DE DISTRIBUCIÓN INEQUITATIVA Y LA DEBILIDAD DEL ESTADO

Andrés Dávila
Director Editorial
Asistente de Investigación CEDE
Estudiante de Economía y Gobierno
ao.davila10@uniandes.edu.co
Universidad de Los Andes


La desigualdad espacial que propicia diferencias sistemáticas entre regiones a través del territorio de un país impone dificultades para alcanzar el progreso social de forma generalizada. Todavía más, cuando la desigualdad espacial se nutre de la desigualdad política, es factible que la presencia y autoridad del Estado se distribuya de forma heterogénea en el territorio. Como tal, la desigualdad regional en términos de la presencia y efectividad estatal -que va desde el monopolio de la violencia hasta el cubrimiento de servicios básicos- proviene de un equilibrio político que se retroalimenta de la distribución inequitativa del poder y la debilidad estatal. En este sentido, el propósito del presente ensayo es argumentar que las caracterÍsticas institucionales de un equilibrio de este tipo generan persistencia en las condiciones de desigualdad. Para argumentar esto, se accederá a evidencia en economía política de debilidad estatal, conflicto y corrupción.

Antes que nada, vale la pena acotar un poco la extensión del análisis. Por supuesto, sería irresponsable pensar que el diagnóstico que se pretende realizar goza de validez externa infinita. Los estudios que se tomarán en cuenta son principalmente de casos específicos, que a pesar de que entregan resultados valiosos para ahondar en la intuición de los mecanismos políticos en una sociedad desigual, no dan mucho espacio para el análisis general. Por lo anterior, a fin de justificar el argumento propuesto, nos concentraremos en el caso colombiano. Este es ilustrativo en materia de inequidad regional y política, pues la desigual en la presencia del Estado y sus implicaciones en términos de resultados sociales se ha reproducido a lo largo de la historia en un escenario de desigualdad centro-periferia. El centro ha gozado a lo largo de los años de instituciones más inclusivas, mientras que instituciones extractivas drenan la periferia y propagan un contexto de conflicto y violencia.

Empecemos caracterizando el equilibrio. James Robinson en La miseria en Colombia explica como históricamente la pobreza y la violencia se han concentrado principalmente en la periferia del país, generando un patrón de desigualdad espacial marcado (2016). Esta distribución desigual se debe a que la periferia tiene instituciones económicas más extractivas, que provienen de instituciones políticas que concentran el poder en las élites (Robinson, 2016). Así, se formó un equilibrio de debilidad estatal que se perpetua porque las élites del centro gozan de instituciones más inclusivas y no sienten una amenaza creÍble a las instituciones extractivas de la periferia (Robinson, 2016). Estas instituciones extractivas provienen de una democracia de muy baja calidad con conflicto, fraude, compra de votos, clientelismo, extracción de rentas y ausencia del monopolio de la violencia (Robinson, 2016). El Estado entonces se mantiene extractivo debido a la forma en que funciona la sociedad alrededor de las instituciones y la lógica de las élites tan enfrascada por la concentración del poder político (Robinson, 2016). Esto es parte del equilibrio político colombiano y del porque de la desigualdad regional tan persistente entre el centro y la periferia.

Ahora bien, por el lado de debilidad estatal las explicaciones alrededor de la desigualdad vienen de que el Estado realmente no ha sido capaz de formar el arreglo institucional adecuado para cumplir sus tareas. Esta incapacidad de las instituciones frecuentemente se justifica en su origen histórico o en el contexto político sobre el que operan. Por ejemplo, se ha documentado como la distribución de recursos y la presencia de instituciones extractivas durante el siglo XIX en la periferia persistió en una realidad económica de pobreza, violencia, desplazamiento, menos bienes públicos, derechos de propiedad débiles e instituciones legales frágiles en la actualidad (Fergusson, Molina, Robinson & Vargas, 2017a). Al igual, por el lado de las instituciones políticas, la persistencia del arreglo institucional de la colonia se refleja en la concentración del Estado, el poder político y la autonomía de ejecución en el centro (Fergusson et al, 2017a). Esto evidencia cómo la debilidad del Estado se debe al origen mismo de las instituciones y cómo se ha perpetuado este contexto de instituciones pobres y poco efectivas propiciando desigualdad en el territorio.

Al igual, la estructura política en la actualidad también condiciona la incapacidad del Estado, principalmente por incentivos electorales de los gobernantes de turno. Un ejemplo es como a pesar de que el Estado está en capacidad de acabar con la oposición de grupos armados, los políticos tienen incentivos a no terminar las amenazas a fin de mantener una ventaja electoral (Fergusson, Torvik, Robinson & Vargas, 2016). Esto condiciona la manera en que funciona el Estado en la provisión de un bien público básico como la seguridad. Otro ejemplo es como la inefectividad del Estado en la provisión de bienes públicos -la trampa de bienes públicos- y la disponibilidad de rentas para su extracción, reproducen un Estado en linea con intereses de los políticos, generan conflicto y forman un patrón clientelista en la sociedad (Fergusson, 2017). Esto va de la mano con que los intereses de los políticos juegan un papel fundamental en el alcance del Estado y su asignación espacial.

Por el lado del conflicto, la literatura se ha enfocado en la distribución desigual de la violencia, lo que condiciona la participación política y refuerza la concentración del poder. En general, el argumento se funda en que los políticos de turno pueden tener incentivos para no ejercer el monopolio de la fuerza a totalidad o aplican plataformas de política que desembocan en violencia. Como tal, a pesar de que el monopolio de la violencia sea una condición necesaria para el Estado, los beneficios electorales que ofrecen grupos subversivos que influencian las elecciones disminuyen los incentivos para que políticos electos retomen el monopolio de la fuerza (Acemoglu, Robinson & Santos, 2013). Por ejemplo, para el caso de Colombia, donde los paramilitares pueden ser cohercitivos sobre los resultados electorales, si la coherción entrega votos a favor de un político electo en el ejecutivo, los incentivos a retomar el monopolio de la violencia en zonas paramilitares se contrarrestan con los incentivos electorales (Acemoglu, Robinson & Santos, 2013). Esto condiciona cómo los políticos de turno realizan actos militares en unas zonas y en otras permiten que se desarrolle el escenario de conflicto, generando desigualdad por la ausencia estatal y la violencia.

Por otro lado, la forma en que operan las plataformas de política de un gobierno electo, incluso si este trata de retomar el monopolio de la fuerza, pueden producir incentivos perversos en un escenario de debilidad estatal y pocos contrapesos. Un ejemplo claro de esto es el caso de los falsos positivos, que se generaron de fuertes incentivos para militares que registraran bajas de guerrilleros. Por el lado de la desigualdad, vale la pena resaltar que los falsos positivos se concentraron más en los municipios donde los militares tenían incentivos de ascenso y en las zonas donde los pesos provenientes de instituciones judiciales y civiles eran débiles (Acemoglu, Robinson, Ferguson, Romero & Vargas, 2017), lo que llevó a un equilibrio de desigualdad con violencia.

Finalmente, la corrupción representa un síntoma de un escenario con debilidad estatal y conflicto, hace parte del equilibrio y aporta a la persistencia de la desigualdad. La literatura al respecto se enfoca en analizar cómo las configuraciones clientelistas o corruptas propician escenarios de manipulación de procesos electorales y de baja provisión de bienes públicos. Un caso son las elecciones de partidos políticos poco tradicionales en Colombia, dónde se probó que, ante la carrera política de nuevos partidos motivada en reformas en pro de la inclusión política, los partidos tradicionales reaccionaron incrementando su poder de facto a través de mecanismos cohercitivos, como la violencia paramilitar (Fergusson, Querubin, Ruiz & Vargas, 2017b). Esto propicia desigualdad en la medida en que la concentración del poder se perpetúa ante la posibilidad de manipular elecciones a través de un estilo de corrupción particular, la parapolítica. Asimismo, pone de presente cómo la aplicación de reformas que parecen ser beneficiosas para la competencia electoral no alteran el balance de poderes, tal como se explica teóricamente en Acemoglu y Robinson (2006).

Por otro lado, hay más ejemplos dónde la corrupción no se vale de su interacción con el conflicto para promover la desigualdad, sino del obstáculo a la provisión efectiva de servicios públicos. Por ejemplo, en Colombia se documentó todo un escándalo de cupos en colegios públicos inventados para recibir recursos del gobierno (Fergusson, Harker & Molina, 2018). En general, la creación de estos estudiantes fantasma se explica por las relaciones entre políticos locales y regionales, donde la conexión a posiciones de poder en una red clientelista lleva a un escenario de extracción de recursos (Fergusson et al, 2018). Aquí se muestra cómo el déficit de oferta en un servicio público -la educación- profundiza la desigualdad, pues las zonas en las que se materializan acciones corruptas de este estilo son aquellas con el escenario institucional extractivo que las posibilitan.

Para concluir, vale la pena resaltar que existen políticas que pueden aportar a cambiar el equilibrio y mejorar así las condiciones políticas y económicas. Por ejemplo, avances en la tecnología de las elecciones -como el voto electrónico- pueden mejorar la participación electoral y la importancia de facto de los electores, como sucedió en Brazil (Fujiwara, 2015), contrarrestando la lógica de compra de votos y coherción con violencia. Otra alternativa puede ser utilizar auditorías como fuentes de información para los medios en materia de corrupción, lo que mejoraría también el desempeño electoral y daría espacio para la inclusión política de nuevos partidos que no se registran como clientelistas (Ferraz & Finan, 2008). Por último, incentivar el poder de facto de los grupos con menos poder y motivar la configuración de nodos de participación que aumenten la probabilidad de que se solucione el problema de acción colectiva y se redistribuya el poder de forma más equitativa, puede ser un canal mediante el cual los problemas del conflicto sobre la desigualdad regional se atenúen (Robinson, 2006). A pesar de que estas soluciones están muy concentradas en disminuir la corrupción y no necesariamente el conflicto, sí podrían aportar a contrarrestar la desigualdad regional mejorando las oportunidades de alcanzar un equilibrio de poderes más equitativo, que permita la formación de instituciones políticas menos desiguales y la configuración de instituciones económicas inclusivas que promuevan la igualdad social.

Bibliografía

 

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Fergusson, L., Molina, C., Robinson, J. & Vargas, J. (2017a). The Long Shadow of the Past: Political Economy of Regional Inequality in Colombia. Documentos CEDE.

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