En busca del Dorado

La preocupación sobre el multimillonario mega proyecto, que sobrepasa los seiscientos cincuenta millones de dólares, es evidente ante el retraso que han presentado las obras por enredos jurídicos.

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Tren Cercanías: cada vez más lejos

Los retrasos en la apertura de la licitación, la prevaleciente moratoria de los organismos que encabezan el proyecto y la carente organización del mismo han hecho que el tren de cercanías esté lejos de llegar a su destino final.

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La globalización del fútbol

 La popularidad del fútbol genera una oportunidad de análisis sobre la forma en que el mayor espectáculo del mundo se ha visto influenciado por la globalización económica de las últimas décadas.

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Más días sin carro, ¿para qué?

 No es un secreto que el transporte público de la capital tiene grandes deficiencias y que el día sin carro las hace más evidentes.  En consecuencia, las personas que dejaron su auto para aventurarse a tomar el Transmilenio en hora pico vivieron en carne propia lo que suelen observar desde el asiento del conductor:

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Lo que el agua se llevó

Por: Lorena Sofía Correa & Nataly Grisales

Tal vez podamos comprar tiempo, pero si no pensamos desde ya en cambiar de estilo de vida, no habrá decreto que valga. Ni vida política.”
-Brigitte Baptiste

Se conoce como Fenómeno de la Niña a la oscilación climática global caracterizada por bajas temperaturas, cambios a gran escala en los vientos sobre el Océano Pacífico, y un enfriamiento de sus aguas provocando un incremento de las lluvias sobre el continente; en el caso de Colombia, las zonas más afectadas por este fenómeno son las Regiones Caribe y Andina. “La Niña” tiende a formarse a mediados de un año y su intensidad máxima se da al finalizar éste, para volver a menguar a mediados del año siguiente. Según el IDEAM, el país experimentó anomalíasen los niveles de precipitación por encima de lo normal en el mes de Marzo de 2010 y en el segundo trimestre del mismo año la situación no cambió: “este mes [Julio] fue el más lluvioso de los julios de los 10 últimos años y en particular en muchas ciudades de las regiones Caribe y Andina se registró el julio más lluvioso de los últimos cuarenta años” (IDEAM Boletín 19, 2010). Aunque en los meses de Agosto y Septiembre se mantuvieron los excesos, en Octubre disminuyeron las precipitaciones para luego incrementarse en el mes de Noviembre; en éste, “se presentaron las precipitaciones más altas de los últimos 40 años en sectores de la Orinoquía” (IDEAM Boletín 19, 2010). El fenómeno de “La Niña” vino a madurar en el mes de diciembre teniendo consecuencias catastróficas para el país.

En el informe de enero presentado por el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres[2] (SNDAP), encargado de evaluar los daños inmediatos de la ola invernal, se presentan cifras que significan la desgracia de alrededor de medio millón de familias y un reto para el gobierno que debe encontrar soluciones a las difíciles situaciones económicas y sociales generadas. Según este informe, el 2011 empezó con 2.220.482 personas afectadas por el invierno, 310 muertos, 289 heridos y 63 desaparecidos. Son 711 los municipios colombianos que se han visto afectados por las lluvias que destruyeron 5.157 viviendas y averiaron otras 325.379, dejando destrucción en el 63,4% del territorio colombiano. La Costa Atlántica, donde las lluvias aumentaron en un 300%, es la zona más afectada por el invierno, y aún cuando las lluvias cesan, las calamidades continúan: las inundaciones duran meses suspendiendo las actividades de la comunidad y deteriorando escuelas, centros de salud, viviendas y carreteras. Alrededor de 380.000 hectáreas dedicadas a la agricultura se vieron fuertemente afectadas y en algunos municipios la totalidad de los cultivos de autosubsistencia se han perdido, despojando a familias enteras de sus fuentes de ingresos y alimentación. Los pueblos que están ahora aislados por los derrumbes o los daños a carreteras experimentan el aumento en los precios de la comida, lo cual obliga a la mayoría de la población a disminuir sus raciones diarias de alimento.

Además, las condiciones de salubridad empeoran con la presencia de aguas estancadas y la ausencia de fuentes de agua potable. Las condiciones de 130.473 damnificados que se alojan en 627 albergues y de las familias que sobreviven con el agua hasta las rodillas son precarias.

La emergencia

Los desastres naturales o catástrofes ambientales son en realidad desastres sociales producto de una mala planeación territorial al no tenerse en cuenta las dinámicas ecológicas. Los fenómenos naturales tales como terremotos, inundaciones, tormentas y huracanes, entre otros, no son responsables en sí mismos de “los desastres” que generan puesto que estos surgen cuando las intervenciones humanas, cualquiera que éstas sean, no tienen en cuenta las consecuencias de dichos fenómenos.

Existe una responsabilidad política, aún cuando ésta no ha querido ser asumida. De un lado, está la responsabilidad que deben asumir las autoridades locales que hicieron caso omiso a las alertas de posibles derrumbamientos (como el caso de Bello en Antioquia) y, de otro lado, está la responsabilidad del Estado y sus instituciones al no cumplir lo establecido por ley respecto a la gestión pública y ambiental.

Las responsabilidades van desde las alcaldías que no hacen cumplir las regulaciones del uso del suelo hasta las corporaciones autónomas regionales, muchas de las cuales han sido convertidas en fortines políticos más dedicadas al clientelismo que a regular el uso del agua. Y en la mitad están aquellos que aprovecharon para apropiarse de las ciénagas y las riberas de los ríos. (La Silla Vacía, Diciembre 2010).

Tal es el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) que no rinden cuentas a ningún otro órgano y cuentan con un presupuesto bastante alto para cumplir su principal función: ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables. Sin embargo, con la emergencia invernal, su papel se ha puesto muy en entredicho ya que su falta de gestión, la malversación del dinero que manejany la ausencia de criterio técnico en la conformación de su personal, influyeron en la magnitud de la catástrofe. A este respecto, el Gobierno está debatiendo cómo reformar las CAR [3] ya que la idea inicial de liquidarlas es imposible dado su origen constitucional.

Desafortunadamente en Colombia no existe un Plan de Ordenamiento Territorial adecuado ni uno de prevención de riesgo y desastres teniendo en cuenta su ubicación geográfica y sus condiciones ambientales, , lo que conlleva a actuar improvisada y erráticamente, a tomar medidas de corto plazo y soluciones a necesidades inmediatas sin nada sólido a futuro; y la tragedia en gran medida se debe a esta situación. Baptiste asegura que se ha creado un esquema de gestión ambiental que garantiza la persistencia de las calamidades. La corrupción, la burocracia y la politiquería no permiten que los procesos de gestión ambiental tengan cabida en la agenda de políticas públicas, o al menos no de la manera como debería y no es suficiente con que estén en el papel. Hay que actuar.

El plan de Reconstrucción

Para esta emergencia invernal, el Gobierno Nacional creó más de 30 decretos de emergencia entre diciembre de 2010 y enero de 2011. El 7 de diciembre el Presidente Santos declaró el “estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública”[4],  el gabinete ministerial se reunió para acordar las medidas que se tomarían frente a la situación y se solicitó ayuda nacional e internacional, la cual respondió positivamente. Diferentes organizaciones sociales, el sector privado y ONG extranjeras acudieron al llamado del Presidente Santos e, incluso, el 17 y 18 de diciembre fue organizada una Teletón[5] apoyada por el Gobierno y otras entidades públicas y privadas, la cual recaudó $5.351.365.322 pesos para los damnificados.

Además se instaló la Sala de Estrategia y Respuesta en el Ministerio del Interior para centralizar la información, y la situación está bajo monitoreo directo de Presidencia por medio de Miguel Peñaloza, alto consejero para las regiones. La Presidencia presentó un plan de acción[6] en el cual el SNPAD se encarga principalmente de las acciones inmediatas y se considera, para el largo plazo, la “identificación de soluciones estructurales por sector” en aspectos como viviendas, vías, educación, salud e infraestructura así como el ajuste de las políticas de gestión del riesgo. Por otro lado, Juan Manuel Santos nombró a Jorge Londoño Saldarriaga como el “zar de la reconstrucción” con una sola meta: reconstruir al país y recuperarlo después de los efectos de La Niña, económica, social e institucionalmente.

El plan de reconstrucción tendrá 3 fases: la asistencia humanitaria de urgencia a unas 330 mil familias, la rehabilitación de escuelas, redes eléctricas, y obras de infraestructura; y la reconstrucción de todo aquello que esté destruido o se haya vuelto inservible[7]. Uno de los mayores retos de este Gobierno será evitar que las ayudas por la emergencia invernal se vuelvan el “caballo de batalla” de las campañas electorales que se adelantarán este año. Además, la misión no sólo supone un importante esfuerzo de planeación, sino también una gran capacidad gerencial. Surgen preguntas como ¿Se tomarán medidas que blinden los recursos para que no se despilfarren o terminen en las garras de gobernantes sin escrúpulos, reinas de belleza o futuros embajadores de románticos países europeos? ¿Cómo hacer que las inversiones creen las soluciones de largo plazo que el país necesita para la prevención de desastres y que no resulten siendo “pañitos de agua tibia”? ¿Será que el presidente Santos y su plan de reconstrucción han contemplado la complejidad de la que habla Baptiste? ¿La gestión pública será capaz de sacudirse la corrupción, y politiquería para llevar a cabo verdaderos actos responsables con el ambiente y la sociedad, y desarrollar un modelo socialmente justo y ecológicamente sostenible?

Es posible que la titánica tarea de reconstruir a Colombia sea también la oportunidad de establecer medidas preventivas que disminuyan los efectos catastróficos de los fenómenos climáticos que se conocen y presentan regularmente en el país y para los cuales debe estar preparado. Tal vez este invierno que llevó a repensar la capacidad de prevención y respuesta a los desastres, sea la coyuntura adecuada para hacer lo que pocas veces se hace en Colombia: actuar correctamente desde el principio, llevar a cabo los proyectos pensando en el largo plazo y no limitarse a las medidas de contingencia que no brindan soluciones verdaderas y, por el contrario, sí ponen en riesgo a la comunidad. Ésta puede ser la oportunidad, no sólo de mejorar la seguridad y calidad de vida de miles de colombianos, sino también de generar la infraestructura de comunicación y transporte que necesitan tanto la agricultura como la industria para mejorar su competitividad y ayudar al desarrollo del país. Si el estado de emergencia sirvió para poner en evidencia la inmensa solidaridad de los colombianos, tal vez también pueda mostrarnos que la corrupción y la politiquería se pueden dejar a un lado a la hora de trabajar para recuperar lo que el agua se llevó.

Nota al pie

  1. Directora del Instituto Alexander von Humboldt.
  2. Ver, Organización Panamericana de la Salud.
  3. La Silla Vacía, Gobierno decidirá cómo se reformarán las CAR
  4. Decreto 4580 de 2010.
  5. Ver, Teletón.
  6. Consejo de Ministros definió plan de acción para enfrentar efectos de temporada invernal
  7. La Silla Vacía, La declaratoria de la Emergencia de Santos:¿Será su Katrina o será su rescate de los mineros?

Bibliografía

  1. IDEAM (4 de septiembre de 2010) Boletín informativo sobre el monitoreo del fenómeno de “La Niña”. Boletín 19, 1-6.
  2. IDEAM (6 de enero de 2011) Boletín informativo sobre el monitoreo del fenómeno de “La Niña”. Boletín 34, 1-7.
  3. La Silla Vacía (2010). ¿Desastres por decreto o decreto por desastre?.
  4. La Silla Vacía (2010). Estos son los dueños de las CAR.
  5. Semana (2011). El zar de la reconstrucción.
  6. La Silla Vacía (2010). La culpa no es sólo de la Niña.
  7. Prevención de Riesgos. Prevención y atención de desastres (Parte 1).
  8. Colombia, Inundaciones 2010. Informa de situación No.10. United Nations Office for de coordination of humanitarian affairs.
  9. Univesidad de Antioquia. La ola invernal y los infantes terribles.

Querido Watson: ¡estás despedido!

Por: Eduardo García Echeverri

Es un error capital teorizar sin poseer datos. Insensiblemente se comienzan a deformar hechos para que encajen en teorías, en lugar de encajar teorías en los hechos.”
-Sherlock Holmes

Sonrojada, como el doctor Watson, debería estar la economía en muchos campos ante esta aguda crítica del legendario detective inglés. Hemos desgastado nuestros sesos resolviendo las más indómitas ecuaciones diferenciales, desempolvando los más recónditos teoremas para nuestras exóticas disertaciones numéricas; hemos axiomatizado más que ninguna otra ciencia social, incluso ganándole a algunas ciencias naturales, hemos demostrado, teorizado, optimizado, conjeturado. Hemos sudado. Es innegable que este trajín ha traído grandiosos avances en diversas áreas, no obstante, hemos de reconocer, en otras sólo ha dejado tableros bellamente decorados. Seguramente como esta columna bellamente decorará una revista. ¿Ha valido tanto esfuerzo?

En este artículo quiero traer como ejemplo el tema del desempleo. Son muchísimas las cosas, elementales mi querido Watson, que no conocemos de él. Comenzando el bochornoso inventario, no existe un indicador de síntesis que mida cuál es la desincronización de nuestros centros de estudios y las empresas demandantes de mano de obra. Esto es: qué tanto se corresponden las vacantes que tienen/crean las empresas cada año con el número de egresados en las distintas áreas. Sabrán los astros. Existen indicadores, como la tasa de desempleo por carrera, que se calculan muy esporádicamente, rara vez para todas las carreras, rara vez en Colombia, y que abordan el problema de manera indirecta. Una propuesta heurística y a lo mejor un poco ingenua sería: tomar los excesos porcentuales de oferta o demanda en cada área (según egresados y vacantes creadas anualmente), sumarlos ponderados por el peso de cada oficio en la masa de egresados y voilà: Habemus Indicador. Este sería una variable de flujo anual que oscilaría entre 0, perfecta sincronía entre centros de estudio (incluyendo la universidad de la vida) y firmas, y 1 en caso de nula coincidencia entre dichos. Su variable stock vendría de un proceso análogo, tomando todas las vacantes y egresados disponibles por oficio en una economía, calculando sus respectivos excesos de oferta o demanda y sumarlos ponderados por su respectivo peso en el mercado laboral. Encontrar información de las vacantes requeriría una encuesta empresarial de magnitud similar a la de hogares, y, como de Supuestos a The Economist hay unos cuantos millones de lectores, probablemente pase algún tiempo. No obstante, para probar que lo que se propone no es una quimera, invito al lector a que ingrese al empleo.com y constate que existen los datos en bruto de vacantes para un sinnúmero de oficios. Estos constituyen una mina hasta ahora inexplorada de potenciales indicadores. Conan Doyle nos aplaudiría.

Una virtud adicional de este indicador es que esclarecería el problema del desempleo friccional, ya que nos diría, a grosso modo, cuántas de estas vacantes podrían ser ocupadas por la fuerza laboral desempleada. Dándole un uso crítico a la imaginación, podríamos calcular una hipotética tasa de desempleo asumiendo que estas vacantes se llenaran.

Otro indicador útil sería uno que estimara qué porcentaje de trabajos son susceptibles a salarios de eficiencia y en qué medida. Con esto se podrían ponderar y calibrar los modelos existentes dentro de todo el mercado laboral. Basados en ciertos oficios podríamos estimar los parámetros específicos del modelo en cuestión (véase Ball y Romer por ejemplo) y así darle una pulida empírica a éste. Son muchas ideas para tan pocas palabras, pero quizás en un futuro no hablemos del desempleo, sino de los desempleos, el friccional, de salario mínimo, de eficiencia, etc con mucha mayor propiedad cuantitativa de la que se tiene hasta ahora. En conclusión las pistas a este caso parecen no estar sólo en los tableros mi querido Watson.

Minería sostenible, el caso de la minería aurífera en Nariño

Por: Freddy Pantoja Timarán & Aida Mercedes Delgado Martínez

Con la finalidad de promoverla transformación de la pequeña minería en Colombia en un emprendimiento socialmente responsable, “de modo amigable con el medio ambiente, el entorno cultural y el beneficio colectivo”[1], y que contribuya al mejoramientode  la calidad de viday de trabajo de los mineros y sus familias, se adelantan, en la actualidad, en el departamento de Nariño, dos proyectos de desarrollo minero liderados por la Universidad de Nariño y la Corporación Autónoma Regional de Nariño (CORPONARIÑO):

  • Ruta del Oro del Suroccidente de Colombia, sector Nariño: Es uno de los trece proyectos que se ejecutan, desde el año 2007, dentro del marco del Proyecto Internacional “Rutas de Minerales de Iberoamerica-RUMYS del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo-CYTED en Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Perú, México, Honduras, España y Portugal.
  • Proyecto Piloto de Comercio Justo de Oro: Es uno de los siete proyectos piloto que impulsa, desde el año 2006, la Alianza Mundial por la Minería Responsable-ARM en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Esta iniciativa es apoyada por la Fairtrade Labelling international-FLO

Ruta del Oro del Suroccidente de Colombia, Sector Nariño

Es una oportunidad sostenible que articula, de una manera real, el patrimonio geológico minero y la riqueza en biodiversidad. Es promovida por diferentes actores sociales e institucionales del departamento de Nariño, siendo el eje principal la región aurífera de La Llanada – El Tambo, (véase mapa de municipios mineros), con proyección haciaMallama, Santacruz-Guachaves, Samaniego, Los Andes y Cumbitara.

Para la puesta en marcha de esta Ruta se consideran las principales riquezas que posee el territorio como lo son el patrimonio geológico minero, la biodiversidad y la cultura asociada a éstas. El primero aporta las historias, mitos y leyendas que se han originado alrededor del trabajo de miles de mineros a través de cientos de años en el aprovechamiento de los metales preciosos. Con relación al patrimonio natural, Nariño es parte de tres ecosistemas de importancia internacional: el Pacífico, el Amazónico y el Andino, a éste último pertenece la región minera de La Llanada-El Tambo.

En términos generales, con la “Ruta del Oro de Nariño” se busca:

  • Convertir el proyecto en un dinamizador del desarrollo local a nivel social, económico y cultural de La Llanada-El Tambo y municipios mineros vecinos.
  • Optimizar los servicios turísticos y capacitar a las comunidades en la oferta de éstos.
  • Ofrecer y divulgar las experiencias y conocimientos científicos y tecnológicos desarrollados en el sector minero de Nariño, relacionados con la minería del oro y los recursos naturales y ambientales asociados.
  • Fomentar la protección y defensa de los recursos naturales y el medio ambiente.
  • Transformar el conjunto de instalaciones patrimoniales geológico-mineras y del entorno natural, en un espacio sociocultural.

Una vez establecida la Ruta,  el visitante puede escoger recorridos por las galerías subterráneas, los molinos antioqueños y californianos, la planta de beneficio, el taller-escuela de orfebrería, el establecimiento de fundición de oro y, en el futuro, un museo especializado. En el trayecto a La Llanada, en la población de Sotomayor, se puede visitar el Centro Ambiental Minero de CORPONARIÑO.

Municipios de la Ruta del Oro

Simultáneamente con el recorrido hacia las minas se pueden visitar sitios de interés natural y geológico como cascadas, ríos, cañones y depresiones topográficas. Para el pleno disfrute de la riqueza en biodiversidad y de los sitios con potencial turístico se mejorarán los servicios implementando senderos ecológicos, miradores, observatorios de fauna, sitios de conservación de flora en parcelas silvícolas, mariposarios, orquidiarios y, en el mediano plazo, se fomentará el desarrollo de deportes extremos como parapente, canotaje, canopy, puenting, entre otros.

Proyecto Piloto de Comercio Justo de Oro

La Organización Internacional de Comercio Justo (Fairtrade Labelling Organizations International-FLO) y la Alianza por la Minería Responsable-ARM acordaron implementar, en 2009, una iniciativa común para el uso del sello conjunto “Fairtrade y Fairmined”  para oro y metales preciosos asociados producidos por los mineros artesanales y de pequeña escala.

ARM tiene como objeto social la creación de estándares para una minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) responsable; apoya a los productores para que obtengan la certificación social y ambiental para oro y metales preciosos asociados; y facilita su acceso a mercados éticos y de comercio justo. Todo esto con la finalidad de promoverla transformación de la MAPE en una empresa social y ambientalmente responsableque contribuya, al tiempo, al mejoramientodela calidad de vida de los mineros, sus familias y sus comunidades.

FLO es una organización líder en la creación del Comercio Justo; se encarga de especificarlos estándares del sistema, promovery apoyar el empoderamiento de los productores a través de la certificación, y capitalizar las oportunidades y acceso a los mercados mundiales.

El fortalecimiento de las capacidades organizativas y tecnológicas para acceder a la certificación de Comercio Justo de Oro ha sido apoyado financieramente por FLO de Inglaterra y SOLIDADRIDAD Y NOVIB-OXFAM de los Países Bajos.

Las regiones mineras de Cumbitara y La Llanada que constituyen el Proyecto Piloto de Nariño apuestan por la certificación de Comercio Justo dentro del marco de una Red de pequeños productores mineros y de organizaciones de apoyo local y regional deBolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Para representar a los mineros de estas zonas, se creó una organización sombrilla denominada “Asociación por la Minería Responsable y Comercio Justo del Suroccidente de Colombia-ASOMIRCOL” que congrega a los mineros de la Cooperativa del Distrito Minero de La Llanada y de la Asociación de Pequeños Mineros de Cumbitara.

Hasta el momento, se han dado los pasos fundamentales para el cumplimiento de los criterios de certificación, plasmados en el “Estandar Cero” de ARM-FLO y se han aplicado diferentes herramientas técnicas de planificación y gestión que han dado como resultado diversos documentos: el perfil del Piloto, línea base, costos de producción, mapa de la cadena productiva y evaluación de puntos críticos, expansión del Comercio Justo en Nariño,  sistema de gestión de la calidad y propuesta de arreglo organizativo para el piloto de Nariño.

Asimismo, se cuenta con comunidades mineras sensibilizadas, informadas y dispuestas a trabajar en el Programa de Comercio Justo de Oro y con dospequeñas minas: “El Canadá” de La Llanada y “La Esperanza” de Cumbitara, las cuales han avanzado en los componentes de seguridad laboral y social, medio ambiente y comercialización. Igualmente, las dos minas han mejorado la tecnificación de sus procesos de extracción y beneficio.

En suma, se tiene que a través de estas iniciativas se busca articular la extracción del metal precioso a procesos sostenibles que, aprovechando las potencialidades del territorio, permitan mejorar de modo notable las condiciones de vida de quienes participan de la MAPE y de las comunidades directa e indirectamente involucradas.

Nota al pie

PNUD; comunicado sobre la entrega del Premio SEED en Desarrollo Sostenible a Oro Verde (para mayor información visitar esta página).

Universidad de Nariño.

Corporación Autónoma Regional de Nariño.

Fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato: ¿solución o catástrofe?

Por: Nataly Grisales, Federico Alberto Merchán & Andrés Fernando Sánchez

Las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato han sido un tema polémico para Colombia. Esta forma de lucha contra el narcotráfico es fuertemente cuestionada por su posible daño al medio ambiente y a la salud de los habitantes de la región donde se fumiga, y por su baja efectividad en disminuir las hectáreas sembradas con hoja de coca y amapola, mientras es causa de desplazamiento. El debate se aviva al ver que los estudios que buscan comprobar la veracidad de tales consecuencias resultan ambiguos y cuando se tiene en cuenta que cualquier información obtenida intenta defender intereses particulares. La labor del artículo se centra entonces en analizar argumentos de ambas posiciones en la discusión y permitir al lector elegir aquella que considere convincente.

Daño Ambiental

Con el fin de hacer una evaluación ambiental de los efectos del glifosato se requiere hacerun análisis costo-beneficio sobre si el medio ambiente sufre más sólo con el narcotráfico, o con la coexistencia del narcotráfico y de las fumigaciones que se proponen combatirlo. Durante las distintas etapas de la cadena productiva que involucra la comercialización de drogas, el medio ambiente es una de las principales víctimas. En la etapa del cultivo, la deforestación de los bosques tropicales que se requieren para las plantaciones decoca y amapola han arrasado con buena parte de las selvas tropicales colombianas. Según la vicepresidencia, entre 1987 y 1998 se destruyeron 425.000 hectáreas, alrededor de 152 millones de toneladas de biomasa a causa de esta actividad. Se ha calculado que por cada hectárea para cultivar coca se eliminan 4 de selva haciendo que 30% de la deforestación colombiana se deba a esta actividad ilícita. Adicionalmente, algunos de los lugares en los que se encuentran estas plantaciones, como las llanuras y bosques de la Orinoquía y la Amazonia, son de importancia mundial para regular el CO2, haciendo que el daño ambiental sea incalculable. Pero la calamidad ecológica no para aquí, la exposición del suelo a los químicos que se usan para adecuar al terreno puede retrasar por varios años la introducción de cultivos alternos, así como erosionarlo. Finalmente, en la etapa de procesamiento de la hoja de coca en laboratorios ilegales se generan residuos tóxicos que van a parar a ríos y vertientes contaminando los recursos hídricos del país.

Si bien el daño ambiental causado por el narcotráfico es claro, en el caso de las fumigaciones es difícil de evaluar por la ambigüedad de la información y de los estudios que existen sobre el tema. La versión oficial reitera que el glifosato es un herbicida usado comúnmente en la agricultura y que, por lo tanto, su uso en fumigaciones no tiene efectos severos sobre la población o la naturaleza. De igual modo, un estudio preparado para la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, acerca de las fumigaciones aéreas colombianas, llega a la conclusión de que el riesgo de este método de erradicación “se consideró despreciable” y que no produce contaminación en lagos, arroyos ni ríos aledaños.

Por otro lado, se llama la atención sobre el daño a los cultivos de otros productos causado por errores en la localización exacta de la fumigación. Los críticos apuntan a decir que: “la utilización de elementos químicos necesariamente genera daños en el entorno ambiental y puede afectar seriamente a la población que esté directamente vinculada a las fumigaciones”.

Salud Humana

Existe un gran número de denuncias de campesinos que habitan en el Putumayo y en regiones cercanas a la frontera con Ecuador, cuya salud se ha visto deteriorada por causa, dicen ellos, de las fumigaciones con glifosato. La veracidad de estas acusaciones no sólo podría estar respaldada por las evidencias físicas presentes en la población, sino por los estudios de expertos que afirman que la aparición de los síntomas coincide temporalmente con los momentos de fumigación y que, además, las apariciones de reacciones adversas en la salud de los campesinos disminuyen conforme estos habitan más lejos de los cultivos ilícitos que son rociados con el herbicida. Hay una gran variedad de trastornos de la salud que son adjudicados al glifosato. Dentro de estos se encuentran daños gastrointestinales, problemas respiratorios, afecciones al sistema nervioso,  cáncer, daños al sistema reproductivo y posibles mutaciones del ADN. Los síntomas más evidentes, y que se presentan con mayor frecuencia en los niños, son la irritación ocular y la aparición de llagas que invaden el cuerpo. La situación empeora cuando se tiene en cuenta que los campesinos pueden intoxicarse, no solo por la recepción directa del glifosato en el momento de una fumigación, sinotambién por la presencia de esta sustancia en animales y cultivos lícitos aledaños, de los que la población depende para su sustento y alimentación. Los expertos afirman también que el herbicida es capaz de afectar a todos los eslabones de la cadena alimenticia, aumentando así el espectro de terror y llegando finalmente incluso a humanos que viven lejos de la región de conflicto. Algunas acusaciones manifiestan que, aún cuando el gobierno ha sido informado de las consecuencias que este herbicida tiene sobre la salud, estos daños son considerados como un costo aceptable en la guerra contra el narcotráfico y su importancia se vuelve aún menor cuando el gobierno de los Estados Unidos presiona por resultados. Otro elemento a tener en cuenta es que la compañía americana Monsanto, productora del Roundup (mezcla de glifosato y cosmo flux) usado en las fumigaciones, ya ha recibido demandas por los efectos adversos que sus productos agropecuarios causan en la salud humana.

A estas denuncias el gobierno de Colombia responde con la presentación de rigurosos estudios científicos. Sorprendentemente, las conclusiones presentadas en estos estudios, realizados por expertos de diferentes países de Europa y América, describen una situación completamente opuesta. Luego de tener en cuenta múltiples maneras en que una persona puede entrar en contacto con el herbicida, afirman que en ninguno de esos casos se logran niveles suficientes de toxicidad en el cuerpo para generar una reacción adversa. Las investigaciones explican detalladamente cómo el glifosato no es absorbido por la piel, no permanece en el aire evitando así su inhalación y, aún cuando puede llegar a contaminar pequeñas porciones de agua, sus concentraciones en este caso son insignificantes e incapaces de generar daños a la salud. Si bien aceptan que el Roundup de Monsanto, que es el que efectivamente se usa en las fumigaciones, puede hacer más probable la exposición vía cadena alimenticia, sostienen que las toxinas que llegarían en este caso al cuerpo humano no son suficientes para afectarlo. De esta manera la probabilidad de la aparición de efectos oculares luego de las fumigaciones es prácticamente despreciable y se garantiza que no se causan irritaciones en la piel. Además, los estudios afirman que no hay evidencia de una relación directa entre el glifosato y el aumento en daños neurológicos, reproductivos y tampoco la aparición de células cancerígenas. Si esto es cierto, ¿qué causa entonces las afecciones que efectivamente padecen los habitantes de zonas cercanas a cultivos ilícitos? Según el informe, es muy probable que los campesinos que trabajan en el cultivo y procesamiento de la coca estén en contacto directo, debido a la ausencia de controles, con plaguicidas y sustancias tóxicas que sí pueden causar los síntomas denunciados. Sin embargo, debido a la clandestinidad de estos procesos ilícitos, esta teoría no ha sido comprobada con rigor.

Impacto Social

Desde que se dan las fumigaciones con glifosato, las comunidades de las zonas periféricas a los cultivos ilícitos se han visto ampliamente perturbadas, ya que su integridad de una u otra forma ha sido afectada. En consecuencia, muchos gruposdeben tomar el camino del desplazamiento forzoso. Para 1999, según Aura Puyana, autora del libro “Cultivos ilícitos, fumigación y desplazamiento en la Amazonía y la Orinoquía”, se estimó que entre 30 y 40 mil personas fueron desplazadas a causa de la erradicación de cultivos ilícitos. La Ley 387 de 1997 (Ley sobre la prevención del desplazamiento forzado), no contempla en ninguno de sus artículos a la erradicación de cultivos ilícitos, en cualquiera de sus formas, como una causa de desplazamiento, razón por la cual los datos de muchas fuentes no se encuentran actualizados. Según un boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, de 50 mil familias dedicadas a los cultivos ilícitos, 7.200 familias huyeron de las zonas por consecuencia de la fumigación y de los actores armados que convierten la población civil en objetivo militar, una cifra alarmante.

Igualmente según el Comité Interinstitucional sobre las Fumigaciones (CIF)  las comunidades perciben una debilidad institucional expresada en el poco compromiso del Estado para solucionar sus problemas, lo cual genera que las personas desconfíen de él. Ellos conocen que el Estado es quien fumiga, haciendo que no tengan posibilidad de ir a instancias oficiales a reclamar, que se sientan abandonados y que finalmente se genere una necesidad de irse de la zona.

El clima mayorista

Por: Laura Norato

El cambio climático ciertamente nos tiene preocupados a todos; con problemas como el deshielo de los polos, la lluvia ácida y las emisiones de carbono ponen en jaque a las políticas de desarrollo a nivel mundial. Pues bien, este problema, aunque es preocupante, no es precisamente la razón de intranquilidad de los campesinos del territorio nacional, quienes viven su propia tormenta al vender su producción a las centrales mayoristas del país. Con precios determinados por el temperamento de los intermediarios y comerciantes, tan impredecible como el fenómeno del niño, y la incapacidad del Estado para controlar los precios (cuya caída esperada desde el año pasado no se ha trasladado debidamente a los consumidores), hacen de las centrales de abastos focos de injusticia, que no solo nos arrojan una breve perspectiva sobre lo que sufren día a día los pequeños y medianos productores de bienes agrícolas, sino que son una perfecta explicación de las distorsiones de mercado que ocurren en las centrales de abastos.

Mientras la ciudad duerme a la 1 de la mañana, el movimiento de las centrales de abastos de todo el país está en completo funcionamiento. Es la hora de trabajo más propicia, en la que el comercio agrícola, que abastecerá desde supermercados hasta pequeñas tiendas de barrio, puede trabajar sin interrupción. Los campesinos llegan a la central mayorista más grande de la capital, Corabastos, para vender su producción a los comerciantes de esta gran plaza de mercado, quienes a su vez, compran esta producción para ponerla a disposición de hipermercados y pequeños vendedores de la ciudad y zonas aledaños. Son cerca de 6.500 comerciantes los que intervienen en estos circuitos comerciales. Es un gran espectáculo de abundancia y sincronización cuyo resultado sólo se apreciará después de las 10 de la mañana cuando cada uno de los 10 millones de consumidores a quienes la cobertura alcanza, acuda a los supermercados y adquiera todos los productos.

Sin embargo, lejos de ser un perfecto ejemplo del funcionamiento de las fuerzas de mercado, en donde la oferta y la demanda se encuentran para concordar un precio y una cantidad que refleje las necesidades de los consumidores y productores, la situación es más preocupante de lo que parece.

Especulación y determinación de precios: distorsiones de mercado

Después de los episodios del año pasado, cuando en Septiembre se pronosticó una disminución de los precios de los bienes agrícolas como consecuencia de la crisis económica y de las altas tasas de desempleo en todo el territorio, los consumidores esperaban ser los ganadores de la jornada al ver más holgados sus bolsillos. Sin embargo, tales disminuciones no llegaron como se esperaban; al parecer las grandes superficies (hipermercados) y los intermediarios (molinos y pasteurizadores) sólo trasladaron al consumidor un 17.3% de la caída en los precios, comparado con bajas de hasta 50% de los precios afrontados por los agricultores. Era el momento para preguntarse porqué se permitían situaciones en las que los agricultores pagaran el precio de una baja demanda de alimentos, mientras las grandes superficies se quedaban con toda la tajada del ponqué que dejó la breve coyuntura.

Con esta advertencia inició el primer semestre de 2010,  y aún con una serie de medidas reguladoras de los molinos para cereales en el país, siguen presentándose diversas denuncias de campesinos que alegan ser víctimas de los comerciantes y los intermediarios, quienes, en el mercado de bienes perecederos,  optan por decidir los precios a su antojo. La jornada se convierte entonces en un suplicio, que queda a merced de la especulación generada por la actividad irregular de los comerciantes y mayoristas. Especulación que deja como único resultado pagos irrisorios a los campesinos por parte de los comerciantes con alto poder de compra de todas las cosechas a lo largo del territorio nacional.

Tanto Luis Hernando Ríos de la oficina de prensa de Corabastos, como el presidente de Fenalco, consideran que los comerciantes no tienen la culpa de estas distorsiones. La explicación está en los inventarios acumulados con anterioridad a más altos precios, que no permiten un reflejo más preciso de su fluctuación. De otro lado, Corabastos explica que las distorsiones son meramente mediáticas y que son los periodistas quienes alarman más de lo debido al consumidor sobre los precios de los alimentos. Sin embargo, esta justificación es bastante cuestionable, pues para que tal fenómeno fuera cierto, habría que tenerse inventario de todos los productos, situación que en ningún mercado se presenta.

Factores preocupantes

Es realmente un ambiente no apto para menores, pero para menores productores, quienes al no tener un alto poder de mercado caen en un círculo vicioso, que no está regulado y del que es difícil salir victorioso. En todo caso, y sin ánimo de demeritar la pesca indiscriminada de tiburones y el salvamento de las islas Malpelo, el gobierno de Colombia tiene muchos más problemas que resolver antes y entre ellos, en primer lugar, se encuentra contrarrestar su evidente incapacidad para controlar el poder de los monopolios y los intermediarios, que impiden el normal funcionamiento del mercado de bienes agrícolas y su desarrollo, al controlar de manera tan flagrante los precios.

Fruto de nuestras excelentes relaciones con el país vecino durante todo el 2009 y el primer semestre de 2010, la determinación de precios es aun más adversa. Desde el momento en que se cortaron todo tipo relaciones diplomáticas y comerciales con la República de Venezuela, los más afectados han sido, no sólo los comerciantes de artículos manufacturados presentes en la frontera, sino los productores de regiones cercanas que abastecen esta misma área. Y, dado que ni Corabastos, ni ninguna central mayorista del país, tiene la suficiente infraestructura de almacenamiento a largo plazo, cerca del 91% de la producción de esa región a mediados de Julio del presente año, se ha perdido, conllevando a grandes menoscabos del sector agrícola de Santander y Boyacá, departamentos que surten la región fronteriza con el vecino país. Aún hoy, después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, sigue resentido este sector.

Lo que es claro, es que el campesino no es quien tiene la sartén por el mango. Tanto el ministerio de agricultura, como las diversas asociaciones de mayoristas del país, a quienes se suma la creciente demanda de tratados de libre comercio, recomiendan la importancia de fomentar las asociaciones gremiales y de campesinos. Esto quizás, sería la única arma de estos últimos para contrarrestar el poder de los mayoristas, comerciantes y de grandes superficies (más aún cuando se aprecia que el 46% de la comercialización de alimentos en el país se hace a través de estos grandes medios comerciales); Además de ser una herramienta útil para lograr estándares de calidad mínimos que no son el común de los productos agrícolas en el país. Definitivamente llueve este añopara los agricultores del país.

Bibliografía

http://www.ellibrepensador.com/2010/04/09/en-el-primer-trimestre-de-2010-los-precios-de-los-alimentos-bajaron-un-65-respecto-al-mismo-periodo-del-ano-anterior

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3652212

Beber o no beber, esa es la cuestión. El dilema de los recursos hídricos en Colombia

Por: Laura Aristizabal & Jairo Alberto Espejo

El agua: Llena océanos y mares, anega nuestros ríos y ciénagas, nutre nuestra tierra virgen, llena los surcos dando vida, y aún así, ignorantes que somos, desconocemos su inherente importancia. Colombia se baña cada año en2,112 km3 de agua lo que nos convierte en una potencia hídrica a nivelmundial. Empero, al ser un país con abundantes riquezas acuíferas y con un gran potencial hídrico, nos encontramos ante un panorama lleno de incertidumbres; ¿Qué uso podemos dar a nuestros prolíficos recursos hídricos? ¿Qué valor le otorgamos al agua los colombianos? Estas son sólo algunas de los interrogantes que debemos contestar ante la inminente competencia que seavecina por el agua.

Como se puede elucidar del Mapa No.1 (El tamaño de cada uno de los países corresponde a su oferta de recursos hídricos), Colombia posee una significante ventaja comparativa frente a otras naciones en materia hídrica. Dicha ventaja puede ser atribuida al acceso a dos océanos (Atlántico y Pacífico), más de 30 ríos de caudal grande como el Magdalena y el Cauca, alrededor de 755,000 micro-cuencas conformadas por aguas de escorrentía de ríos y quebradas por las que corren 67,000 m3 de agua por segundo, además de lagunas y aguas subterráneas. Sin embargo, demostramos desconocer la realidad hídrica que está protagonizando el país, dilapidando así nuestros recursos naturales. Ello puede verse a partir del Mapa No.2, el cual ilustra la producción de energía hidroeléctrica a nivel mundial; Colombia se encuentra atrasada en la explotación de sus recursos hídricos frente a países que poseen menores reservas de agua como la Unión Europea. El agua provee unos ingresos potencialespara Colombia dado que la energía hidroeléctrica es una fuente renovable y sostenible, convirtiéndose así en una alternativa viable para resolver el problema de escasez que se avecina con el futuro agotamiento de combustibles fósiles tales como el petróleo y el carbón. Aprovechando la ventaja comparativa que posee Colombia en la generación de energía hidroeléctrica, podremos explotar nuestras reservas acuíferas de manera eficiente y productiva, produciendo energía para exportación en el largo plazo. Este es un proyecto que puede llevarse a cabo mediante la adecuación de plantas hidroeléctricas tanto en las costas cómo en los cauces de los grandes Ríos como el Magdalena,  permitiéndonos explotar nuestros recursos hídricos de dos maneras:

1. La Energía hidroeléctrica, un bien de exportación: Por medio de la adecuación de cables y torres eléctricas, Colombia podrá suplir la demanda de energía transfiriendo la electricidad generada a los países importadores. Este modelo de exportación energética se empleaba anteriormente con Venezuela, sin embargo podría ser difundido a otros países Latinoamericanos cuya cercana localización permita la transferencia de energía de Colombia al país importador.

2. La energía hidroeléctrica para añadir valor a materias primas y bienes de exportación: Este proceso implica el uso de la energía hidroeléctrica como parte del proceso de producción de otros bienes, generando un valor agregado al bien de exportación. Podríanmontar plantas de electrólisis [1] para el procesamiento de minerales u otros productos de exportación intensivos en energía. Un ejemplo de esto es la futura construcción de la hidroeléctrica ltuango Pescadero, con la cual se podrán procesar los grandes yacimientos de sulfato cúprico que se encuentran y producir así cobre puro para exportación con valor agregado.

 Mapa 1: recursos hídricos mundiales

Mapa 1: recursos hídricos mundiales

 Mapa 2: industria hidroeléctrica en el mundo

Mapa 2: industria hidroeléctrica en el mundo

Una alternativa viable podría ser la importación de minerales, los cuales serían procesados por medio de la energía generada por hidroeléctricas y reexportarlos al exterior como metales con valor agregado. Un ejemplo que nos permite ilustrar lo anterior es  la producción de aluminio extraído de la bauxita. El aluminio es un material de gran valor económico ya que es una materia prima industrial de gran demanda debido a su fácil empleo y manipulación. Dado que Colombia no es un gran productor de bauxita, podría recurrir a la importación de ésta de Guyana, para así procesarla a través de la electrólisis y producir aluminio puro con valor agregado, apto para exportación. De esta manera, la economía colombiana mejoraría el aprovechamiento de nuestros recursos hidrológicos.

Desafortunadamente, la exorbitante oferta hídrica del país ha conllevado al despilfarro del agua y a carecer por completo de una disciplina en el manejo de nuestros recursos hidrológicos. Por lo tanto, es de vital importancia implementar políticas que impacten social y económicamente el valor del agua, para demostrarles así los consumidores que la sensación de que el agua se está acabando es real. Para el gobierno entrante  es más que una obligación elaborar una política del agua porque solo así podrá lograr que los recursos hídricos en Colombia no sean un motor de desigualdad, conflicto y pobreza; sino que al contrario sean un factor determinante para el desarrollo económico del país. Por lo tanto  el Estado debe comprometerse con el futuro hídrico del país ya que de otra manera el destino de los beneficios provenientes del agua se esfumaran como muchos otros lo han hecho y no habrá forma alguna de devolver aquello que por la ignorancia se habrá perdido.

Sin embargo durante los últimos años el país ha mostrado algunos avances hacia la gobernabilidad del agua, la preservación de sus ecosistemas y el cuidado de la biodiversidad mediante foros organizados por gremios interesados, el Estado, organizaciones internacionales y los mismos ciudadanos. Aunque estamos lejos de tener una conciencia social hacia el agua, se están realizando eventos que muestran la posibilidad de que algún día el país aproveche su riqueza hídrica. Por esto en los últimos meses se realizo el foro nacional “se agota el agua” donde se tuvo la oportunidad de reflexionar acerca del tema y escuchar experiencias internacionales, principalmente de Holanda, un país que ha podido implementar una política exitosa del agua gracias al reconocimiento del valor económico del agua y de la creación de conciencia social sobre lo que significa el recurso hídrico. Además se expusieron diferentes puntos de vistas sobre lo que Colombia debería hacer en materia de exenciones e incentivos para conservar las riquezas hídricas.

En principio el consultor de la Comunidad Andina de Naciones, Ernesto Guhl, advirtió sobre la importancia de regular la actividad minera ya que existen proyectos que afectan negativamente los recursos hídricos. Por lo anterior, Colombia enfrenta un gran desafío  para encontrar el equilibrio en la obtención de ganancias del llamado boom minero y el cuidado y conservación del medio ambiente, donde para esto deberá crear leyes claras que ayuden a  que la mayoría del dinero que se obtenga de la explotación del sector minero  se reinvierta en la protección del ecosistema, la construcción de plantas de tratamiento y purificación del agua, y principalmente en la creación de redes de distribución hacia los más pobres.

De igual forma los presidentes de los diferentes gremios como el SAC (Sociedad de agricultores colombianos) ANDESCO (Gremio que agrupa las empresas de servicios públicos) y ACOLGEN (Gremio generador de energía) manifestaron sus preocupaciones sobre el agua. Los agricultores según SAC representan el 54 por ciento de la demanda del agua, lo que significa que si se hace una política económica de impacto real sobre el agua el precio de los alimentos reduciría significativamente. Esto sucedería si se presentaran alguna de las siguientes situaciones: En primer lugar si la sociedad en general tomara una conciencia  del agua y de su importante valor social, y en segundo lugar si se aplicara un sistema de multas y sanciones para aquellos que no usan el agua racionalmente. Así se podría lograr que el consumo del agua fuera mucho más económico y los procesos productivos dependientes de este recurso fueran más rentables.  De igual forma el gremio presento trabajos que se han ido adelantando en los cultivos de flores, banano y arroz que han logrado disminuir la demanda de agua donde alternativamente han utilizado las aguas lluvias como materia prima.

Por su parte, ANDESCO mostro su preocupación de que solo el 43 por ciento de los páramos cuenten con planes de manejo ambiental y que el resto se haya dejado en manos del comercio ilegal impactando en el aumento del precio del agua al no tener que responder a ningún control estatal. Finalmente María Zulema Vélez, presidenta de ACOLGEN señalo la importancia del agua en la generación de energía eléctrica y subrayo que los ambientalistas deben trabajar de la mano de los economistas ya que cada uno debe aprender del otro para poder generar proyectos de impacto real.

Podemos entonces concluir sobre el hecho que el agua es un recurso estratégico, el cual ha sido desaprovechado y despilfarrado a través de los años. Es vital generar una disciplina en el manejo del recurso hídrico que nos permita explotarle de manera eficiente y reconocer el verdadero valor que acarrea. Por ello se deben diseñarse políticas que incentiven el buen uso y cuidado de los recursos acuíferos de Colombia. Así pues, la construcción de hidroeléctricas y plantas de electrólisis viabilizan la posibilidad de explotar nuestros recursos hídricos de manera eficiente y productiva, ofreciéndole a Colombia la oportunidad de especializarse en aquello en lo que posee ventaja comparativa. Dicho esto, no sólo nos concientizaremos de la verdadera abundancia hídrica que vive el país en la actualidad, sino también tomaremos provecho de ello, beneficiando a nuestra economía. Debemos reconocer el verdadero valor que poseen nuestros yacimientos de agua para así diseñar políticas que nos permitan garantizar su efectiva renovación.  Asimismo, vía disminución de impuestos o aumento de subsidios, el Estado debe crear estímulos para asegurar la conservación y restauración de los ecosistemas hídricos, garantizando así la protección de los recursos hidrológicos del país.  Cada vez que bebemos un vaso de agua, tomamos un baño, chapuceamos en una piscina, o simplemente disfrutamos el apacible sonido de un arroyo, tiene un valor intrínseco que debemos comenzar a reconocer.

Nota al pie

Electrólisis: Método electroquímico mediante el cual se emplea energía eléctrica para extraer y purificar industrialmente metales y materias a partir de minerales y compuestos que se encuentran en la naturaleza.

Bibliografía

SASI GROUP (UNIVERSITY OF SHEFFIELD) Y MARK NEWMAN (UNIVERSITY OF MICHIGAN). WorldMapper: The worlds as you’ve never seen it before. [base de datos en línea]. (2008). [Consultado el 4 mayo. 2009]. Disponible aquí.

Viacrusis arrocero

Por: Laura Norato

Los héroes en Colombia sí existen, y con esto no se hace referencia a los miembros de la Fuerza Pública, que ciertamente lograron una proeza el pasado fin de año al obtener el menor índice de accidentes y muertes por las épocas navideñas. Me refiero a todos los valientes campesinos y productores de arroz que el pasado año se le midieron al negocio de la agricultura.

La inestabilidad de precios, la desigualdad en el mercado de intermediarios y los graves problemas de contrabando fueron parte de la cotidianidad vivida durante el 2009 por un agricultor promedio de arroz, que más que una rutina agrícola puede ser catalogada como una odisea rural.

El 2009 terminó con una de las recolecciones de cosecha de arroz más grandes que ha visto Colombia en su historia. Según el Censo del Área Arrocera, para el primer semestre de este año el área total sembrada fue de 180.917 hectáreas, que en comparación con las 140.055 del primer semestre de 2008, representa un favorable incremento del 29%. Esta expansión de la frontera agrícola representa una de las manifestaciones más claras de los efectos de las políticas de Seguridad Democrática promovidas principalmente por el gobierno del presidente Uribe. Sin embargo, lejos de parecer una buena noticia, el panorama no es nada prometedor; la gran afección de los precios de este cereal, unido a los graves problemas de contrabando y los insuficientes acuerdos de almacenamiento con los molinos hacen de esta situación no un orgullo para el sector agropecuario en el tema de los cereales, sino muy por el contrario una clara muestra de la inestabilidad del mercado arrocero.

Lejos del equilibrio: remoto encuentro entre la oferta y la demanda

El aumento desmesurado de los precios del crudo, que para Julio de 2008 alcanzaron valores extremos de 140 dólares el barril, conllevó a un crecimiento de la demanda de productos agropecuarios para producción de biocombustibles, respondiendo a la necesidad del etanol como sustituto del petróleo. Esta demanda adicional por los frutos de la agricultura para finalidades diferentes al consumo humano, aumentaron drásticamente los precios de ciertos alimentos, como también el área sembrada de diferentes cereales incluido el arroz. La diferencia existente entre la oferta y la demanda de arroz hacía evidente, en primer lugar, la insuficiencia para satisfacer la demanda interna y, de otro, la necesidad de replantear las políticas que definieran la frontera de producción.

El boom de los biocombustibles, el crecimiento sostenido en la demanda de bienes agrícolas y el aumento en las expectativas de la producción arrocera en el 2008, hizo indiscutible el desbalance que se mostraba en la diferencia entre la oferta y la desajustada demanda. Ninguna señal como ésta indicaría mejor el momento para producir.

Pero como lo indica el adagio popular, “después de las vacas gordas vienes las flacas”. Siguiendo la sensación de bienestar y abundancia que había dejado el 2008, por un incentivado aumento de la frontera agraria para suplir la demanda interna, se acrecentó el número de productores de este cereal y rápidamente cayeron los precios que tan preocupantemente habían subido. Lo que finalmente terminó sucediendo fue un duro golpe a los arroceros, el precio del arroz registró una caída de 160 mil carga a 100 mil pesos en menos de un año y con una clara tendencia a la baja. Inexplicablemente el precio al consumidor está subiendo [1].

Con la mira en los molinos: una mirada al problema del contrabando

A pesar de la existencia del Plan de Seguridad Integral de Fronteras (PSIF), contenido dentro de la política de Seguridad Democrática, que busca consolidar la presencia integral de Estado en los territorios fronterizos, no se impidió la entrada de 24 mil toneladas de arroz no registradas a lo largo del 2009. Situación promovida por algunos de los molinos más importantes del país, obligando a la baja de los precios del arroz, deteriorando el aparato productivo de este importante cereal y desincentivando a los pequeños productores.

El principal objetivo del PSIF es lograr un acercamiento con los gobiernos de los países vecinos para evitar “el abuso de los territorios fronterizos por parte de las organizaciones terroristas y de narcotráfico” [2]. Sin embargo, dada la “entrañable” relación que venimos tejiendo con los países de Venezuela y Ecuador, no hay duda alguna del porqué la seguridad aduanera deja tanto que desear.

En el pasado XXXII Congreso Nacional de Arroceros, el presidente Uribe, frente a las delicadas afirmaciones en las que se involucran molinos de Cúcuta y Maicao en el contrabando de arroz de Venezuela arremetió directamente con los molinos que promueven la entrada ilegal de arroz al mercado nacional. Es clara la preocupación tanto de los productores internos como de los consumidores, según la Revista Dinero [3] numerosos mercados de la Costa Caribe se encuentran inundados de arroz producido en países vecinos no exactamente por aval del gobierno.

Pero esto no es todo, el problema con los molineros en temas de almacenamiento es mucho más profundo. En los últimos años los molinos, como intermediarios entre los productores y la industria procesadora de arroz, han acumulado un gran margen de discrecionalidad al controlar los precios de entrega del arroz; por lo cual los agricultores y productores primarios no tienen otra alternativa que sujetarse al nivel que establecen los molinos, niveles desproporcionados que con los años han minimizado las oportunidades de ganancia para el pequeño productor, pero si corrobora al abusivo enriquecimiento de los molineros. Por esta razón el Gobierno ha buscado rápidos acercamientos con los industriales y los molinos para estabilizar el nivel de precios de compra, acordando precios mínimos de la carga de arroz buscando así una situación más favorable para los productores, quienes al ser poseedores de un bien perecedero aceptan semestre a semestre la imposición de precios por parte de los molinos.

A pesar del Incentivo al Almacenamiento que fue entregado a los industriales, que incluso frente a las fuertes restricciones fiscales, en el [4] 2009 fue de 35 mil millones de pesos, estos no respetaron los precios pactados entre los productores y el Gobierno Nacional; esto se evidenció en el cierre y balance del primer semestre del 2009; según la bolsa nacional agropecuaria para finales de julio se llegó a pagar aproximadamente 97 mil pesos la carga, valores alarmantes dentro del sector.

Medidas de rescate

Así las cosas, y como el mismo presidente de la República lo ha recalcado, las mayores distorsiones del mercado en Colombia, son en primer lugar, producto de ingreso ilegal de arroz procedente de Ecuador y Venezuela; países que “[5] con o sin acuerdos oficiales de comercio, siguen enviando arroz, perjudicando la estructura de precios nacionales en contra, principalmente, del productor”; Y en segundo lugar, la intervención de los molinos en la estabilidad y favorabilidad de los productores, da la pauta para que una, más que justificada, intervención estatal busque conciliar las inequidades en el mercado de este destacado producto agrícola en Colombia y logre balancear las diferencias entre la oferta y demanda.

Pues bien, este viacrucis arrocero tiene en vilo al gremio y en jaque al ministerio de agricultura, de quien de la mano con la Federación Nacional de Arroceros, se espera que para este año tengan una intervención beneficiaria más activa, evitando el suplicio que sufren año a año los agricultores del país, más aún cuando el tema del cambio climático ya está afectando los pronósticos del precios para este año, no se hace esperar y amenaza inminentemente el bienestar de los agricultores quienes se están preparando para sembrar e iniciar el calendario productivo del 2010.

Bibliografía

  1. Revista Fedearroz http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz481.pdf
  2. Política de Defensa y Seguridad Democrática – Presidencia de la República · Ministerio de Defensa Nacional. – http://www.mindefensa.gov.co/dayTemplates/images/seguridad_democratica.pdf
  3. Revista Dinero. http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/agronegocios/ordenan-mayores-controles-para-enfrentar-contrabando-arroz_66491.aspx
  4. Revista Dinero. – http://www.dinero.com/noticias/gobierno-revisara-incentivo-almacenamiento-arroz_66483.aspx
  5. Página Fedearroz Alistan plan de choque para enfrentar contrabando arrocero http://www.fedearroz.com.co/index.php