanear el erario público y generar una mayor productividad de las empresas nacionales, se reconsideraron algunos de los usos que se le dará al dinero tras la ola invernal que se experimentó a finales del 2010. Así, algunos de los recursos se encaminaron a la inversión en pro de reconstruir los daños alcanzados por el invierno.

Hay un ajuste al impuesto al patrimonio, el cual empezarán a pagar las personas con un patrimonio superior a los mil millones de pesos. De allí se obtendrán recursos para atender a los damnificados por la ola invernal. Según el ministerio: “Con los ajustes pagarán el impuesto al patrimonio cerca de 32 mil nuevos contribuyentes. El recaudo adicional con estas modificaciones será de 3,3 billones de pesos que se destinarán a cubrir esta emergencia”[4].

En cuanto a la intervención de tarifas o precios se presentó un artículo que establece que: “El Gobierno Nacional dictará normas que deben observar las instituciones financieras para la fijación, y fusión y publicidad de las tarifas o precios que estas cobren siguiendo para ello los objetivos y criterios señalados para la intervención de dicho sector”[5]. Dichas adiciones de última hora desvían un poco la esencia de la reforma, pero según el ministro Echeverry, los recursos para la recuperación de la ola invernal son recursos frescos que no afectan lo presupuestado inicialmente. No obstante, en el caso del control al sector financiero, el gremio bancario ha demostrado su descontento y afirma que se atenta contra la actividad privada.

El sector exportador también se podría ver afectado a través de la eliminación de beneficios de exportación a través de comercializadoras internacionales. Según el vicepresidente de Analdex, Diego Rengifo (2010), “A través de las comercializadoras, se pueden gestionar ventas al exterior, y si se les cobra de nuevo el IVA, estos empresarios pierden competitividad”.

Otro problema que se podría generar es que las perspectivas positivas que tiene el Gobierno cambien y la reforma tome un giro drástico. Podría darse el caso en que el balance de la reforma sea negativo. Según el presidente de Anif, Sergio Clavijo (2010), “el balance arrojaría faltantes por -$2.8 billones, equivalente a un no despreciable -0.5% del PIB si se le añade la reducción unilateral arancelaria, lo cual califica como un autogol fiscal”.

A esperar por los buenos resultados

A pesar de la adición de arandelas a la reforma para atender la emergencia invernal y para apretar al sector financiero, se espera que basado en los objetivos de generar competitividad y mejorar el control, encaminados a lograr un mejor y más eficaz funcionamiento del sistema tributario, sumado a una perspectiva enmarcada en una visión de mediano plazo que apunta a la sostenibilidad y la equidad en el frente fiscal, se pueda tener confianza en que la reforma va a tener resultados positivos para el país y todos sus ciudadanos.

Ahora solo resta esperar a que la reforma traiga buen viento y se logré invertir los recursos que se recauden en mayor gasto social, en el mejoramiento de la productividad del sector empresarial y en la reconstrucción de las zonas devastadas por el invierno.

Nota al pie

  1. Aprobada primera reforma tributaria. Revista Dinero. Diciembre 16 de 2010. Recuperado el 10 de enero de 2011.
  2. Informe de conciliación al Proyecto de ley 124 de 2010 Cámara, 174 de 2010 Senado. Recuperado el 11 de enero de 2011.
  3. Ibid.
  4. Gobierno expidió 13 decretos al amparo de la Emergencia Económica, Social y Ecológica. Departamento Nacional de Planeación. Recuperado el 15 de enero de 2011.
  5. Informe de conciliación al Proyecto de ley 124 de 2010 Cámara, 174 de 2010 Senado. Recuperado el 11 de enero de 2011.