Los retos del Sistema Electoral Colombiano

Por: Edinson Ortíz

Para los entendidos en el tema, un sistema electoral es el medio de expresión de la opinión pública de los ciudadanos, a través del cual, sus votos se transforman en escaños o curules. Por su intermedio, se conforman dos de las tres ramas del Estado: la legislativa y la ejecutiva. En términos económicos, diríamos que es el medio a través del cual las preferencias individuales, se agregan en preferencias sociales o colectivas. En Colombia, los encargados del funcionamiento de este sistema son: el Consejo Nacional Electoral, el Registrador Nacional del Estado Civil y sus delegados, y los Registradores distritales y municipales y sus delegados, cuyo objetivo es hacer posible el proceso de elección en el país, bajo los principios de legitimidad, transparencia y efectividad (Cuevas, 1996).

Los sistemas electorales son el producto del desarrollo histórico de las estructuras sociales de un país y de sus situaciones particulares. Para el caso colombiano, los efectos políticos de cada uno de los sistemas planteados, se han dado de acuerdo a los momentos constitucionales y la vigencia de determinadas normas electorales, pero también a los comportamientos electorales (Restrepo et. al., 2005). Luego de las reformas al sistema electoral, hechas por la Constitución de 1991, y de los Actos Legislativos de 2003 y 2009, aun no se logran cubrir las necesidades y expectativas de los electores para que sus preferencias individuales sean fielmente reflejadas en los escrutinios. Esto se presenta por muchas razones, pero se resaltan cuatro, que constituyen los verdaderos retos que debe asumir y superar el Sistema Electoral Colombiano (SEC), para cumplir cabalmente su mandato constitucional. Estos son: a) La abstención, b) el fraude electoral, c) La crisis de los partidos políticos y d) La subestimación del voto en blanco.

Según datos de la Registraduria, desde 1990 Colombia ha mantenido niveles sostenidos de abstención del 52% en promedio. El mayor abstencionismo se presentó en las elecciones legislativas de 1994 cuando supero el 67%. Cabe precisar que en las elecciones presidenciales el nivel de abstencionismo se incrementa. Esto ubica a Colombia, según el especialista en Derecho Electoral, José Vicente Sánchez, en el tercer lugar de abstención en elecciones legislativas y el primero en elecciones presidenciales a nivel latinoamericano. Sin embargo, sorprende la poca importancia que los analistas y estudiosos de la política conceden a la no participación de la ciudadanía en los procesos electorales, considerados universalmente como la mayor expresión de la democracia y como el primer símbolo del compromiso ciudadano. Y causa extrañeza, porque la abstención, lejos de ser poco trascendente, puede estar señalando males muy profundos en toda la estructura social, además de problemas de funcionamiento en el mecanismo político (García, 2006).

En Colombia al igual que México, Italia, España y Estados Unidos el ejercicio del voto no es obligatorio, en contraste con muchos países de Sudamérica y algunos de Europa, donde “la abstención si preocupa – y mucho– y estaría asociada a conductas de rechazo político afectando la legitimidad del sistema. Por supuesto siempre se puede argumentar que la abstención es otra forma de participar, otra manera de protestar, de hacer llegar la queja a las instancias políticas, o de obligar a introducir cambios. Esto es cierto cuando la abstención es coyuntural y no pone en entredicho el sistema sino a un gobierno particular en una coyuntura dada. Pero aún así habría que reconocer que tal protesta ya constituye una forma extrema de descontento y que los mecanismos corrientes han fracasado” (García, 2006). ¿Qué legitimidad puede tener un mandatario de cualquier nivel territorial elegido con menos del 25% del electorado o un congreso elegido con menos del 50%?

Al igual que la abstención, el fraude electoral también impide que las verdaderas preferencias de los electores sean reveladas. Este ítem afecta los principios de transparencia y efectividad del sistema electoral y cuenta con muchos matices, que van desde la compra de votos, el trasteo de votantes, la intimidación armada, la corrupción de funcionarios y colaboradores electorales, hasta la suplantación de electores. Todo esto, se encuentra debidamente documentado y advertido por la Procuraduría General de la Nación, Organizaciones Internacionales y Veedurías Ciudadanas, elección tras elección, sin que se implementen correctivos de fondo. Muchos se quejan de que el sistema es demasiado manual y susceptible a la manipulación y al fraude, expertos consultados por el diario El País, advierten que el asunto es de fondo: fallas estructurales en el sistema electoral colombiano, pues el Código Electoral es un Decreto, expedido en 1986, y aunque se le han hecho modificaciones desde 1991, vía acto legislativo, “no refleja las verdaderas necesidades para garantizar un proceso electoral más transparente”, dice Nicolás Montoya Céspedes, asesor jurídico de la Misión de Observación Electoral.

Con este fin, podría agregarse a la necesaria reglamentación de la financiación ex-ante de las campañas, los topes de gastos y el voto electrónico aprobados en la reforma de 2003, la exigencia de calidades académicas y éticas de los candidatos. Es decir, dependiendo del cargo de elección popular al cual se aspira, debería acreditarse cierto nivel de formación académica, que le imprima mayor efectividad al ejecutivo o legislativo respectivo. Así mismo la verificación de calidades éticas debería hacerse ex-ante, y así evitar sobrecostos al Estado.

El tercer reto tiene que ver con la crisis de los partidos políticos, los cuales “no representan intereses generales y han sido presa fácil de intereses personales o de grupo y de esta forma las decisiones políticas están dominadas por el juego de los intereses privados, de grupo, sector, clan o corporativos y muy poco por la confrontación o concertación de grandes intereses o ideales, de propósitos colectivos, nacionales o locales (Restrepo, 2005). El número de agrupaciones políticas, que aumentó desde la expedición de la Constitución de 1991 con la instauración del pluripartidismo, hasta 1998, ha venido en franco descenso, al pasar de más de 80 partidos y movimientos políticos en este periodo, a tan solo 15 actualmente. Cada una de las reformas electorales ha traído consigo efectos funestos para los mismos. Por ejemplo, la Constitución del 91 con la forma de asignación de curules mediante el cociente y residuo electoral, permitió la fragmentación de los partidos y la constitución de verdaderas microempresas electorales, el acto legislativo 2003, por su parte, con el establecimiento de listas únicas por partido, el voto preferente, el umbral y la cifra repartidora, prácticamente está aniquilando los grupos minoritarios, y con ello la diversidad social y cultural en el ejercicio del poder en el país [1]. La reforma de 2009 igualmente atenta contra la integridad y supervivencia de los partidos al permitir avales compartidos a candidatos, la doble militancia y el transfuguismo.

En este punto, alternativas como: lista cerrada por partido, la eliminación del umbral, y el cambio del método D’Hont, por la fórmula de Sainte-Lague[2] para el cálculo de la cifra repartidora, ayudarían, en parte, a minimizar estos efectos perversos para los partidos en Colombia.

El cuarto y último reto tiene que ver con la subestimación del voto en blanco, a quien debería dársele el trato de una lista, de tal manera que si alcanza a obtener escaños en elecciones plurinominales (jal, concejo, asamblea, congreso), su silla quede vacía, o si gana en unas elecciones uninominales (alcalde, gobernador, presidente), ya sea en primera o segunda vuelta, las mismas se repitan con nuevos candidatos. ¿Son legítimos los actuales representantes colombianos al Parlamento Andino, a quienes individualmente, el voto en blanco los superó ampliamente?

Superar estos retos implicaría un sistema electoral legítimo, transparente y eficiente que revele las verdaderas preferencias de los electores, donde la política deje de ser considerada una profesión, se privilegie el bienestar general por encima del particular, y retome su verdadera dimensión de servicio a la sociedad, y no al revés.

Nota al pie

  1. Esta cifra repartidora que reemplaza el cociente electoral, según el método D’Hont utilizado en Bélgica desde 1899 y adoptado recientemente por el país, se forma a través de la división sucesiva de los votos obtenidos por cada lista por 1, 2, 3,… hasta n. Donde n es el número de escaños o curules a proveer en la respectiva elección.
  2. Este método es una variante del método D’Hont muy utilizado en los países escandinavos para las elecciones parlamentarias, donde la división sucesiva ahora es por 1, 4, 7, 10, 13,… hasta n.

Bibliografía

  1. Cuevas, A. “Sistema electoral en Colombia”. En: Código electoral comentado. Santafé de Bogotá, 1996.
  2. Restrepo, B., Restrepo, B., Restrepo, R.A. y Moreno, H. Incidencia de la reforma política en el sistema electoral y de partidos colombianos. Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Medellín. Medellín (tomado el 30 de Octubre), agosto 18 de 2005, p. 40.
  3. García, J.D. “Abstención”. En: Argenpress. Buenos Aires, Argentina. Marzo 16 de 2006, p. 1.
  4. García, J.D. Op. Cit., pp. 1-2.
  5. Restrepo, B. Op. Cit., pp. 14-15.