Lo que el agua se llevó

Por: Lorena Sofía Correa & Nataly Grisales

Tal vez podamos comprar tiempo, pero si no pensamos desde ya en cambiar de estilo de vida, no habrá decreto que valga. Ni vida política.”
-Brigitte Baptiste

Se conoce como Fenómeno de la Niña a la oscilación climática global caracterizada por bajas temperaturas, cambios a gran escala en los vientos sobre el Océano Pacífico, y un enfriamiento de sus aguas provocando un incremento de las lluvias sobre el continente; en el caso de Colombia, las zonas más afectadas por este fenómeno son las Regiones Caribe y Andina. “La Niña” tiende a formarse a mediados de un año y su intensidad máxima se da al finalizar éste, para volver a menguar a mediados del año siguiente. Según el IDEAM, el país experimentó anomalíasen los niveles de precipitación por encima de lo normal en el mes de Marzo de 2010 y en el segundo trimestre del mismo año la situación no cambió: “este mes [Julio] fue el más lluvioso de los julios de los 10 últimos años y en particular en muchas ciudades de las regiones Caribe y Andina se registró el julio más lluvioso de los últimos cuarenta años” (IDEAM Boletín 19, 2010). Aunque en los meses de Agosto y Septiembre se mantuvieron los excesos, en Octubre disminuyeron las precipitaciones para luego incrementarse en el mes de Noviembre; en éste, “se presentaron las precipitaciones más altas de los últimos 40 años en sectores de la Orinoquía” (IDEAM Boletín 19, 2010). El fenómeno de “La Niña” vino a madurar en el mes de diciembre teniendo consecuencias catastróficas para el país.

En el informe de enero presentado por el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres[2] (SNDAP), encargado de evaluar los daños inmediatos de la ola invernal, se presentan cifras que significan la desgracia de alrededor de medio millón de familias y un reto para el gobierno que debe encontrar soluciones a las difíciles situaciones económicas y sociales generadas. Según este informe, el 2011 empezó con 2.220.482 personas afectadas por el invierno, 310 muertos, 289 heridos y 63 desaparecidos. Son 711 los municipios colombianos que se han visto afectados por las lluvias que destruyeron 5.157 viviendas y averiaron otras 325.379, dejando destrucción en el 63,4% del territorio colombiano. La Costa Atlántica, donde las lluvias aumentaron en un 300%, es la zona más afectada por el invierno, y aún cuando las lluvias cesan, las calamidades continúan: las inundaciones duran meses suspendiendo las actividades de la comunidad y deteriorando escuelas, centros de salud, viviendas y carreteras. Alrededor de 380.000 hectáreas dedicadas a la agricultura se vieron fuertemente afectadas y en algunos municipios la totalidad de los cultivos de autosubsistencia se han perdido, despojando a familias enteras de sus fuentes de ingresos y alimentación. Los pueblos que están ahora aislados por los derrumbes o los daños a carreteras experimentan el aumento en los precios de la comida, lo cual obliga a la mayoría de la población a disminuir sus raciones diarias de alimento.

Además, las condiciones de salubridad empeoran con la presencia de aguas estancadas y la ausencia de fuentes de agua potable. Las condiciones de 130.473 damnificados que se alojan en 627 albergues y de las familias que sobreviven con el agua hasta las rodillas son precarias.

La emergencia

Los desastres naturales o catástrofes ambientales son en realidad desastres sociales producto de una mala planeación territorial al no tenerse en cuenta las dinámicas ecológicas. Los fenómenos naturales tales como terremotos, inundaciones, tormentas y huracanes, entre otros, no son responsables en sí mismos de “los desastres” que generan puesto que estos surgen cuando las intervenciones humanas, cualquiera que éstas sean, no tienen en cuenta las consecuencias de dichos fenómenos.

Existe una responsabilidad política, aún cuando ésta no ha querido ser asumida. De un lado, está la responsabilidad que deben asumir las autoridades locales que hicieron caso omiso a las alertas de posibles derrumbamientos (como el caso de Bello en Antioquia) y, de otro lado, está la responsabilidad del Estado y sus instituciones al no cumplir lo establecido por ley respecto a la gestión pública y ambiental.

Las responsabilidades van desde las alcaldías que no hacen cumplir las regulaciones del uso del suelo hasta las corporaciones autónomas regionales, muchas de las cuales han sido convertidas en fortines políticos más dedicadas al clientelismo que a regular el uso del agua. Y en la mitad están aquellos que aprovecharon para apropiarse de las ciénagas y las riberas de los ríos. (La Silla Vacía, Diciembre 2010).

Tal es el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) que no rinden cuentas a ningún otro órgano y cuentan con un presupuesto bastante alto para cumplir su principal función: ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables. Sin embargo, con la emergencia invernal, su papel se ha puesto muy en entredicho ya que su falta de gestión, la malversación del dinero que manejany la ausencia de criterio técnico en la conformación de su personal, influyeron en la magnitud de la catástrofe. A este respecto, el Gobierno está debatiendo cómo reformar las CAR [3] ya que la idea inicial de liquidarlas es imposible dado su origen constitucional.

Desafortunadamente en Colombia no existe un Plan de Ordenamiento Territorial adecuado ni uno de prevención de riesgo y desastres teniendo en cuenta su ubicación geográfica y sus condiciones ambientales, , lo que conlleva a actuar improvisada y erráticamente, a tomar medidas de corto plazo y soluciones a necesidades inmediatas sin nada sólido a futuro; y la tragedia en gran medida se debe a esta situación. Baptiste asegura que se ha creado un esquema de gestión ambiental que garantiza la persistencia de las calamidades. La corrupción, la burocracia y la politiquería no permiten que los procesos de gestión ambiental tengan cabida en la agenda de políticas públicas, o al menos no de la manera como debería y no es suficiente con que estén en el papel. Hay que actuar.

El plan de Reconstrucción

Para esta emergencia invernal, el Gobierno Nacional creó más de 30 decretos de emergencia entre diciembre de 2010 y enero de 2011. El 7 de diciembre el Presidente Santos declaró el “estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública”[4],  el gabinete ministerial se reunió para acordar las medidas que se tomarían frente a la situación y se solicitó ayuda nacional e internacional, la cual respondió positivamente. Diferentes organizaciones sociales, el sector privado y ONG extranjeras acudieron al llamado del Presidente Santos e, incluso, el 17 y 18 de diciembre fue organizada una Teletón[5] apoyada por el Gobierno y otras entidades públicas y privadas, la cual recaudó $5.351.365.322 pesos para los damnificados.

Además se instaló la Sala de Estrategia y Respuesta en el Ministerio del Interior para centralizar la información, y la situación está bajo monitoreo directo de Presidencia por medio de Miguel Peñaloza, alto consejero para las regiones. La Presidencia presentó un plan de acción[6] en el cual el SNPAD se encarga principalmente de las acciones inmediatas y se considera, para el largo plazo, la “identificación de soluciones estructurales por sector” en aspectos como viviendas, vías, educación, salud e infraestructura así como el ajuste de las políticas de gestión del riesgo. Por otro lado, Juan Manuel Santos nombró a Jorge Londoño Saldarriaga como el “zar de la reconstrucción” con una sola meta: reconstruir al país y recuperarlo después de los efectos de La Niña, económica, social e institucionalmente.

El plan de reconstrucción tendrá 3 fases: la asistencia humanitaria de urgencia a unas 330 mil familias, la rehabilitación de escuelas, redes eléctricas, y obras de infraestructura; y la reconstrucción de todo aquello que esté destruido o se haya vuelto inservible[7]. Uno de los mayores retos de este Gobierno será evitar que las ayudas por la emergencia invernal se vuelvan el “caballo de batalla” de las campañas electorales que se adelantarán este año. Además, la misión no sólo supone un importante esfuerzo de planeación, sino también una gran capacidad gerencial. Surgen preguntas como ¿Se tomarán medidas que blinden los recursos para que no se despilfarren o terminen en las garras de gobernantes sin escrúpulos, reinas de belleza o futuros embajadores de románticos países europeos? ¿Cómo hacer que las inversiones creen las soluciones de largo plazo que el país necesita para la prevención de desastres y que no resulten siendo “pañitos de agua tibia”? ¿Será que el presidente Santos y su plan de reconstrucción han contemplado la complejidad de la que habla Baptiste? ¿La gestión pública será capaz de sacudirse la corrupción, y politiquería para llevar a cabo verdaderos actos responsables con el ambiente y la sociedad, y desarrollar un modelo socialmente justo y ecológicamente sostenible?

Es posible que la titánica tarea de reconstruir a Colombia sea también la oportunidad de establecer medidas preventivas que disminuyan los efectos catastróficos de los fenómenos climáticos que se conocen y presentan regularmente en el país y para los cuales debe estar preparado. Tal vez este invierno que llevó a repensar la capacidad de prevención y respuesta a los desastres, sea la coyuntura adecuada para hacer lo que pocas veces se hace en Colombia: actuar correctamente desde el principio, llevar a cabo los proyectos pensando en el largo plazo y no limitarse a las medidas de contingencia que no brindan soluciones verdaderas y, por el contrario, sí ponen en riesgo a la comunidad. Ésta puede ser la oportunidad, no sólo de mejorar la seguridad y calidad de vida de miles de colombianos, sino también de generar la infraestructura de comunicación y transporte que necesitan tanto la agricultura como la industria para mejorar su competitividad y ayudar al desarrollo del país. Si el estado de emergencia sirvió para poner en evidencia la inmensa solidaridad de los colombianos, tal vez también pueda mostrarnos que la corrupción y la politiquería se pueden dejar a un lado a la hora de trabajar para recuperar lo que el agua se llevó.

Nota al pie

  1. Directora del Instituto Alexander von Humboldt.
  2. Ver, Organización Panamericana de la Salud.
  3. La Silla Vacía, Gobierno decidirá cómo se reformarán las CAR
  4. Decreto 4580 de 2010.
  5. Ver, Teletón.
  6. Consejo de Ministros definió plan de acción para enfrentar efectos de temporada invernal
  7. La Silla Vacía, La declaratoria de la Emergencia de Santos:¿Será su Katrina o será su rescate de los mineros?

Bibliografía

  1. IDEAM (4 de septiembre de 2010) Boletín informativo sobre el monitoreo del fenómeno de “La Niña”. Boletín 19, 1-6.
  2. IDEAM (6 de enero de 2011) Boletín informativo sobre el monitoreo del fenómeno de “La Niña”. Boletín 34, 1-7.
  3. La Silla Vacía (2010). ¿Desastres por decreto o decreto por desastre?.
  4. La Silla Vacía (2010). Estos son los dueños de las CAR.
  5. Semana (2011). El zar de la reconstrucción.
  6. La Silla Vacía (2010). La culpa no es sólo de la Niña.
  7. Prevención de Riesgos. Prevención y atención de desastres (Parte 1).
  8. Colombia, Inundaciones 2010. Informa de situación No.10. United Nations Office for de coordination of humanitarian affairs.
  9. Univesidad de Antioquia. La ola invernal y los infantes terribles.