Ley de Víctimas: un vistazo a la viabilidad financiera

Por: Iván Bornacelly

Desde el pasado 27 de septiembre de 2010 que se radicó el Proyecto de Ley de Medidas de Atención y Reparación Integral de Víctimas ante el Congreso de la República, todos los sectores políticos y económicos se han pronunciado ante el mismo, por un lado, cuestionando su viabilidad fiscal, y por el otro, reconociendo la voluntad política por parte del gobierno al asumir sus obligaciones constitucionales frente a las víctimas. Si bien se puede argumentar que este proyecto de ley tendría un impacto social favorable sobre la población afectada por la violencia en las últimas tres décadas, y, además, contribuiría sustancialmente al proceso de reconciliación y la paz nacional, existen vacíos relacionados con la viabilidad económica, la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo y los criterios de asignación de las indemnizaciones. A esto se le suma el capítulo sobre restitución de tierras el cual presenta problemas de carácter institucional y viabilidad financiera.

El Proyecto de Ley 107 (PL 107/2010) tiene como principal objetivo la reparación de víctimas mediante medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición[1], sujetas a principios esenciales de los cuales se destaca la sostenibilidad fiscal de acuerdo con el artículo 18 del capítulo 2 del texto definitivo. Esto con el fin de permitir la continuidad del proyecto, la progresividad del mismo, y el cumplimiento de los compromisos a los que el Estado se está sometiendo.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el PL 107 costaría entre 25 y 40 billones de pesos, cifra que asumiría en un 98% el gobierno central. Este monto constituye todo el proceso judicial y administrativo, la red nacional de información sobre víctimas, servicios de salud, educación, rehabilitación física y psicológica, la ayuda humanitaria, medidas de restitución de vivienda y tierras, crédito, empleo, atención humanitaria de emergencia y de transición entre otros no menos importantes.

El valor de cada uno de estos componentes que se detallan en la tabla anterior no es cuantificable con exactitud, dada su dependencia del número de víctimas que se reconozcan en la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación. Esto se dificulta más cuando el conflicto puede continuar y arrojar nuevas víctimas incrementando el número de personas a atender y es menos sostenible cuando se extiende el horizonte de tiempo. Por tal razón, la certificación de la viabilidad del proyecto por parte del Ministerio de Hacienda queda aún en tela de juicio.

Como lo referencia en semana.com, Luis Jorge Garay, Investigador asociado del Comparative Regional Integration Studies Programme of the United Nations University (UNU-CRIS),  reconoce lo costoso que es el PL 107 y menciona la importancia de limitar el proyecto en términos de temporalidad y subsidio. De no ser así el monto fiscal sería excedido. De igual forma, plantea que el objetivo del gobierno no debe ser garantizar el retorno del 100% a las víctimas. Sin embargo, Garay establece que dada las restricciones en el presupuesto se requiere la implementación de una asignación de indemnizaciones bajo un criterio de equidad y de distribución bien definido.

Al mismo tiempo, Iván Palomino, asesor jurídico del Programa Poblaciones afectadas por el Conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris, en entrevista con el programa de Política Pública de Paz, establece que la insostenibilidad fiscal fue el argumento que llevo al hundimiento del proyecto de ley en su primera presentación. Afirma de igual forma que la especulación sobre los costos reales de la reparación y sobre todo la incertidumbre sobre su financiación ha generado problemas de viabilidad del proyecto. Palomino plantea la necesidad de establecer un tope de las indemnizacionesy estas deben instaurarse vía judicial y de manera subsidiaria por parte del Estado. Esto quiere decir que cuando el victimario no pueda asumir su obligación, el Estado debe entrar a tasar y cuantificar los daños materiales y morales que no pudieron ser indemnizados.

De acuerdo con lo anterior, la insostenibilidad del proyecto pone en conflicto los artículos 16, 17 y 18 del mismo. El principio de progresividad (art. 16) que hace referencia al acrecentamiento paulatino de quienes cobija el PL 107, la gradualidad (art. 17) que establece “la responsabilidad Estatal de diseñar herramientas operativas de alcance definido en tiempo, espacio y recursos presupuestales que permitan la escalonada implementación de los programas”[2] , y el principio de sostenibilidad (art. 18) que sujeta a los dos anteriores -dado que mediante éste el Gobierno Nacional deberá crear un plan nacional de financiación que permita la ejecución del proyecto de ley.

ún cuando el Gobierno Nacional, en el mismo proyecto de ley, establece en 5 artículos de los 183 que lo componen, cómo se va financiar este proyecto y el origen de los recursos de los fondos a administrar, dentro de los que se destaca los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, la donaciones públicas y privadas, aportes provenientes de la cooperación internacional, bienes y recursos que transfiere el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ingresos y rendimientos producto de la administración de los fondos, propiedades rurales que hayan sido objeto de extinción de dominio, sumas recaudadas por entidades financieras, por almacenes de cadena, y el monto establecido por sentencia a empresas que han apoyando grupos armados, entre otros, se queda limitado frente a la estructura de costos a la cual se debe someter el proyecto de ley de víctimas, incluyendo aquellos ingresos concernientes a la restitución de tierra y vivienda.

Sobre el capítulo de Restitución de tierras

En este mismo proyecto de ley, se adicionó un capítulo dedicado al restablecimiento de tierras y/o de vivienda, dada la directa relación y convergencia de propósitos de ambos proyectos.

Este capítulo se encamina a restituir a campesinos colombianos cerca de dos millones de hectáreas durante 8 años. Financieramente se ve respaldado por la estructuración de un fondo el cual contempla recursos provenientes de una fiducia que tendrá como principal beneficiario la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas como se establece en capítulo 3 del PL 107. Sin embargo, el Gobierno no ha esclarecido muy bien los costos relacionados con el proceso de restitución de tierras y las diferentes fuentes de financiación de manera concreta. Sobre todo cuando las Naciones Unidas no solo exige la restitución de bienes inmuebles sino de aquellos bienes que le permitan al individuo recuperar su dignidad, de acuerdo con la Resolución 60/147 (como se cita en el informe No. 65 de Fedesarrollo)

Para terminar, es importante aclarar que si bien es cierto, el proyecto de ley no está teniendo en cuenta todas las implicaciones económicas que conlleva, también es cierto que ésta es una ley por la cual miles de víctimas han estado esperando y una responsabilidad que el Estado ha evadido durante muchos años. Por este motivo, es ideal que el estado planifique de manera correcta y limite las indemnizaciones que les serán entregadas a cada una de las víctimas, esto con el fin de que no sea un mínimo porcentaje de personas las que se vean cobijadas por esta ley, y de esta manera garantizar la vigencia del proyecto en el tiempo.

Nota al pie

  1. Gaceta del Congreso No 1.139. 28 de diciembre de 2010.
  2. Gaceta del Congreso No 1.139. 28 de diciembre de 2010.

Bibliografía

Presentación Octubre 5 de 2010 del PROYECTO DE LEY No. 107 de 2010“ POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO” Presidencia de la República.