Análisis costo-beneficio en el mercado de la corrupción burócrata-ciudadano

Lina Ríos

Subdirectora de Entrevistas

Estudiante de Economía y Derecho

Universidad de los Andes

 

Empresa extranjera da recursos con el fin de obtener determinada contratación estatal, financia campañas presidenciales, políticos compran votos y una precandidatura que imperativamente se encuentra en contra de la corrupción, resultan ser los principales titulares de las noticias que ha recibido el país durante las últimas semanas. Así pues, surge la gran incógnita de cómo se encuentra un país como Colombia en las diferentes encuestas de transparencia internacional, las cuales, a pesar de resultar precarias para el análisis propuesto, terminan siendo de las pocas fuentes a las que se puede acudir con esta finalidad. En este orden de ideas, conforme al Barómetro Global de la Corrupción en 2009, se evidenció que el 41% de los encuestados perciben la corrupción en los partidos políticos, el 26% en el poder legislativo y el 14% en los funcionarios públicos y empleados, lo cual abre el tema de discusión a tratar. Puesto que siempre se percibe la corrupción desde los políticos y aquellos que ocupan altos cargos en las diferentes ramas del poder público y se deja de lado el 14% evidenciado en la corrupción de funcionarios públicos y empleados.

 

Así las cosas, creemos que la política es en sí la única esfera en la que ha permeado la corrupción, pero pocas veces hacemos el análisis del papel que nosotros como ciudadanos jugamos en lo que se denominará como el mercado de la corrupción burócrata-ciudadano. A partir de lo anterior, cabe mencionar que, de acuerdo a Lipsky (2014), aquellos burócratas que tienen una interacción constante con los ciudadanos en el momento en el que desempeñan sus funciones y que cuentan con un grado de discrecionalidad significativo, se catalogan como los burócratas cercanos al ciudadano. De esta manera, en el mercado de la corrupción burócrata-ciudadano se encuentra un agente (el burócrata) que percibe incentivos como pago por acelerar, omitir o retardar las actividades relacionadas con sus funciones y un agente que paga por ello (el ciudadano).

 

Llegado a este punto, procede un análisis costo-beneficio de las decisiones realizadas en este mercado, en el que la causa detonante para que el burócrata tome la decisión de agilizar, omitir o retardar las actividades relacionadas con sus funciones resulta ser la recepción de incentivos. Ejemplos concretos de esto, que evidenciamos en la cotidianidad, se pueden asociar a la agilización de trámites judiciales o trámites administrativos; también, a la provisión de sobornos con el fin de evitar altas multas impuestas por el sistema legal, que se intensifica con el nuevo Código Nacional de Policía en el que las multas, dependiendo del tipo de la infracción, oscilan entre $98,360 y $786,880 pesos. Cabe mencionar que estas infracciones están dispuestas para múltiples actividades que no se encuentran discriminadas a un solo perfil de ciudadano. De manera que todos los ciudadanos estamos expuestos a las diferentes sanciones establecidas, interactuando así con el burócrata en nuestra cotidianidad.

 

Ahora bien, desde la perspectiva de costos, al encontrarse en un equilibrio de Nash en el que ambos agentes optan y deciden, es necesario exponer las diferentes sanciones que se encuentran consolidadas en el Código Penal Colombiano, para lo cual dicha acción se denomina cohecho. Este aplica no solo para quien recibe los incentivos con la finalidad de desarrollar un acto contrario a sus deberes o en el desempeño de sus funciones sino también para quienes los proveen, quienes en caso de cometer este delito tienen como sanción un período en prisión, una multa pecuniaria y una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años. Así pues, el costo, a diferencia del beneficio, no es certero, en la medida en que la única posibilidad de que tengan que enfrentar estos es si los delatan. Razón por la cual, en este caso, el equilibrio de la toma de decisiones de ambos agentes recae siempre en no delatar, pues solo de esta forma se evita la sanción propia.

 

En resumidas cuentas, se evidencia que los beneficios superan los costos, logrando así la perpetuación significativa de estas conductas por parte de los agentes. De esta manera, estos últimos tienen certeza absoluta de los incentivos y beneficios percibidos y una baja probabilidad –nula, dependiendo únicamente de los agentes- de ser delatados ante el sistema y sancionados. Así las cosas, se abre el espacio para la reflexión sobre la temática, la cual muchas veces ha sido aislada de las esferas cercanas al ciudadano, en las que encontramos que estas conductas no son únicamente realizadas por políticos o funcionarios en altos cargos, sino también -en muchos casos- por nosotros mismos. Surge así el gran interrogante: ¿bajo qué mecanismos se puede erradicar la primacía de los beneficios en este mercado en el que también nosotros estamos inmersos? Desde mi perspectiva, el gobierno y las diferentes entidades que luchan en contra de la corrupción deben promover los planes de acción en estas esferas, en lugar de aumentar los incentivos para que entren personas a este mercado. De lo contrario, se continuará con el equilibrio expuesto, a través del cual se generan distorsiones en los mercados y en la percepción de los ciudadanos frente a las instituciones.

 

Referencias:

Código penal colombiano Ley 599 del 2000] Recuperado el 18 de febrero de 2017 dehttp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388

Lipkys. (2014). El papel crucial de los burócratas cercanos al ciudadano. En Las Burocracias, Una aproximación distinta a la manera en la que pensamos el Estado (pp. 181-203). Universidad de los Andes, Universidad Javeriana & Instituto Pensar.

Portafolio. (2017). Estas son las multas impuestas por el nuevo Código de Policía. Recuperado el 18 de febrero de 2017 dehttp://www.portafolio.co/economia/finanzas/multas-del-nuevo-codigo-de-policia-2017-502964

Ungar. (2017). La corrupción en Colombia. Recuperado el 18 de febrero de 2017 dehttp://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-sociedad/1510-la-corrupcion-en-colombia.html