¿ES PECADO LA DEFORESTACIÓN?

¿Es pecado la deforestación?

Juliana Bonilla Rojas

Subdirectora de Logística

Estudiante de Economía

j.bonilla@uniandes.edu.co

Universidad de los Andes

 

Daniela López Charry

Miembro de la subdirección de Logística

Estudiante de Economía

da.lopezc@uniandes.edu.co

Universidad de los Andes

 

La deforestación es un grave fenómeno que nos afecta a todos. Según datos del IDEAM, se estima que en Colombia se han perdido seis millones de hectáreas de bosque -lo equivalente al territorio del departamento de Antioquia- en menos de tres décadas (Semana, 2018). Este hecho ha generado una drástica reducción de la superficie forestal en el territorio, tal como se puede apreciar en la Gráfica 1. En consecuencia, el propósito del presente artículo es discutir cómo lograr una regulación eficiente de la deforestación que afecta a los ecosistemas colombianos y evaluar las causas que ha tenido su auge en las últimas décadas. Para esto, se argumentará que suprimir la deforestación no es el camino hacia un equilibro socialmente óptimo para Colombia.

Gráfica 1. Superficie forestal como porcentaje del área de tierra en Colombia (1990-2018)

Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia.

Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia.

La deforestación no es un fenómeno exclusivo de Colombia; es un fenómeno que se ha venido expandiendo rápidamente en el mundo. Dicha situación excede lo socialmente óptimo debido a que constituye una externalidad negativa. Esto sucede porque los beneficios marginales que obtienen los agentes privados de la tala de bosques no compensan los costes para la sociedad que esta implica. En otras palabras, el daño que genera la tala de bosques a la sociedad en conjunto -costos totales de la degradación y la pérdida de servicios ecosistémicos- supera los potenciales beneficios que de esta obtienen los agentes privados (García, 2011, pp. 1-2).

Dicho fenómeno se debe en parte a que la asignación del suelo se ha hecho de manera poco eficiente, obligando a que gran parte de los ecosistemas nativos se destruyan para llevar a cabo actividades que incrementan el suministro de otros servicios, como los alimentos. Estas asignaciones ineficientes ocasionan que los costos de degradación de los recursos naturales pasen de una generación otra, dado que quienes sufren las consecuencias de la deforestación son las generaciones venideras que no podrán gozar de los servicios ecosistémicos que los bosques brindan. Igualmente, el costo de oportunidad que posee la tierra determina su uso. Así pues, si la demanda por alimentos aumenta, se hace más costoso mantener un bosque en vez de utilizar el terreno para fines agrícolas. Además, el bosque genera bienes que no son transables en el mercado, como, por ejemplo, políticas de conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

No obstante, no se trata de suprimir del todo la deforestación. Si se analiza desde una visión de regulación económica de externalidades, el objetivo es que se mantenga constante el nivel de consumo de bienes y servicios de la población, y que se iguale el costo marginal social al beneficio marginal social. A su vez, para que esto último suceda, se debe asegurar la provisión de alimentos que muchas veces garantiza la deforestación. Por consiguiente, no es óptimo que la deforestación sea cero, porque de esta depende también una parte del bienestar de la sociedad.

Para ejercer una buena regulación ante malas prácticas medioambientales por parte de los agentes privados en los ecosistemas colombianos, es necesario que las entidades públicas resuelvan las dificultades financieras. Debido a que estas dificultades les aquejan para que puedan ejercer un verdadero control bajo igualdad de condiciones con los sujetos afectados por la regulación. No obstante, lo que se observa en la práctica es que el presupuesto para la gestión ambiental fue reducido en un 37,8% para el periodo 2018-2019 (Pardo, 2018).

De acuerdo con Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander Von Humboldt[1], esta falta de presupuesto implica que las labores de investigación referentes a la biodiversidad, en un contexto en el que se tiene una deforestación desbordada, más de 31 millones de hectáreas de zona protegida que necesitan ser gestionadas, y todos los retos que implica el presupuesto se verán gravemente debilitados (Pardo, 2018). Esto a su vez, conlleva a que el país pierda credibilidad en materia de conservación ambiental. Por ejemplo, la entrada del país a la OCDE suponía la implementación de prácticas medioambientales estrictas y sanas, pero en realidad no se ha logrado contener la deforestación. El problema radica en que las inversiones en Colombia se hacen con una visión de corto plazo y, generalmente, para un gobierno no es conveniente invertir en sostenimiento ambiental porque sus frutos se ven en el muy largo plazo. Por consiguiente, la asignación de recursos al manejo medioambiental del país es escaso.

Asimismo, otro problema al que se enfrenta la protección de los recursos forestales del país es la aparente descentralización que existe entre las entidades que se encargan de la gestión de los recursos medioambientales. En palabras de Brigitte Baptiste, las autoridades regionales aparentemente son promotoras de la deforestación. Esto sucede porque las autoridades de departamentos como Guaviare, Arauca, Meta, Casanare y Caquetá, la selva constituye un impedimento para la expansión del territorio habitable y trabajable. De esta manera, evaden sus responsabilidades de protección aduciendo que no tienen la capacidad suficiente para hacerlo, lo cual permite implícitamente que se irrumpa en el bosque y se acabe con él (Pardo, 2018). Lo anterior conlleva a que la unidad de política nacional medioambiental se rompa y la labor de protección se debilite.

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, el nivel óptimo de deforestación no debería ser cero. Con esto en mente, debe evaluarse cuál es el potencial de Colombia respecto al sector maderero, el cual es una puerta al desarrollo económico y se convierte así en una razón más para cambiar la concepción negativa de la tala en el territorio nacional.

Según el Ministerio de Agricultura (2015), Colombia cuenta con un potencial forestal de 24 millones de hectáreas, y a partir de este sector se sostienen aproximadamente 74.000 empleos -la distribución de estos empleos en la actualidad puede apreciarse en la Gráfica 2-. Esto quiere decir que existe una oportunidad clara de comercio y producción que contribuiría al crecimiento del PIB, además de que se podrían generar muchos más empleos en las zonas rurales. No obstante, este potencial no se ha tomado en cuenta a la hora de invertir y desarrollar programas para que los departamentos con bosques puedan utilizar eficientemente dichos recursos, debido a que existe una asociación directa entre la industria maderera y sus derivados con la tala ilegal. Si bien es cierto que el nivel de tala ilegal en el país es elevado, esto no debe ser impedimento para que el gobierno nacional se aleje por completo de este sector productivo de la economía.

Gráfica 2. “Evolución del total de personal ocupado por sector que usa madera (2007-2016)”

Fuente: Ministerio de Agricultura (2015) con datos del DANE-EAM.

Fuente: Ministerio de Agricultura (2015) con datos del DANE-EAM.

La solución es que el Estado debe crear incentivos para que la legalidad sea una constante en el uso de los bosques nacionales. Con mayor inversión, a través de bancos de segundo piso[2] como Finagro y Findeter, es viable que la industria maderera impulse la economía, tanto internamente como a nivel exterior. De acuerdo con Helena García (2016), es vital regular la deforestación ilegal que sí arremete contra el bienestar del ecosistema, y establecer planes de ordenamiento territorial que esclarezcan límites en cuanto a volumen y áreas de tala para fines extractivos saludables. Adicionalmente, en su estudio para Fedesarrollo, García propone que incorporar una cadena de custodia que controle que la madera empleada como bien intermedio para producir bienes finales (de extracción legal) puede construir paulatinamente consciencia. Esto ocurre tanto en el lado de la demanda como en el de los productores, para que la industria se mueva en un ámbito de legalidad y sostenibilidad. Dicha cadena consistiría en instaurar una marca concreta de certificación para madera legal, con la cual se identifique la que es autorizada y que así los consumidores sean responsables del cuidado del ecosistema nacional. Asimismo, se reducirían costos de monitoreo por parte de entidades como la CAR, de ejecución de sanciones mediante trámites judiciales por parte de la fiscalía, y los costos por control y captura por parte de las Fuerzas Armadas. La anterior medida, junto con mayor inversión, son opciones factibles mediante con las cuales se podría llegar a una deforestación adecuada; solo es esencial fortalecer las instituciones y la participación del Estado en la industria.

Finalmente, otro factor importante a tener en cuenta es que Colombia, como país en vía de desarrollo, está pagando las consecuencias de la industrialización de los países desarrollados. La deforestación en el mundo ha crecido exponencialmente desde la Revolución Industrial; los árboles han sido derribados para dar lugar a la agricultura, el desarrollo de ciudades, y la producción de bienes derivados de la madera, cuya demanda es considerablemente alta. Con esta revolución, el manto boscoso de la tierra se ha reducido en una tercera parte. No obstante, los resultados perjudiciales solo se están viendo claramente hoy en día, ya que el cambio climático ha creado una alarma global. Por consiguiente, los países que lograron un desarrollo temprano no tuvieron impedimento alguno en su proceso, a diferencia de países de América Latina que ahora deben resolver grandes problemas de las emisiones de CO2, daños a recursos hídricos, fenómenos climatológicos, entre otros.

Lo anterior quiere decir que el país se encuentra en medio de un trade-off entre explotar su riqueza de recursos naturales y extensión territorial, como se les permitió a los países desarrollados desde la Revolución Industrial, y contribuir a los acuerdos y medidas en pro del medio ambiente que actualmente están en auge alrededor del mundo gracias a organismos multilaterales. No significa que Colombia deba oponerse a la cooperación por la conservación de los ecosistemas para lograr un desarrollo industrial-económico, pero muchas de las iniciativas defensoras del medio ambiente son obstáculos inminentes para que las empresas puedan ser eficientes.

Este es el caso de la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, el cual es liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El cual busca, por un lado, disminuir y desincentivar la tala de bosques por individuos y empresas, y, por otro lado, penalizar con sanciones ejemplares a quienes incurran en estas prácticas de manera no autorizada, con la colaboración de la Procuraduría, Fiscalía y las FFAA (Min. Ambiente, 2018). Lo anterior es un ejemplo de la gran cantidad de entidades y propuestas que se han levantado para frenar la deforestación, y, entre otras medidas, también están el plan de Acción Forestal de FAO, la Convención de Diversidad Biológica y la Convención Marco de Cambio Climático.

Sin embargo, aunque esta lucha que comenzó el mismo gobierno nacional tiene explícitamente un objetivo positivo, detrás de ella existen consecuencias tanto de corto como de largo plazo, las cuales perjudican el desarrollo económico del país. Esto se puede ver en un estudio elaborado por Fedesarrollo, en el cual se explica que las principales causas de la deforestación en Colombia son: la tala ilegal, la minería, el crecimiento demográfico, la infraestructura, la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos y los incendios forestales (García, 2011). Suprimir al amparo de la ley cualquier tipo de deforestación puede representar grandes costos a nivel agregado, y las sanciones legales pueden tener efectos nocivos. Adicionalmente, se podría entrar en una disminución de la competitividad a nivel productivo y comercial.

Es necesario evaluar cuál es en realidad la responsabilidad que tiene Colombia en la crisis ambiental y considerar que, si bien es fundamental contribuir a la preservación del medio ambiente, no se debería perjudicar al país con restricciones ambientales que obstaculicen el desarrollo, adjudicándole toda la carga del daño y la contaminación que produjeron los países desarrollados en su industrialización y proceso de desarrollo económico.

En conclusión, para un país en vía de desarrollo como Colombia, la deforestación no es un ‘pecado’. Por el contrario, es una oportunidad para el desarrollo económico, la cual debe regularse y combinarse con medidas e ideas de desarrollo sostenible respaldadas por el gobierno nacional. Ceder ante todas las exigencias que hoy en día estipulan las organizaciones multilaterales para solucionar todo efecto dañino que por décadas ha sufrido el ecosistema, no es una decisión óptima por parte del Estado, sino que es indispensable aprovechar el potencial del país en cuanto a los recursos forestales y, sin llegar a extremos de sobreexplotación, alcanzar un nivel socialmente eficiente de deforestación que represente una ventaja comparativa para Colombia. La deforestación no debe prohibirse, sino regularse mediante políticas que evalúen el verdadero trade-off entre costo beneficio, teniendo en cuenta el resultado económico, el social y el bienestar del medio ambiente.

Referencias

Deforestación y Reforestación. (s.f). Recuperado de http://infobosques.com/portal/wp-content/uploads/2016/02/deforestacion_reforestacion.pdf

García, H. (2011). Deforestación en Colombia: Retos y perspectivas. Recuperado de https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/337/KAS%20SOPLA_Deforestacion%20en%20Colombia%20retos%20y%20perspectivas.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Ministerio de Agricultura. (2015). Colombia tiene un potencial forestal de 24 millones de hectáreas para explotación comercial. Recuperado de https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Colombia-tiene-un-potencial-forestal.aspx

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). Gobierno crea Consejo Nacional de Lucha contra la deforestación. Recuperado de http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4171-gobierno-crea-consejo-nacional-de-lucha-contra-la-deforestacion

Pardo, T. (2018, agosto 31). “Colombia podría perder credibilidad internacional en medioambiente”. Entrevista a Brigitte Baptiste. El Tiempo. Recuperado de https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/brigitte-baptiste-habla-sobre-deforestacion-fracking-y-recorte-al-presupuesto-ambiental-262934

Revista Semana. (2018). “No hay cómo parar la deforestación”. Recuperado de https://www.semana.com/nacion/articulo/deforestacion-de-la-amazonia-en-colombia-no-hay-como-pararla/585073

 


[1] Instituciones financieras que tratan indirectamente con usuarios de créditos al otorgárselos por medio de otras instituciones financieras.

[2] Instituto de investigación en biodiversidad y servicios ecosistémicos para la toma de decisiones