Algunas reflexiones sobre el proceso de paz y el acuerdo sobre las drogas ilícitas

Por: Juan Pablo Cote

La paz es y será siempre un desafío. La historia de la humanidad deja en evidencia que es más fácil hacer la guerra. Para Colombia, un obstáculo adicional a los que ya supone el proceso de paz mismo lo representa el escepticismo de muchos colombianos frente a las negociaciones con la guerrilla de las FARC. Lo percibimos quienes comentamos noticias en los recorridos en taxi o hablamos del tema con algún compañero de trabajo o estudio. Esta desconfianza, posiblemente consecuencia de un ejercicio de divulgación del proceso de paz muy regular por parte del Gobierno colombiano (en el que quizás se deja suficientemente claro lo que está en juego pero no hay demasiada certeza sobre la naturaleza misma de las negociaciones), puede minar seriamente la legitimidad del proceso e incluso hacer inválidos los acuerdos que se logren, que al final serán aprobados o rechazados por los colombianos.

Lo cierto es que una oportunidad como esta es imperdible para el país. Colombia necesita la paz. Nos lo señala el drama mismo del conflicto, que no requiere de cifras pero en vez se nos muestra en la forma de rostros de dolor y desolación. Sin embargo, en un esfuerzo por cuantificar lo que le cuesta al país el conflicto, María Alejandra Arias, Adriana Camacho, Ana María Ibáñez, Daniel Mejía y Catherine Rodríguez han compilado recientemente el libro “Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia ¿Cómo construir un posconflicto sostenible?”. En él, queda claro que a pesar de que el sostenimiento del posconflicto puede tener un costo no despreciable, el país ganaría enormemente en un escenario de terminación del conflicto armado. El texto, dada la coyuntura, es de lectura más que recomendada.

Reconociendo la importancia histórica del momento que vive Colombia, resulta necesario que la ciudadanía conozca mejor el proceso de paz. Y vea en él la oportunidad de que Colombia avance en la búsqueda de caminos de progreso y justicia social.

Se han acordado tres puntos de los seis que se plantearon en la agenda de negociaciones. Me quiero referir en este texto al tercer punto, acordado en mayo de este año, que es el relacionado con las drogas ilícitas. Tomó cinco meses de negociación cerrar este punto de la agenda. Es uno de los más relevantes, pues es bien sabido que el narcotráfico es la principal fuente de financiación de las FARC. Algunas cifras apuntan a que la guerrilla recibe alrededor de 36 millones de dólares anuales por narcotráfico[1]. El texto del comunicado conjunto 36 (que se puede encontrar en el sitio web de la Presidencia de la República[2]), presenta los tres sub puntos sobre los que se logró acuerdo: programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, programas de prevención del consumo y salud pública, y solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.

Considero que el aspecto más relevante del acuerdo sobre este punto tiene que ver con el reconocimiento de ambas partes de que el problema de las drogas es un problema que va más allá de la sola existencia de las organizaciones criminales al servicio del narcotráfico, y que está íntimamente vinculado a la pobreza y a la débil presencia institucional en algunas zonas del país. Se estima que hay 61.000 familias dedicadas al cultivo de coca en 280 municipios del país[3]. El acuerdo señala la puesta en marcha de un Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que tiene por fin “generar condiciones de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito y eliminar de manera definitiva y sostenible los cultivos de uso ilícito y la ilegalidad asociada a estos en todo el territorio”. Este paso es fundamental, pues una solución real al tema de los cultivos ilícitos pasa por hacer más dignas las condiciones de vida de la población en las zonas de cultivo, de modo que puedan encontrar alternativas viables a la actividad ilegal que han venido desarrollando. Cualquier otro esfuerzo en esta lucha será insuficiente sin una política integral que tenga por objetivo a las comunidades cultivadoras, y no solamente a los cultivos per se.

Muy relacionado con lo anterior, el Gobierno cede en el tema de la fumigación de los cultivos ilícitos, en favor de la sustitución voluntaria de cultivos y la erradicación manual. Esto debe verse como un logro. Múltiples estudios (ver, por ejemplo, Reyes, 2011, o Mejía, Restrepo y Rozo, 2013) señalan que la aspersión aérea no es una estrategia efectiva en la lucha contra los cultivos ilícitos, y de manera preocupante un estudio muy reciente de Mejía y Camacho (2014) encuentra efectos negativos de la aspersión aérea sobre la salud de la población afectada (en particular, sus resultados sugieren que se incrementa la probabilidad de diagnósticos dermatológicos relacionados con la exposición al glifosato e, incluso, abortos). Se trata, pues, de una estrategia ineficaz con preocupantes efectos colaterales. Y el acuerdo sobre este punto de la agenda representa un avance en la dirección correcta en la lucha contra los cultivos ilícitos.

Finalizo con un par de reflexiones sobre el proceso de paz. Este proceso (y esto es algo que se nos repite con frecuencia) pide de parte de los colombianos una mirada de esperanza y un compromiso con el perdón. Debemos convencernos de ello. Es una etapa dura, nadie podría negarlo, la que viene después de la firma del acuerdo. Sobre todo porque los colombianos estamos acostumbrados al conflicto. A ver en la contraparte al enemigo de la nación, y no a hombres y mujeres que optaron por un camino equivocado. Y una salida al conflicto que sea distinta al exterminio de la subversión, requerirá su reincorporación a la sociedad. Esto no es posible sin una disposición sincera para ello de parte de la Colombia que busca la paz.

Estanislao Zuleta escribió hace algunos años una de las frases, a mi juicio, más acertadas sobre la guerra (pero que creo nos habla más sobre la paz misma). Escribía el ensayista que “(…) una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz”. Que Colombia sea un pueblo maduro para la paz.

Nota al pie

[1] Ver “Farc son el principal cartel de las drogas del país con 55% de la producción de alcaloides”, disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5289352.

[2] Disponible en http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2014/Mayo/Paginas/20140516_01-propaz-Comunicado-Conjunto-36.aspx.

[3] Ver “Acuerdo con Farc impacta al menos mitad del negocio del narcotráfico”, disponible en http://www.eltiempo.com/politica/justicia/proceso-de-paz-acuerdo-impacta-al-menos-a-la-mitad-del-negocio-del-narcotrafico/14002255.

Bibliografía

Arias, M. A., A. Camacho, A. M. Ibáñez, D. Mejía y C. Rodríguez (2014). “Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia ¿Cómo construir un posconflicto sostenible?”. Universidad de los Andes, CEDE. Bogotá.

Camacho, A. y D. Mejía (2014). “Consecuencias de la aspersión aérea en la salud: evidencia desde el caso colombiano”. Working paper.

Mesa de Conversaciones (2014). “Comunicado conjunto No. 36”. Disponible en http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2014/Mayo/Paginas/20140516_01-propaz-Comunicado-Conjunto-36.aspx.

Mejía, D., P. Restrepo y S. Rozo (2013). “On the Effectiveness of Supply Reduction Efforts in Drug Producing Countries: Evidence from Colombia”. Working paper.

Reyes, L. C. (2011). “Estimating the Causal Effect of Forced Eradication on Coca Cultivation in Colombian Municipalities”. Michigan State University.

Zuleta, E. (1985). “Sobre la guerra”.

Imagen recuperada de: http://diarioadn.co/actualidad/colombia/poca-participaci%C3%B3n-de-mujeres-en-los-procesos-de-paz-en-colombia-1.33217