Economía de Alto Impacto: Zonas de Alto Impacto y planeación urbana

Por: Lina Rios Ortíz [1]

Muchas veces cuando nos preguntamos sobre la planeación urbana de la ciudad convergemos en la discusión de los mismos temas. La política en materia urbana se ha delimitado a lo largo de la historia, aunque los temas desarrollados en el “Plan de Ordenamiento Territorial” siguen siendo los mismos, cada vez con menos conocimiento de la ciudadanía. Hablar del metro, la infraestructura pública y la movilidad es sin duda relevante. No obstante, este artículo busca dejar a un lado lo que tanto se ha discutido, para así exponer una problemática que también resulta de gran importancia, pero de la cual pocos conocen. En las últimas décadas, se ha planteado el gran interrogante de si las zonas en donde se prestan servicios de alto impacto deben concentrarse o si por el contrario deben expandirse. Por esto, resulta pertinente desarrollar este componente de la ciudad y abordar diferentes puntos desde los cuales se debe analizar la política urbana en relación a los servicios de alto impacto. No se busca dar respuestas absolutas frente a las prácticas que se deben seguir, sin embargo, sí se busca dar un marco general y plantear algunas recomendaciones teniendo en cuenta lo encontrado.

 Conforme al decreto 4002 de 2004, los servicios de alto impacto son catalogados como “aquellos que comprenden cualquier clase de actividad de explotación o comercio del sexo, realizados en casas de lenocinio, prostíbulos o establecimientos similares”. En Bogotá se cuenta actualmente con seis zonas en donde se prestan servicios de alto impacto: Álamos, Corabastos, Bosa Central, la Sabana, Venecia y Alcázares, de las cuales solo se encuentra reglamentada la Sabana por el decreto 187 de 2002 (Coloquio INJAVIU, 2008). Adicionalmente, las zonas de servicios de alto impacto están incluidas en el “Plan de Ordenamiento Territorial” en las áreas de actividad comercial y de servicios. Ahora bien, el análisis propuesto anteriormente debe realizarse desde tres perspectivas fundamentales; (1) la perspectiva económica-espacial, en la cual se estudia la importancia de la zonificación y la justificación de la planeación física; (2) la perspectiva referente a la calidad de vida de la población (la población que vive próxima a estas zonas), pues esto va conforme a los objetivos de la planeación urbana y; (3) la perspectiva legal, que resulta significativa junto con el estudio económico, ya que ambas instancias determinan las relaciones que se llevan a cabo dentro de la ciudad.

 Inicialmente, se evalúa la relación entre las zonas de alto impacto y la planeación urbana desde una perspectiva económica-espacial. Para ello, y de acuerdo con lo expuesto por Ligia González (Directora de desarrollo urbano de SEDESOL, México) en su artículo “Planeación urbana. Planeación económica-espacial”, esta perspectiva parte de un enfoque funcionalista, en el cual la zonificación resulta necesaria para la planeación urbana. Así las cosas, las ciudades deben estar diseñadas conforme a las relaciones que se llevan a cabo en el mercado. Es decir, se debe buscar que la planeación establezca zonas de acuerdo a los usos del suelo, para que posteriormente interconecte las diferentes zonas y así los ciudadanos tengan acceso a los múltiples servicios. La zonificación en la ciudad es un proceso que se debe realizar de forma equitativa, ya que la concentración de las zonas genera un desequilibrio regional. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe preguntarse: ¿son las zonas de alto impacto un servicio que deba estar próximo a quienes lo consumen? o ¿afecta la distancia a la que se encuentren estos servicios el bienestar de sus consumidores? Adicionalmente, con respecto a esta perspectiva Ligia González asegura que existe una justificación económica de la planeación urbana, la cual debe ser llevada a cabo por el Estado. Esta está justificada, ya que tiene un componente restrictivo que previene las externalidades negativas y un componente positivo, el cual produce bienes con externalidades positivas (González, 1992). Este punto nos lleva al análisis de la segunda perspectiva, en la cual se exponen las externalidades negativas que ocasionan las zonas de servicios de alto impacto a la población que vive cerca de estas.

Desde la perspectiva de la calidad de vida de la población, se busca exponer el impacto de la proximidad de estas zonas a las áreas residenciales o de otros usos. Es importante mencionar que el marco legal colombiano establece que estas no deben ubicarse en zonas residenciales o en áreas de colegios y universidades. Sin embargo, pasa lo que en muchos ámbitos ocurre en el país; la teoría es un buen punto de partida para un deber ser, mas no resulta exponer el ser de la realidad colombiana. Así las cosas, retomando el propósito principal “debe contemplarse lo que se entiende por calidad de vida, en cuanto a que esa parece ser el fin último de los procesos de planeación”(García, 2014). En cuanto a la relación de la calidad de vida de la población y los impactos de la proximidad de la población a las zonas de alto impacto, se han encontrado lo siguiente. Las zonas de servicios de alto impacto ocasionan: presencia de basuras, uso inadecuado de las fachadas, exhibicionismo en el espacio público y prestación de servicios sexuales en viviendas (Coloquio INJAVIU, 2008). Adicionalmente, según la exconcejal Diana Alejandra Rodríguez, estas también generan desplazamiento interno de la ciudad, consumo de drogas y alcohol y el detrimento patrimonial. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia el impacto de estas zonas en la calidad de vida de la población. Al recordar los componentes de la planeación ya enunciados se confirma que estas zonas presentan externalidades negativas, razón por la cual la planeación urbana debe ser una solución a estas.

Para concluir el análisis se da paso a la evaluación del marco legal existente frente a las zonas de alto impacto en materia de planeación urbana. Dentro de la normativa relevante para el estudio se debe exponer el decreto 469 de 2003, compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004 “Plan de Ordenamiento Territorial”, el cual incluye a las zonas de alto impacto dentro las zonas de comercio y de servicios. Asimismo, se expone que estas deben estar en las zonas reglamentadas y que deben incluir medidas especiales para la mitigación de los impactos negativos que ocasionan. De las seis zonas ya mencionadas, únicamente se encuentra reglamentada la zona de la Sabana bajo el decreto 187 de 2002. No obstante, al revisar este decreto se encuentran múltiples falencias y se evidencia que más allá de regular la zona y establecer medidas de convivencia y de mitigación de los impactos ya expuestos, tiene lugar una normativa de los parámetros de expansión. De esta forma, es indiscutible que la reglamentación existente es limitada, pues no mitiga las externalidades generadas por estas zonas. Así las cosas, el marco legal no representa una ayuda significativa para la planeación urbana. Adicionalmente, resulta inoperante contar con una reglamentación frente a algunas pautas de comportamiento al parecer indebidas, pero sin administración de consecuencias, lo cual es de vital importancia para que se lleve a cabo un acatamiento de las normas.

De esta forma, se concluye la exposición de las diferentes perspectivas que se deben tener en cuenta para la planeación urbana de las zonas que prestan servicios de alto impacto. Como bien se mencionó, no se busca dar un modelo a seguir, pero el marco general expuesto permite tener en cuenta puntos importantes a la hora de plantear una política urbana, como lo es la generación de planes parciales de renovación urbana desarrollados por la Mesa Interinstitucional. Aunque en algunos puntos no primó la imparcialidad, es necesario que se tenga en cuenta: la zonificación y la proximidad de los servicios necesarios, la prevención de las externalidades negativas para la calidad de vida de la población y la búsqueda de un marco legal amplio que permita desarrollar la política pública. Ahora bien, después de desarrollar el marco general es importante realizar algunas recomendaciones, ya que pronto se empezará la etapa de planeación del “Plan de ordenamiento Territorial” para la ciudad. Las recomendaciones en materia de planeación urbana son las siguientes: (1) Formular los planes parciales de Renovación Urbana conforme a las condiciones existentes y buscar que estos satisfagan los postulados encontrados en la planeación económica-espacial del territorio; (2) Generar mesas de conversación no solo con los ciudadanos afectados, sino también con los dueños de los diferentes establecimientos en donde se prestan los servicios sexuales, para que así las organizaciones destinadas se encarguen de establecer políticas en las cuales se dé un consenso de los intereses; (3) Reglamentar las otras cinco zonas de servicios de Alto impacto y replantear el marco legal existente para la UPZ de la Sabana, de tal forma que el marco legal establezca medidas a través de las cuales se prevengan los impactos negativos y se dé una sanción en caso de incumplimiento y; (4) Llevar a cabo estrategias y planes de monitoreo en donde se vigile el cumplimiento de las normas y los efectos de la política urbana.

 

Bibliografía

A. (s.f.). Consulta la Norma. Recuperado el 10 de febrero de 2016, de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9035

Coloquio INJAVIU. (2008). Lecturas sobre la ciudad: Aportes desde la investigación a la solución de sus problemas [Brochure].

García, D. (2014). "La incidencia de la Renovación urbana en el derecho a la ciudad: E caso de la manzana cinco del barrios Las Aguas en Bogotá" Universidad de los Andes.

González, L. (1992). Planeación urbana. Planeación económica-espacial. Revista De Administración Pública, 99-108.

L. (10 de abril de 2012). El "mico" de las zonas residenciales. Semana.

[1]Estudiante de segundo semestre de Economía de la Universidad de Los Andes.

Correo: lt.rios@uniandes.edu.co