¿QUÉ INFLUENCIA TIENEN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES EN EL TLC CON COLOMBIA?

José Manuel Pérez

Estudiante de la Maestría en Políticas Públicas

Universidad de los Andes

 

Maria Paula Díaz

Estudiante de la Maestría en Economía (PEG)

Universidad de los Andes

 

Para Colombia, el tratado de libre comercio con Estados Unidos -que entró en vigencia el 15 de mayo de 2012- ha desarrollado un papel fundamental al permitir que empresarios colombianos puedan poner sus productos de forma permanente, y bajo condiciones preferenciales, en el mercado estadounidense. Este panorama puede evidenciarse en el informe sobre exportaciones a junio del presente año, de la Oficina de Estudios Económicos, en donde se indica que la participación de Estados Unidos en la balanza comercial de Colombia representa el 41,1% del total de exportaciones a países con acuerdo vigente. Dada la alta participación de este país en el PIB colombiano, surgen una serie de inquietudes sobre qué tanta influencia podría tener el candidato electo, en las próximas elecciones presidenciales norteamericanas, en la balanza comercial colombiana. A continuación, se expone la postura de los candidatos, según el partido que representa cada uno, frente al tema de los tratados comerciales.  Después, se indaga por los pros y contras que podrían existir en materia comercial del hecho de que ganara un partido sobre otro, centrando especial atención en el TLC con Colombia. Finalmente, se exponen las conclusiones a las que se ha llegado.

Para empezar, nos gustaría recordar, brevemente, el panorama de Estados Unidos que precedió a la Gran Depresión. Para 1934, se inaugura la política de acuerdos comerciales a partir de la cual se abría de “par en par sus puertas a las mercancías extranjeras” (Hoselitz, 1944).  Como lo menciona Hoselitz (1944) la filosofía en la que se basaba la política comercial de Estados Unidos estaba guiada por la independencia respecto a las fuentes extranjeras que se podían producir en Norteamérica, y un comercio de exportación grande y creciente.  Resulta importante observar cómo desde ese entonces la balanza comercial tanto en importaciones como en exportaciones ha mantenido un comportamiento creciente a lo largo del tiempo (ver gráfica 1). Aunque parte de la filosofía planteada se ha venido cumpliendo, hoy día la postura frente a la viabilidad de los tratados comerciales no termina de convencer a los partidos tradicionales norteamericanos, factor que se ha convertido en un álgido tema en el debate electoral.

Gráfica 1. Cálculos propios con datos del Census Bureau

Algunos sondeos y estudios realizados por el Pew Research Center y Bloomberg, indican que los votantes republicanos (53%), más que los demócratas (30%), se oponen parcialmente a los tratados comerciales. Aunque en uno más que en otro partido son fuertes las ideas frente a la protección del comercio, el partido demócrata cuenta con los sindicatos como un aliado fundamental en las votaciones (Irwin, 2016). Para las elecciones presidenciales de este año los candidatos son Hilary Clinton, por el partido demócrata, y Donald Trump, por el partido republicano.  A pesar de que existen diferencias en las campañas presidenciales entre ambos candidatos, se podría afirmar que en temas de comercio internacional, los dos están velando por la protección del comercio norteamericano. 

Como lo menciona Douglas Irwin en su artículo de Foreign Affairs, a pesar de que los sindicatos son el aliado principal del partido demócrata, ambos candidatos han ratificado su retórica contra los tratados de libre comercio. Tanto Clinton, como Trump articulan su discurso bajo el argumento del incremento en las cifras de desempleo, además de los salarios bajos de las clases trabajadoras. Sin embargo, Irwin (2016) afirma que uno de los principales factores detrás de la pérdida de trabajo en las fábricas es el desarrollo tecnológico y no el comercio, pues los grandes saltos en productividad y eficiencia son el resultado de la automatización y la innovación tecnológica. Para comprender un poco el por qué de las políticas que apoya uno y otro candidato, a continuación, se analiza el contexto norteamericano actual.

Durante su período de gobierno, el presidente Obama ha centrado la agenda comercial en torno al aumento de las exportaciones y la generación de empleo en la economía doméstica. Como se menciona en el documento The President’s trade agenda, made in America, por cada billón de dólares en exportaciones se soportan entre 5200 y 7000 trabajos para la economía norteamericana (USTR,2015). El informe también muestra la estructura abierta y participativa que tiene la economía de EE.UU. con el comercio internacional; por lo que, en este contexto se enmarca la política comercial multilateral del país, enfocada en establecer acuerdos comerciales que promuevan la entrada de productos y servicios estadounidenses a mercados foráneos que dinamicen la economía doméstica. Sin embargo, las cifras de la balanza comercial del país no han evidenciado cambios sustanciales y estructurales, en cuanto a la relación de importaciones y exportaciones. Esto se evidencia en la gráfica 2 que muestra el comportamiento deficitario estable de la balanza comercial en 2015 y parte de 2016.

Gráfica 2. Fuente: https://www.census.gov/foreign-trade/data/index.html

Igualmente, las cifras de desempleo han disminuido, pero el impacto no ha sido lo suficientemente fuerte para que se refleje en mejores expectativas para la población en general, que sigue reclamando más oportunidades de empleo (ver gráfica 3).

Gráfica 3. Fuente: http://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000

Por tal motivo, la política comercial del gobierno ha sido abiertamente criticada por no responder lo suficientemente bien a los problemas que aquejan a la población. Por tal motivo, esto influye en el discurso de los candidatos presidenciales, que han utilizado este hecho para marcar una menor disposición a apoyar este tipo de acuerdos bilaterales o multilaterales. Dado que los dos candidatos se inclinan por una balanza proteccionista en lugar de favorecer los tratados comerciales, surge la siguiente pregunta ¿existe algún impacto en el Tratado de libre comercio con Colombia, de que gane un candidato frente a otro?

En materia de tratados de libre comercio, Estados Unidos es un socio comercial importante para la balanza comercial colombiana. Ahora bien, es claro que Colombia no es uno de sus principales clientes ni proveedores, como lo es China, Canadá y países de la Unión Europea. Por este motivo, a pesar del panorama poco alentador en tratados comerciales que plantean los candidatos presidenciales, dado que nuestros productos de exportación a Estados Unidos representan menos del 2,3% del total[1] de importaciones del país, se podría afirmar que no existe una fuerte implicación de la política electoral norteamericana en la balanza comercial colombiana.

Por otro lado, es importante tener en cuenta el contexto de las importaciones a nivel mundial, en donde se evidencia que desde octubre de 2014 las compras mundiales empezaron a registrar variaciones negativas, en forma consecutiva; siendo lo corrido del 2016 el período en el cual se evidencia una menor tasa negativa (OMC, 2016).  A pesar de la caída en exportaciones, que responde a un panorama internacional (ver gráfica 4), se podría afirmar que nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos, con poca probabilidad, llegarán a generar un cambio como consecuencia de las elecciones presidenciales. 

Gráfica 4. Importaciones del mundo; Variación Anual. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Se puede constatar que los resultados desde la ratificación en 2012 han sido bastante pobres en relación a la cantidad exportada a Estados Unidos; según el informe sobre exportaciones de la Oficina de Estudios Económicos, disminuyeron en 15.4% respecto al mismo período del 2015 (US$ 2.715,5 millones). Entre algunas de las principales razones figura una caída del 20.3% en el sector de productos de la industria extractiva y de menores exportaciones industriales (-21.5%) con relación al año anterior (Ministerio de Industria y Turismo de Colombia, 2016). Teniendo esto en cuenta, en el corto plazo parece que el TLC no ha sido muy beneficioso para Colombia y que sus resultados en el futuro dependerán de temas como la tasa de cambio, la demanda por materias primas y las dinámicas en el mercado energético. Aunque estas variables no son directamente controlables, ni por Estados Unidos ni por Colombia, el país del norte seguirá promoviendo su política de tratados bilaterales que, como lo establece la agenda del gobierno Obama, impacten en la creación de empleo en la economía local y aumenten las exportaciones.

Para concluir, a pesar de que Hilary Clinton y su contrincante Donald Trump consideran que una serie de medidas proteccionistas podrían ser el motor para frenar el desempleo y los bajos salarios de los trabajadores norteamericanos, no se puede olvidar que Estados Unidos se caracteriza por ser un país convencido de que el comercio promueve el crecimiento económico, la estabilidad social y la democracia en naciones individuales[2]. Por este motivo, y dado que la actividad comercial con Colombia, aunque importante para el país latinoamericano, es pequeña en comparación a la balanza del país norteamericano, se podría afirmar que no existen implicaciones, más allá de las netamente coyunturales, que generen un impacto en el tratado comercial.

Por ahora, queda esperar y observar qué ocurre en los próximos dos meses frente a importantes acuerdos comerciales como el NAFTA (Tratado de libre comercio con Centroamérica) y del TPP (Acuerdo Transpacífico de cooperación económica), además de prestar especial atención al comportamiento de variables macroeconómicas como el comportamiento de la FED, el precio internacional del petróleo y otros energéticos, la demanda de materias primas y el comportamiento de los sectores domésticos. ¿Qué ocurrirá en las elecciones? ¿Quién ganará? Bueno, con el tiempo lo sabremos, pero podremos tener la expectativa de un bajo impacto en nuestra balanza comercial, como resultado de las elecciones presidenciales norteamericanas.

 

Bibliografía

 

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Hoselitz, B. (1944). LA POLITICA COMERCIAL Y EL COMERCIO EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS. El Trimestre Económico, 10(40(4)), 689-710. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/20854583

 

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Pérez, J. (2008) Lecciones americanas. JSTOR. Recuperado el 12 de septiembre de 2016 de http://www.jstor.org.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/stable/pdf/40827462.pdf

 

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[1] Banco Santander, 2016. Cifras del comercio exterior en los Estados Unidos. Recuperado el 16 de septiembre de 2016 de https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/estados-unidos/cifras-comercio-exterior#classification_by_country

 

[2] Banco Santander, 2016. Cifras del comercio exterior en los Estados Unidos. Recuperado el 16 de septiembre de 2016 de https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/estados-unidos/cifras-comercio-exterior#classification_by_country

 

 

IMPLICACIONES ECONÓMICAS DE LAS PROPUESTAS FISCALES DE LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS

 

Helena Suárez

Subdirectora de Edición & Revisión

Estudiante de Economía

Universidad de los Andes

 

Germán Orbegozo

Estudiante de Economía

Universidad de los Andes

 

María Fernanda Rocha

Estudiante de Economía y Administración de Empresas

Universidad de los Andes

 

En las democracias modernas, las elecciones presidenciales marcan un punto de quiebre en la dirección hacía la cual marcha una nación en su búsqueda por el progreso y el bienestar. Más aún, las tendencias políticas y económicas que tiene un candidato presidencial delimitan su campo de acción sobre la sociedad. Así mismo, el planteamiento de las estructuras fiscales de un país incide en la viabilidad de las propuestas de los candidatos y representa la capacidad del gobierno para cumplir lo pactado una vez han sido elegidos. En este orden de ideas, el objetivo de este artículo es presentar las generalidades de las propuestas fiscales de los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, para realizar un análisis respecto a las posibles implicaciones que podrían tener sobre la economía estadounidense. Para esto, primero se expondrá la situación fiscal que deja el gobierno Obama. Luego, se abordará la reforma fiscal propuesta por Donald Trump en el marco de los efectos sobre la economía estadounidense. En seguida, se explicarán las propuestas de Hillary Clinton en materia tributaria y sus respectivas repercusiones. Para concluir, se evaluará cuál de los dos candidatos representa una mejor alternativa en términos de estructura tributaria para los Estados Unidos.

La economía estadounidense ha presentado cifras desfavorables en materia fiscal durante el gobierno de Obama. Este deja una deuda pública que supera el 95% del PIB estadounidense y un país acostumbrado a un gasto público elevado (World Bank Data, 2016). En este orden de ideas, las políticas expansivas del gobierno y los bajos impuestos al consumo implementados durante la administración de Obama, fijan un reto específico para el nuevo presidente de los Estados Unidos. El ganador de las elecciones tendrá que establecer un marco fiscal que permita reducir el déficit presupuestal y la deuda externa con la que inicia su gobierno. Esto sin recortar el gasto destinado a bienes públicos que durante la última década no aumentó las tasas de tributación de manera proporcional.

En primer lugar, Donald Trump plantea una reforma fiscal que tiene como objetivo principal reducir la carga impositiva. Sin embargo, aunque a primera vista esta podría parecer una idea atractiva, vale la pena analizar las posibles implicaciones sobre los hogares, las empresas y el agregado de la economía estadounidense, dado que se espera que el costo económico de la reforma sea alto. De acuerdo a estimaciones del Comité para la Responsabilidad Federal del Presupuesto (CRFC por sus siglas en inglés), la política de impuestos de Trump llevaría a un aumento de la deuda pública de 12 trillones de dólares durante la siguiente década, lo que es igual a un préstamo de 1.2 trillones anuales durante los próximos diez años (2016).

En términos generales, el recorte fiscal planteado por Trump consiste en limitar el nivel de tributación de rentas empresariales al 15% (actualmente se encuentra en 35%) para todas las firmas. Por el lado de los hogares, se busca reducir el número de grupos de impuestos al ingreso de 7 a 3 y aumentar las deducciones impositivas con el fin de reducir el porcentaje de contribución como proporción del salario (actualmente se encuentra en promedio en 31.5%). La justificación del candidato republicano es que al reducir y simplificar el cobro de impuestos se generará crecimiento económico y oportunidades de empleo para los americanos. Sin embargo, las repercusiones, tanto en términos microeconómicos como macroeconómicos, no son tan simples ni absolutas.

 Por una parte, los países necesitan impuestos para funcionar y una disminución en los ingresos del Estado necesariamente implican una contracción del gasto o un aumento en el nivel de deuda pública. De acuerdo a estimaciones del Centro de Política Fiscal (TPC por sus siglas en inglés), el ingreso federal disminuiría en 9.5 trillones de dólares durante la próxima década y 15 trillones de dólares adicionales durante los siguientes diez años (2015), en el escenario en el que Trump pudiera llevar a cabo sus propuestas. En este orden de ideas, para no afectar el balance de las cuentas nacionales se debería realizar un ajuste en la inversión cercano al 20% (TPC, 2015), con un efecto negativo sobre el crecimiento del producto. Sin embargo, de acuerdo a la descripción de la reforma, se espera estimular la inversión en algunos sectores, por ejemplo, en la salud de los veteranos de guerra.  

Desde el punto de vista de las firmas, la reducción en los impuestos corporativos posiblemente promoverá la creación de empresas, al tiempo que desincentivará la propagación de filiales por fuera de los Estados Unidos (Zandi et al, 2016). Por el lado de los hogares, la propensión marginal a consumir aumentaría pues habría más ingreso disponible (Zandi et al, 2016). Ahora bien, los efectos sobre el mercado de trabajo son ambiguos. De acuerdo a Zandi et al (2016), aunque una reducción en los impuestos podría aumentar los incentivos a trabajar, ahorrar e invertir, cuando las personas se sienten más ricas (por ejemplo, como consecuencia de que tienen más ingreso disponible por una menor carga impositiva) trabajan, ahorran e invierten menos.  

Si bien esta es una aproximación bastante amplia sobre las posibles implicaciones tras la aplicación de la reforma tributaria de Trump, en términos generales, se puede concluir que los efectos potenciales sobre el agregado de la economía estadounidense no son alentadores. Sin embargo, las consecuencias en el corto plazo, sobre las firmas y los hogares, podrían llegar a estimular el crecimiento de la economía, vía consumo e inversión. En todo caso, es fundamental tener en cuenta el ambiente político, los diferentes tipos de incentivos y el horizonte temporal del calendario electoral, para entender la esencia de las propuestas del candidato republicano, dado el nivel de complejidad de unas elecciones presidenciales.

Por otro lado, la propuesta fiscal de Hilary Clinton gira alrededor de dos puntos principales, radicalmente opuestos a aquellos planteados por Trump. En primer lugar, la candidata pretende implementar un recargo para los contribuyentes de altos ingresos (millonarios y multimillonarios), aquellos con mayor probabilidad de llevar a cabo encubrimiento de impuestos, para asegurar así la progresividad de la tasa impositiva efectiva. En este sentido, también se plantea cerrar el llamado “sistema fiscal privado” que le permite a los contribuyentes de altos impuestos evitar pagos por medio de lagunas fiscales. En segundo lugar, se espera reformar las normas fiscales internacionales para corporaciones con el fin de evitar que reduzcan su pago de impuestos a través de mecanismos como uniones entre compañías extranjeras. Ahora bien, estos puntos son propuestos con el fin de aumentar el recaudo fiscal para financiar responsablemente varios objetivos políticos que ha planteado la candidata, enfocados hacia la competitividad y la reducción de la desigualdad.

Desde una perspectiva macroeconómica, las propuestas de Clinton repercutirían fuertemente en materia de recaudo fiscal. De acuerdo con estimaciones de Moody’s Analytics, estas propuestas supondrían un aumento de 1,46 trillones de dólares en el ingreso fiscal durante la siguiente década (Zandi et al, 2016). Parte de la propuesta consiste en utilizar estos fondos para la financiación de gastos adicionales del gobierno: trabajos mejor remunerados, infraestructura, educación libre de deudas y recompensas a la investigación e innovación. En este sentido, la candidata propone un sistema fiscal altamente progresivo y enfocado a una participación más activa del Estado. No obstante, se debe tener en cuenta que las medidas que se plantean con el fin de gravar de manera más justa a los hogares de altos impuestos y de cerrar lagunas fiscales podrían hacer del nuevo sistema fiscal uno bastante más complejo y sujeto a menor transparencia, tal como lo resalta Zandi. Esto, tendría repercusiones negativas en el sentido que entorpecería su funcionamiento y añadiría mayores costos de transacción -tanto a los hogares de altos ingresos como a las entidades encargadas del recaudo fiscal-.

Por otro lado, es posible que dichas propuestas incidan sobre la economía norteamericana vía efectos en la demanda agregada, pues aumentos en el recaudo representarían una disminución en el consumo de los hogares. Sin embargo, de acuerdo a Auxier, Burman y Nunns (2016) tres cuartas partes del aumento total en impuestos serían pagadas por los hogares pertenecientes al 1% más alto en ingresos. Así, la fracción que potencialmente podría presentar cambios en el comportamiento de consumo y ahorro es relativamente pequeña respecto al resto de la población y resulta ser poco representativa en el sentido en que puede utilizar sus ahorros e instrumentos financieros para no reducir su nivel de consumo. Ahora bien, el aumento en el gasto público se financiaría con los ingresos provenientes de la reforma fiscal, lo que generaría una expansión de la demanda agregada, pues, de acuerdo con Zandi, “hacia el final de su mandato, el PIB real sería 1,7% más alto de lo que sería bajo la ley actual…” (Zandi et al, 2016).

Así pues, la propuesta fiscal que plantea Clinton incrementaría el recaudo tributario y haría al sistema más progresivo, invirtiendo grandes sumas de dinero en estímulos a la economía. De acuerdo con las estimaciones de Auxier et al (2016), los ingresos federales aumentarían en 1.1 billones de dólares durante los próximos 10 años, lo cual podría reducir futuros déficits y hacer más lenta la acumulación de deuda pública. No obstante, dichas propuestas aumentarían la complejidad del sistema fiscal y reducirían el nivel de trasparencia del mismo, lo cual sería indeseable.

Ahora bien, de acuerdo a estimaciones de Moody’s Analitics, la senda de crecimiento del producto tras la implementación de las propuestas de Trump difiere considerablemente de la senda de crecimiento proyectada para el caso en el que no se presenten cambios en la política tributaria. De hecho, tras la adopción de la reforma fiscal del candidato republicano, el impacto a 10 años es negativo. Si bien se tendría un aumento en el producto tras el primer año de implementación de su política fiscal, en la gráfica 1 se puede apreciar que en el largo plazo el producto estaría por debajo de lo proyectado para la política fiscal actual. En particular, para 2026 el PIB (real) de los Estados Unidos estaría alrededor de 1 trillón de dólares por debajo del PIB (real) esperado para el caso de mantener el régimen fiscal actual. Respecto a las consecuencias en términos de crecimiento de la implementación de las políticas de Hillary Clinton, en la gráfica 2 se observa que para 2026 se tendría un PIB (real) medio trillón de dólares por encima de aquel proyectado para el caso sin el ajuste tributario planteado por la candidata. Si bien el anterior resultado es menos acentuado que aquel estimado para las políticas de Trump, este trae un balance positivo para la economía estadounidense en el largo plazo.

 

 

Finalmente, el análisis presentado anteriormente no ha sido sino un recuento limitado de los planteamientos de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, por lo que está sujeto al grado de implementación de dichas propuestas, así como a la complejidad de la realidad económica. A partir de lo anterior es posible concluir que, a pesar de que las alternativas fiscales de ambos candidatos tendrían repercusiones tanto positivas como negativas sobre la economía estadounidense las propuestas fiscales formuladas por Hilary Clinton se muestran como las más apropiadas a la luz de la teoría económica.

 

Bibliografía

 

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https://www.economy.com/dismal/analysis/free/282184

 

¿Y si los Bogotanos empezamos a contar a la hora de construir ciudad?

Por Christian Medina

Economista

Estudiante de la Maestría en Geografía

[T]he establishment of spatial meanings— the making of spaces into places— is always implicated in hegemonic configurations of power.

Akhil Gupta y James Ferguson (1997)

Quiero en estas líneas poner mi perspectiva sobre la Bogotá de hoy, desde la geografía urbana y bajo la mirada comparativa. Mirada que debe servir para inspirarnos a reflexionar sobre las mejoras que requiere nuestra ciudad para nuestro bienestar y con el fin de dejar de lamentarnos sobre lo que se ha dejado de hacer en décadas pasadas.

La comparación es una metodología común en el urbanismo, siempre estamos mirando a otros lados del globo para ver cómo lidian con problemas que se pueden encontrar a nivel local. Sin embargo, esta comparación en ningún momento debe dar cabida a la obviedad o lanzarse con tono de soberbia, como la suele usar el alcalde Peñalosa. El urbanismo utiliza esta aproximación continuamente, pero queda en los urbanistas y hacedores de política pública escoger con cuidado los elementos que valen la pena de ella y las capacidades del entorno local para apropiar innovaciones sociales o técnicas que intenten dar solución a las problemáticas locales.

Escribo desde otro país, en una ciudad cuyo modelo de manejo de basuras es ejemplo mundial, su sistema de buses, trenes y trolleys es cronometrado y completo. Que disfruta, al igual de Bogotá, de una exuberante belleza natural en su entorno. A su vez, cuenta con numerosos parques, centros recreativos y deportivos que invitan a pasearla a pesar de la lluvia que suele ser el pan de cada día de esta parte del pacífico.

Una ciudad en la que la cultura cívica establece el orden racional de los actores humanos en las vías. El peatón, quien va desprovisto de toda protección y a baja velocidad, es quien debe tener mayor grado de respeto; en seguida se encuentra el ciclista, quien además de estar desprotegido contra un choque de gran alcance, hace un gran esfuerzo físico para impulsarse sobre las calles. Por último están los carros, que respetan las señales de tránsito y deben dar prioridad a los automotores que realizan labores para el bien común: los buses de servicio público, las ambulancias, los carros de bomberos. Para alguien que ha vivido más de 20 años en un lugar en el que la lógica es completamente inversa, cuesta adaptarse al cambio. Más de una vez he parado el tráfico por no entender que debo pasar la calle pues los autos se detienen en mi camino.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Debido a las características ya enumeradas, la creciente economía, el flujo inmigratorio del país y el suave clima que presenta esta costa rodeada de montañas, la ciudad enfrenta la llegada de miles de inversores en bienes raíces y los precios de las viviendas se han hecho imposibles para los trabajadores locales. La ciudad enfrenta un desafío creciente para dar habitación suficiente y a precios razonables para sus ciudadanos. Ello contando con que tiene apenas dos millones y medio de habitantes, esparcidos en un área de casi 3000 kilómetros cuadrados. El “city council” enfrenta el reto escuchando a sus habitantes, tratando de satisfacer sus necesidades y aprovechando al mismo tiempo el boom inmobiliario que le permitiría ampliar su presupuesto de obras públicas absorbiendo al absorber parte de la plusvalía de la tierra y las construcciones.

El gobierno metropolitano hace esfuerzos para tratar de frenar la expansión urbana y redensificar la parte central, pero parece manejar bastante bien el impulso de un desarrollo local con las mejoras en el sistema de transporte que tienen un alto impacto en la calidad de vida de quienes no pueden pagar el costo de vivir cerca del centro de la ciudad.

Miles de argumentos pueden llover para explicar el bienestar social que vive esta urbe si se pone en comparación a la capital de nuestro país: el ingreso nacional, el desarrollo industrial, el nivel de comercio, la educación de sus habitantes, el menor nivel de desigualdad social. De las anteriores condiciones ninguna deja de ser cierta, lo realmente cierto es que la mayoría de comportamientos colectivos que hacen de la ciudad un mejor lugar para vivir no requieren de grandes inversiones en infraestructura y bienes públicos, están cimentadas en el sentido de responsabilidad social de los entes que administran la ciudad y el comportamiento comunitario de los ciudadanos. Ambas circunstancias mencionadas requieren de un sentido de apropiación por lo local y de identificación con el bien común; como lo mencioné con el ejemplo de los peatones, las bicicletas y los carros. Adicionalmente, los habitantes locales no dudan a la hora de reclamar por sus derechos en el consejo, frente a la alcaldía o los edificios de manejo de la ciudad. 

Para dar otro ejemplo del paralelo, si nos detenemos a pensar el orden lógico de la ecuación vial, el ente más desprotegido debe ser quien tiene la prioridad sobre la vía. Las lecciones de civismo y cultura que nos costaron tanto empezar a entender con Mockus a los bogotanos, hoy ya parecen cosa del ayer. En esta ciudad del primer mundo de la que les hablo se reconoce que los comportamientos racionales del colectivo no siempre se dan espontáneamente, las campañas de civismo y comportamiento común para el bienestar parecen estar en boga y son impulsadas por entidades tanto públicas como privadas. Parece que aquí importan todos, no solo quienes están a la cabeza del gobierno o aquellos que viven en la zona más “acomodada” de la ciudad, pobres y ricos tienen la misma responsabilidad de hacer habitable este espacio.

Pero volvamos al panorama amplio, lo que se piensa de la ciudad hacia el futuro. En Bogotá vemos con cierta parsimonia el avance de la segunda urbe más grande del país, Medellín, donde el gusto por lo local, la simpatía por la ciudad y el placer por ser ejemplo y atraer el turismo parecen dejar huella en la mejora del espacio y, por ende, en las vidas de quienes lo habitan y quienes lo visitan. Así mismo, vemos como la ciudad de Quito está ad portas de inaugurar su primera línea de metro. Una urbe con condiciones socio-ambientales mucho más parecidas a las de nuestra ciudad pero con dos millones y medio de habitantes alojados en 352 kilómetros cuadrados. Bogotá, con casi ocho millones de habitantes en su núcleo urbano, está contenida en aproximadamente 308 kilómetros cuadrados y dista de Quito en la complejidad de maniobrar una ciudad muchísimo mas densa en un país más desigual, aunque claramente cuenta con un presupuesto mucho más grande, difícil explicar la falta de este sistema de transporte esencial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Las respuestas a los retos en urbanismo y civismo que necesita la ciudad son sumamente limitadas y los habitantes nos quedamos esperando a ver cuál es el siguiente “mesías” que ha de llegar a poner en orden la ciudad. No nos interesa en lo más mínimo lo que pasa en el gobierno local y nos da lo mismo si botan basura al río que pasa al lado de la casa o si el sistema de basuras está o no favoreciendo a las miles de personas que viven de clasificar las basuras que nosotros negligentemente obviamos separar y que con un simple gesto podríamos hacer su valioso trabajo más fácil.

Pareciese que el alcalde tiene a su libre albedrío decidir sihace o no vivienda de interés social en el centro de la ciudad, si hace o no el metro que necesita la ciudad o si quiere hacer una ciudad más expandida por la sabana o redensificada en el centro. Si la carrera séptima se vuelve hoy un parque urbano, mañana un paseo urbano o pasado mañana una avenida o el corredor principal del metro parece ser algo que compete a la administración de paso, no tiene necesidad de integrarse a un plan urbano de largo plazo o tener algo más que el apoyo partidario en un consejo que poco se hace notar o tiene en cuenta las opiniones de los ciudadanos. En la ciudad donde me encuentro las audiencias del consejo de la ciudad son públicas, cualquier ciudadano puede ir a la asamblea y exponer sus ideas, sus reflexiones u opiniones sobre los temas que se debaten, encontrando soluciones o explicaciones a sus dudas.

Desde luego mi mirada puede parecer periférica y distante. Pero desde aquí, creo firmemente que lo que nos hace falta en la ciudad es un sentido de comunidad, un sentido de pertenencia básico. Pero ese sentido no surge espontáneamente de los residentes de esta ciudad, es el fruto de una serie de comportamientos de lo que es socialmente aceptado y de lo que la mayoría considera correcto. Un proceso de educación ciudadana que debe alentarnos a reclamar aquellas cosas que son vitales para tener un bienestar mínimo en la ciudad. Un sistema de transporte suficiente y eficiente y la oportunidad de tener una vivienda a un precio razonable son ejemplos de las más grandes luchas que les faltan por dar a los residentes de Bogotá. Sin embargo, la indiferencia o la indignación parecen limitadas o se reducen a la posición frente a la figura de poder.

Si no tenemos ningún tipo de relación con nuestro espacio de vivienda, de trabajo, con nuestra ciudad y sus espacios públicos, jamás nos vamos a interesar por la mejora de las condiciones de la vida en comunidad. La planeación no debe ser cuestión del partido de turno o la figura del momento, quienes vivimos en la ciudad tenemos derecho a opinar. Los jóvenes que nos preguntamos si algún día podremos acceder a una vivienda propia tenemos capacidad de opinar y derecho de involucrarnos en lo que sucede en el gobierno de la ciudad.

La universidad es ciertamente uno de los lugares en los que la educación debe ser gestora de la mejora de la vida en comunidad y la importancia del bienestar común. A través de la enseñanza, a través de las interacciones con las personas alrededor del campus e impulsando el interés por los asuntos urbanos de sus estudiantes. Es muy agradable ver como los miembros del consejo de esta ciudad del primer mundo saben que son iguales que el resto de ciudadanos, que las buenas o malas decisiones que toman impactan en la calidad de vida de sus familiares, vecinos y los inmigrantes que llegan cada día. Es interesante ver como a los miembros de la universidad que visito se les pregunta qué opinan de los proyectos de construcción alrededor de la universidad y se les invita a participar en proyectos de investigación e innovación en conjunto con el gobierno de la ciudad y los barrios aledaños al campus.

La Universidad de los Andes, nunca podrá estar de cara al país mientras no gire la vista a su barrio y a su ciudad, lo cual no se limita a la generación de un proyecto de redesarrollo urbano. La construcción del espacio público y por ende de la vida en comunidad es un juego de poderes, como lo enuncia Don Mitchell en su libro The right to the city (2003), pero si los jugadores no se interesan en ella a quiénes le estamos consignando la libertad de decisión, ¿a aquellos que no saben discernir entre los beneficios del bienestar común sobre el bienestar individual? (Cárdenas, 2009, p.12).

Referencias:

Mitchell, D. (2003). The right to the city: Social justice and the fight for public space. New York: Guilford Press.

Cárdenas, J. C. (2009). Dilemas de lo colectivo: Instituciones, pobreza y cooperación en el manejo local de los recursos de uso común. Bogotá: Universidad de los Andes - CEDE.